Ley Heroica

La ley heroica de 1928

A propósito del estatuto de seguridad de 1978

El gobierno de Miguel Abadía Méndez estuvo rodeado por múltiples dificultades desde su comienzo, en agosto de 1926. Los altos ingresos de divisas causados por la expansión de las exportaciones cafeteras, el pago de la indemnización de Panamá y la profusión de créditos internacionales permitieron la realización de un ambicioso programa de desarrollo económico durante el anterior gobierno.

Pero el ambiente de bonanza que vivía el país era contrarrestado por el alza acelerada del costo de la vida, provocada por la expansión monetaria generada por el ingreso de moneda extranjera y por severos problemas de abastecimiento agrícola. En efecto, los propietarios rurales habían tropezado con una situación de escasez de mano de obra, ante la migración de trabajadores rurales hacia las zonas urbanas, y con un aumento en las reivindicaciones de aparceros y jornaleros. Un ambiente de agitación social fue ganando vigor, y se expresó en la creación del Partido Socialista Revolucionario en 1926 y en una ola de huelgas que conmovió la tradicional tranquilidad laboral del país. En 1927, por ejemplo, tuvo lugar la huelga de la Tropical Oil Company, reprimida con dureza por el gobierno; poco después se declaró el paro de los trabajadores de teléfonos de Bogotá, en junio de este mismo año, y en julio los obreros de Bavaria abandonaron el trabajo; a finales de año los braceros de Puerto Colombia cesaron sus labores.

Entre tanto, el PSR parecía captar la imaginación de amplios grupos obreros y de clase media, como lo mostró la exitosa gira que a fines de 1927 hizo María Cano por las principales ciudades del país.

El gobierno, por su parte, enfrentaba una compleja situación fiscal y política. Para 1928, el flujo del capital norteamericano se había debilitado mucho y se preveía un elevado déficit presupuestal. El partido liberal había iniciado una fuerte campaña contra la política económica oficial, de la cual fue vocero principal Alfonso López Pumarejo, quien desde el año anterior había comenzado a atacar la política de endeudamiento internacional del gobierno. El partido conservador, por su parte, se encontraba desunido, y una prematura campaña para la selección del candidato a suceder a Abadía Méndez acentuaba las tendencias a la división.

En esta situación, el gobierno trató de responder a la agitación obrera y de izquierda utilizando fórmulas represivas. Haciendo uso del llamado decreto de Alta Policía, aprobado en abril de 1927 hizo detener a casi todos los delegados a la Convención Nacional del PSR que tuvo lugar en septiembre de ese ,año; los partidarios de este grupo eran hostilizados y apresados con frecuencia por las autoridades. No sólo el gobierno consideraba nociva la agitación izquierdista, hl 19 de marzo de 1928 "El Tiempo" afirmo en su editorial lo siguiente; "Es unánime la censura contra la debilidad del Gobierno que ha permitido las constantes agitaciones socialistas y las prédicas sobre eliminación de los burgueses y capitalistas, especialmente contra aquellos señalados como enemigos de las llamadas reivindicaciones obreras". Otros grupos liberales, sin embargo, estaban lejos de apoyar esta posición. El mismo periódico publicó el 26 de abril las declaraciones de Alfonso López Pumarejo., en las que afirmaba que "en ocasiones muy adversas, luchando contra todo género de resistencias, Uribe Márquez, Torres Giraldo, María Cano, adelantan la organización de un nuevo partido político que lleva trazas de poner en jaque al régimen conservador; y no es el menor de sus derechos a la simpatía de los espíritus sinceramente democráticos el estar sirviendo en esta hora de confusión y cobardía de exponente del descontento general con la incapacidad administrativa de los encargados de la cosa pública".

Pero el gobierno, que se sentía amenazado, decidió promover medidas más vigorosas y en mayo solicitó al Congreso facultades extraordinarias para modificar el régimen de sanciones penales aplicables a quienes atentaron contra las disposiciones que garantizaban "el régimen de propiedad" y el "orden social". El Senado inició entonces la discusión de un proyecto presentado por Luis Ignacio Andrade, Carlos Jaramillo Isaza y otros senadores conservadores, el cual tropezó inmediatamente con la oposición unánime del grupo parlamentario liberal. La comisión encargada de estudiar el proyecto presentó dos informes. En el de la mayoría, los conservadores decían que "ante la creciente ola de socialismo revolucionario", "no podía discutirse la necesidad de sujetar a la sanción policiva actos como la propaganda contra cualquiera de los fundamentos de la idea de patria, el desconocimiento del principio de autoridad" y en general "los actos que tienden a extinguir o desconocer el sagrado derecho de patria, la legitimidad del derecho de propiedad, la institución de la familia y, en fin aquellos que se encaminen a alterar el orden constitucional o a perturbar el orden público". Pero los mismos conservadores consideraban preferible que, puesto que se trataba de modificar normas penales, fuera el Congreso mismo el que asumiera esta tarea. Para ello presentaban un nuevo proyecto de ley, cuya elaboración fue atribuida al ministro de Guerra, Ignacio Rengifo, quien fue uno de sus más vigorosos defensores en los subsiguientes debates parlamentarios. Entre otras cosas, el proyecto prohibía las organizaciones que atacaran o desconocieran la "legitimidad deis derecho de propiedad", fomentaran la "pugna de clases" o promovieran o sostuvieran "huelgas que no se sujeten a las leyes que las regulen", y castigaba la divulgación de publicaciones, escritos, y carteles que apoyaran cualquiera de los .actos declarados ilícitos. El juicio a los sindicados de violar la ley correspondería a las autoridades de policía.

La minoría liberal, representada por los senadores Carlos Arango Vélez y Pedro A. Gómez Naranjo, se opuso al proyecto por considerar que los hechos realmente delictivos contemplados en él se encontraban ya castigados por el Código Penal. Además, en el debate posterior, los senadores liberales adujeron una serie de argumentos que resulta interesante citar. El senador Gómez Naranjo, en la sesión del 21 de junio, declaró que el proyecto atentaba "contra garantías individuales... libertades de pensamiento, de prensa, de asociación y otros" y afirmó que "los liberales... no podemos vincularnos a una ley... para restringir las

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