Mercantilismo

Mercantilismo

Otra característica del sistema colonial en Hispanoamérica —íntimamente ligada al absolutismo— era el estatismo económico o mercantilismo. El mercantilismo se define como la intervención permanente del Estado en la vida y actividades privadas de sus ciudadanos. Mientras que el absolutismo se utilizaba como un medio para consolidar la unidad española, el mercantilismo era el instrumento mediante el cual España intentaba beneficiarse de los recursos naturales y económicos de América Latina. Desde el principio, nadie tenía permitido conquistar ni colonizar territorio en las Indias sin el permiso previo y explícito de la Corona. Para poder hacer su primer viaje, Cristóbal Colón debió luchar durante ocho años por obtener el aval y el apoyo financiero de los reyes. Finalmente, en abril de 1492, se firmaron las famosas Capitulaciones con la Corona. Este acuerdo convertía a Colón en un representante de la Corona y le otorgaba los títulos condicionales de almirante, virrey y gobernador de los territorios que pudiera descubrir.

Como principio rector, el mercantilismo era especialmente notable en lo que concernía a la distribución de la tierra. Debido a ello, la cesión de enco¬miendas siempre estaba a cargo de la Corona y constituía la principal expresión de la tendencia del Estado a distribuir privilegios. La encomienda era una institución a través de la cual la monarquía entregaba un grupo de americanos nativos a un conquistador español, que debía inculcarles una educación religiosa. A cambio, el conquistador podía obligar a los nativos a trabajar para él. La mano de obra barata que proporcionaban los nativos era el factor generador de riqueza más importante de América. Dado que eran el Rey y sus funcionarios quienes repartían a estas personas, era fundamental llevarse bien con ellos, a fin de aprovechar la mano de obra barata disponible gracias a vínculos clientelistas. En esencia, el éxito económico dependía del acceso al sistema de patronazgo instaurado por el estado imperial. Todos los españoles en América querían tener americanos nativos a sus órdenes. Una carta escrita al Rey por el Virrey del Perú en 1597 sentencia categóricamente que “los españoles no vinieron a América para trabajar, sino para aprovechar la mano de obra y las tierras indias” (Terán, 1982, pág. 134).

La Corona ordenó que ninguna encomienda consistiera de más de 300 nativos. A través de esta limitación, los sucesivos monarcas intentaron garantizar una distribución equitativa de la mano de obra nativa y, además, la evangelización y protección de los pueblos indígenas. Sin embargo, esta norma no se observó, y los conquistadores adoptaron una política general de concentrar la riqueza en manos de unos pocos. Los conquistadores solían pedir a sus parientes o amigos en España que registraran encomiendas a su nombre.

Al igual que la mano de obra, las propiedades inmuebles también se contaban entre las fuentes más importantes de riqueza y prestigio. Los reyes de Castilla eran los dueños de las tierras americanas, que habían conquistado sus representantes y que les habían sido entregadas por el Papa. Como consecuencia de estos derechos, la Corona monopolizaba la distribución de tierras, y ningún individuo tenía acceso a la tierra sin una cesión real. En la práctica, posteriormente, los territorios ocupados por individuos con o sin título podían comprarse pagando una suma de dinero o una composición a los reyes.

En los primeros años del imperio americano, las cesiones de tierra eran gratuitas pero, en el siglo XVI, Felipe II comenzó a venderlas para financiar sus guerras santas. Ambos sistemas coexistieron hasta el fin del período colonial. Cabe destacar que, ya fuera que la Corona distribuyera tierras sin costo o que las vendiera para obtener dinero, los individuos siempre necesitaban contar con el consentimiento de los monarcas —o sus representantes— para obtener tierras (Mariluz Urquijo, 1978, págs. 16, 33–36, 50).

Otro factor de importancia económica eran las minas. En España, éstas siempre habían estado monopolizadas por el Estado. Las Ordenanzas Reales de Briviesca de 1387 estipulaban que los individuos podían buscar metales en lugares públicos o privados, pero dos tercios de las ganancias obtenidas debían entregarse a la Corona. Según esta ley, todas las minas pertenecían a la corona, sin importar quién fuera dueño de la tierra. Esta práctica continuó a lo largo del período colonial, aunque, en 1563, Felipe II estipuló nuevos porcentajes de ingresos, que variaban de entre la mitad hasta un octavo del mineral obtenido. Este sistema de contribuciones y obligaciones es un ejemplo claro de intervención estatal en el área económica si bien, con frecuencia, se contaba con apoyo financiero privado. Las famosas Ordenanzas de Toledo, autorizadas por el Virrey de Toledo en 1574 para Perú, reafirmaban el derecho absoluto de los monarcas sobre la propiedad, específicamente sobre los metales hallados en sus colonias (Martiré, 1979, págs. 15, 66, 69).

El Estado monopolizaba el comercio entre España y sus colonias latinoamericanas. La Casa de Contratación, una institución fundada en Sevilla en 1503 para controlar y regular el comercio, también estaba en manos del Estado. Además, la Corona monopolizaba

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