Narcotrafico

Historia del narcotráfico México, Colombia:

Introducción

Colombia y México son dos de los países citados más frecuentemente en relación con el tráfico de drogas a Estados Unidos. Pero no todo mundo sabe que México ya era objeto de preocupación y vigilancia permanente del gobierno estadounidense por contrabando de drogas ilegales desde principios del siglo XX, varias décadas antes de que Colombia ingresara por la puerta grande al mercado internacional de substancias ilícitas. En este trabajo se destacan algunos elementos históricos que contribuyeron al nacimiento del campo del tráfico de drogas en México, los vínculos que se establecieron entre éste y el campo político, y las modificaciones de esta relación a través del tiempo. En cuanto al caso colombiano se mencionan algunas características históricas y estructurales que muestran diferencias importantes en relación con el mexicano. Diferencias muchas veces ignoradas o desestimadas por los medios de comunicación y algunos políticos y policías, más interesados en destacar los casos de violencia cruda, en aterrorizar a la población, en competir por colgar el mayor número de etiquetas, y en trasplantar de manera mecánica su particular percepción del fenómeno de un país a otro.

Sería imposible hablar de todos los aspectos que han determinado el surgimiento y desarrollo del tráfico de fármacos ilegales en Colombia y México. Los investigadores continuamos explorando el tema desde diversas disciplinas y enfoques para tratar de entenderlo y dar explicaciones convincentes acerca de un fenómeno permeado por las categorías y esquemas de percepción oficiales y las del sentido común, que a veces se entrecruzan. Y aunque la información generada por fuentes oficiales y periodísticas ha sido abundante en las últimas tres décadas, la anterior a ese periodo y los testimonios pasados y presentes de los traficantes mismos no lo son tanto, o no han sido explorados con igual interés. Son más numerosos los trabajos de internacionalistas, politólogos y sociólogos, que los de economistas, historiadores o de sociología de la cultura, por ejemplo. Los traficantes tampoco parecen estar interesados en la publicación de autobiografías. La literatura, el teatro y el cine registran pocos ejemplos de tratamiento del tema. En la música, el género corridístico en México ha incluido la sociodisea del tráfico de drogas y es una excepción que ha trascendido fronteras. Desconocemos aún muchos aspectos del fenómeno, lo cual no impide constatar día a día lo inapropiado de las políticas implementadas supuestamente para solucionarlo, las cuales parecen más bien diseñadas para agravarlo y hacer de la llamada "guerra contra las drogas" una guerra permanente.

México

Hay varias décadas de distancia entre el inicio de la presencia de México y la de Colombia en el mercado de las drogas ilegales de Estados Unidos. La vecindad geográfica con Estados Unidos, el país más interesado en prohibir cierto tipo de substancias psicoactivas desde principios del siglo XX, como el opio, los opiáceos y la cocaína, determinó el nacimiento de un campo de actividades en México que antes de la aprobación de la ley Harrison en 1914 era un negocio legal, aunque sometido a cierto tipo de controles administrativos y sanitarios. Eran los años de la revolución en México (1910-1917); no obstante, el gobierno de Venustiano Carranza (1915-1920) emitió en 1916 unas disposiciones encaminadas a la prohibición del tráfico de opio. La mayor parte del contrabando de esta substancia de México hacia Estados Unidos pasaba principalmente por dos localidades fronterizas del Distrito Norte de Baja California (DNBC), Mexicali y Tijuana. El opio proveniente del Lejano Oriente entraba por varios puertos del Pacífico, como Salina Cruz, Acapulco, Mazatlán y Ensenada, éste último localizado a pocos kilómetros de la frontera californiana. La medida propuesta por el gobierno de Carranza iba dirigida particularmente contra los intereses del jefe político y comandante militar del DNBC (1914-1920), el coronel Esteban Cantú -enemigo político de Carranza- quien según las autoridades aduanales de Estados Unidos controlaba el tráfico de opio en esa parte del país. El DNBC tenía una población de 9,760 habitantes en 1910, y 23,532 en 1921. En Tijuana había 242 habitantes en 1900, y 1,028 en 1921. Con el dinero así adquirido, Cantú pagaba parte de los gastos de su administración y los salarios de las tropas bajo su mando. El coronel Cantú dispuso medidas similares a las de Carranza contra el tráfico de opio en 1917, pero él mismo se encargaba de violarlas al revender a través de terceras personas, entre ellas su cuñado, el opio decomisado. Cantú era pragmático y no tenía prejuicios morales en cuestiones relacionadas con el tráfico de opio. En control político y militar de Cantú en la tierra que gobernaba impidió que grupos ajenos a sus intereses pudieran entrar al negocio. El tráfico de opio era uno más de los negocios posibles para gente en posiciones clave de poder político. Los traficantes de esa época sabían que sin la protección política tenían pocas posibilidades de éxito y de supervivencia. El coronel Cantú se autoexilió en Estados Unidos cuando se enteró que los revolucionarios vencedores, encabezados por el general Alvaro Obregón, presidente de México de 1920 a 1924, enviarían al general brigadier Abelardo L. Rodríguez a controlar el DNBC en 1920, y por lo tanto a desplazarlo del poder en esa parte del país. Rodríguez fue gobernador del DNBC de 1923 a 1929. La Ley Volstead entró en vigor en Estados Unidos en enero de 1920. Al tráfico de opio en la frontera norte de México se sumó el del alcohol. Rodríguez se convertiría en años posteriores en presidente interino (1932-1934), en gobernador de Sonora (1943-1947), en empresario exitoso y en propietario de una de las fortunas más grandes del país lograda desde posiciones de poder político.

En 1920 y 1926 se aprobaron en México leyes federales para prohibir el cultivo y la comercialización de la marihuana y la adormidera, respectivamente. Los cultivos de esta última planta se concentraron en estados del noroeste del país: Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Varios gobernadores de estados norteños continuaron y afinaron la escuela inaugurada por Cantú, directamente o a través de sus principales operadores políticos o sus jefes policiacos. El negocio del tráfico de opio era lo suficientemente rentable como para no dejarlo completamente en manos de los traficantes.

Una característica del Estado surgido de la revolución sería la creación de un ejército con presencia nacional surgido de un movimiento popular, modelado por los propios revolucionarios que habían adquirido sus grados en combate y que se habían convertido en la clase política gobernante. Desde el triunfo de la revolución y hasta 1946 los presidentes tenían grados militares, al igual que un gran número de gobernadores. Para dirimir los conflictos entre las distintas facciones de manera pacífica, el general Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, el cual, con diversos nombres (Partido de la Revolución Mexicana, PRM, en 1938, y Partido Revolucionario Institucional, PRI, a partir de 1946) sería de facto un partido de Estado y dominaría la vida política del país durante siete décadas. Otra característica sería la supremacía del poder ejecutivo federal sobre el legislativo y el judicial y la concentración de poder en el presidente de la república. La relación personal con el presidente determinaba muchos de los destinos de los gobernadores y de otros miembros de la élite política, independientemente del tipo de negocios en los cuales éstos tuvieran intereses. Los problemas se arreglaban dentro de la llamada "familia revolucionaria". En ese contexto, la relación entre el campo del tráfico de drogas y el del poder político era de supeditación del primero al segundo. Desde un inicio los traficantes fueron excluidos de la participación política directa e indirecta y tampoco buscaron intervenir. Dominaban en su campo de acción, pero estaban en posición dominada en el campo más amplio del poder político. Por lo mismo, y por las dimensiones del mercado de la época que limitaba su capacidad de acumulación económica, su margen de autonomía para establecer sus propias reglas del juego era muy reducido, de allí que la violencia entre distintos grupos de traficantes o de éstos contra las autoridades encargadas de combatirlos no haya sido tan frecuente. Además, el mercado interno era simbólico. El negocio más rentable estaba al otro lado de la frontera. Se producía y se trabajaba básicamente para la exportación.

La vigilancia e investigación de Estados Unidos sobre México en relación con el comercio del opio data por lo menos de 1911. Después de la ley Harrison esas actividades continuaron con mayor frecuencia. La embajada, los consulados estadounidenses en distintas partes del territorio mexicano, y los llamados agentes antinarcóticos, recopilaban información relevante sobre el tráfico de drogas, zonas de cultivo, nombres de traficantes, y de políticos y policías que los protegían o que poseían sembradíos, o que habían invertido dinero en algunos de ellos. Esa información era enviada a Washington, a los Departamentos de Estado y del Tesoro. La prioridad del gobierno estadounidense no era descubrir los nexos entre los funcionarios gubernamentales y los traficantes, sino llevar a prisión a estos últimos y convencer al gobierno de México para que éste aprobara o modificara leyes contra las drogas y penalidades para los infractores similares a las de Estados Unidos, y realizara campañas de destrucción de los cultivos ilícitos. Las primeras campañas de destrucción de cultivos de adormidera se realizaron a finales de los años treinta. En 1938, las fuerzas armadas intervinieron por primera vez en una campaña de esa naturaleza en el estado de Sonora. El Departamento de Salubridad era responsable de la política sobre drogas y como tal tenía autoridad legal para llamar en su ayuda a los militares. Estados Unidos financió en sus inicios las campañas a través de sus agentes antidrogas, quienes además de indicar las zonas de cultivo que había que destruir y acompañar a sus homólogos mexicanos les pagaban un sobresueldo, al igual que a los policías y militares, y cubrían hasta los gastos por la renta de caballos y el alimento para los mismos. El razonamiento era simple: el peligro provenía del exterior y costaba menos invertir en destrucción de plantíos en el país productor que en agentes aduanales a lo largo de la extensa frontera, o en investigación y persecución policiaca en las calles estadounidenses. En años posteriores, el gobierno mexicano y el de los estados productores colaboraron con parte del financiamiento, con dinero o mano de obra.

En los años 1938-1939 la principal autoridad encargada de asuntos de drogas del gobierno mexicano era el Dr. Leopoldo Salazar Viniegra, funcionario del Departamento de Salubridad. El médico había realizado investigaciones sobre la marihuana y concluido que su consumo no producía efectos peores que los del tabaco y mucho menos provocaba actos criminales como los que se le adjudicaban en la prensa de Estados Unidos, incluso por altos funcionarios antidrogas de ese país. El doctor Salazar proponía crear hospitales subvencionados por el Estado para el tratamiento de los adictos en México y proporcionarles las drogas bajo vigilancia y control médico y a precios de costo. Afirmaba que esas medidas alejarían a los adictos de las actividades criminales y simultáneamente provocarían el desinterés de los traficantes por un negocio que ya no sería rentable. Las ideas del doctor Salazar no eran del agrado de las autoridades estadounidenses para quienes los adictos eran primero criminales y luego enfermos. Harry Anslinger, titular de la Oficina Federal de Narcóticos de Estados Unidos de 1930 a 1962, se encargó personalmente de movilizar a su gente, y a sus aliados en otras partes del mundo, para refutar las tesis del doctor Salazar y hacer ver al gobierno mexicano el peligro que representaba una persona con esas ideas, contrarias a la ortodoxia estadounidense en el tema de las drogas. El doctor Salazar fue destituido en 1939, pero en 1940 el gobierno mexicano aprobó un nuevo Reglamento General de Toxicomanías en el que se consignaban claramente las propuestas del doctor Salazar. Las autoridades antidrogas de Estados Unidos señalaron que las medidas aprobadas implicaban una reversión de la política internacional sobre drogas narcóticas que se había seguido en los últimos treinta años. Ante esto, Estados Unidos decretó un embargo de medicamentos narcóticos contra México, el cual sería levantado una vez que este país suspendiera el Reglamento. Las drogas de uso médico importadas por México de Gran Bretaña, Francia, Suiza y Holanda pasaban de manera obligada por Estados Unidos. México no tenía autorización de la Liga de las Naciones para producir sus propios medicamentos de las plantas que se cultivaban en el país, pues la siembra de éstas y su comercialización eran ilegales. México pagaba, por ejemplo, cinco mil pesos por kilo de morfina importada de Holanda, cuando hubiera podido producirla en su propio territorio a precios más reducidos. Con la suspensión del Reglamento, el gobierno mexicano abandonó su propia estrategia, innovadora y avanzada para esa época, y se vio obligado a ceder ante la presión política y comercial estadounidense.

En el terreno legal, la acumulación de información del gobierno estadounidense acerca de la corrupción de funcionarios no garantizaba que el gobierno de México ejerciera alguna acción penal contra algunos de ellos, en caso de ser informado al respecto. Un ejemplo de esto fue el silencio en el que se mantuvo durante dos años el caso de un auto cargado de opio decomisado en Laredo, Texas, en 1946. El auto pertenecía al coronel Carlos Serrano, senador por el Distrito Federal y líder de la Cámara de Senadores. El personaje era una de los amigos más cercanos del primer presidente civil después de la revolución, Miguel Alemán. Serrano era también el creador intelectual de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del presidente, fundada en 1947, el mismo año que la CIA. El auto era conducido por un sobrino de Juan Ramón Gurrola, el número dos en el mando de la DFS. Según el reporte de la agregaduría militar de la embajada de Estados Unidos en México, el coronel Serrano era conocido también como el "recolector privado del impuesto para el presidente". Los principales dirigentes de la DFS, gente de Serrano, estaban asimismo relacionados con el tráfico de drogas, de acuerdo con el mismo reporte. La DFS tenía atribuciones legales para intervenir en asuntos de drogas. Algo curioso, dado que en ese mismo año de 1947 el presidente Miguel Alemán decide trasladar la responsabilidad del manejo de la política sobre drogas del Departamento de Salubridad a la Procuraduría General de la República. En la práctica, la DFS, convertida en dependencia de la Secretaría de Gobernación en la administración de Adolfo Ruiz Cortinez (1952-1958), se mostrará durante varias décadas como la mediación estructural privilegiada entre el campo político y el del tráfico de drogas. Sus actividades de vigilancia y represión política en los años de la guerra fría serán altamente apreciados por los dirigentes mexicanos y el gobierno estadounidense, tanto que los negocios ilícitos de algunos de sus miembros y sus nexos con grupos criminales pasarán a segundo plano. El poder de la DFS era comparable, según el reporte militar, al de la Gestapo. Una institución como esa, bajo las órdenes de la cúpula del poder político, difícilmente habría dejado operar de manera autónoma a los traficantes que habían acumulado mayores fortunas durante la segunda guerra mundial y que no estaban dispuestos a abandonar tan lucrativo negocio. La DFS se encargaría de controlar cualquier intento de desbordamiento.

El mismo año de 1947 el presidente Miguel Alemán anunció una "gran campaña" de destrucción de cultivos de adormidera en el noroeste del país. En la prensa de la ciudad de México se lanzaron acusaciones contra el gobernador del estado de Sinaloa (1945-1950), el general Pablo Macías Valenzuela, exsecretario de Guerra y Marina (1940-1942). Se dijo que el gobernador controlaba el tráfico de opio y que en Sinaloa se encontraban los principales traficantes de ese producto, llamados localmente "gomeros". Una nota periodística calificó al general Macías como el "rey de la adormidera". Durante una semana no cesaron los ataques. La gente del gobernador señaló que detrás de esa campaña de prensa se encontraba el general Lázaro Cárdenas, expresidente de México (1934-1940) y exsecretario de Guerra y Marina (1932-1934 y 1942-1945), y su grupo político. El antecesor de Macías en el gobierno de Sinaloa, el coronel Rodolfo T. Loaiza, gente de Cárdenas, había sido asesinado en 1944. Los cardenistas sospechaban que Macías había sido el autor intelectual. Las investigaciones habían mostrado que el homicida había sido un pistolero de los terratenientes del sur de Sinaloa, enemigos políticos de Loaiza y los cardenistas. La campaña contra Macías cesó una vez que el presidente Miguel Alemán, aprovechando una oportuna gira de trabajo por el noroeste, platicó con él. El conflicto entre dos grupos políticos de la "familia revolucionaria" fue resuelto con la intervención presidencial, no a través del sistema de procuración de justicia formal. Fue la primera vez que un grupo político utilizó como arma la acusación por tráfico de drogas para descalificar a otro grupo del mismo partido gobernante. Los principales funcionarios federales encargados de anunciar la "gran campaña" contra la adormidera en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, se hospedaron en un hotel cuyo propietario era el principal traficante de opio en el estado, Roberto Domínguez o Manuel Macías, según las autoridades estadounidenses y la gente local.

Una cosa era cierta: Sinaloa era ya en los años cuarenta el principal productor de adormidera y el centro del negocio del opio en el país. El arribo de traficantes serranos a la capital del estado, quienes según la prensa tenían la costumbre de arreglar sus diferencias a balazos, le imprimió una dinámica distinta a la ciudad, o por lo menos a la colonia donde la mayoría de ellos se instaló. En los años cincuenta, debido a la frecuencia de enfrentamientos mortales entre traficantes, Culiacán fue bautizada por la prensa como un "Chicago con gángsters de huarache". Las disputas no eran seguramente por el control de un mercado local o nacional para su mercancía, pues éste era insignificante, sino por lograr en un primer momento una mejor posición como mayoristas y obtener mejores precios. No hay que descartar otras razones más simples en esos años: las antipatías personales, exacerbadas o no por el alcohol, que entre gente armada derivaban algunas veces en homicidios que se cargaban automáticamente a la cuenta de los traficantes sin investigación de por medio.

La alta demanda de marihuana en el mercado estadounidense en los años sesenta sorprendió al propio Harry Anslinger, quien pensaba que el problema del consumo de substancias psicoactivas ilícitas y el negocio del tráfico de las mismas estaba relativamente controlado gracias a la política que él como ninguna otra persona había contribuido a implantar dentro y fuera de Estados Unidos. Desde la ley Harrison, la preocupación principal había sido el opio y los opiáceos y la destrucción de cultivos de adormidera. El fenómeno de los años sesenta obligó a revalorizar y ampliar la estrategia de destrucción de cultivos. El principal abastecedor de la hierba era México, donde ya en el siglo XIX había noticias de su cultivo y de usos sociales más frecuentes y extendidos que los del opio y sus derivados, sobre todo en algunos grupos de las clases populares. Presiones constantes de grupos políticos y empresariales de California sobre las autoridades antidrogas estadounidenses y del Departamento de Estado, y sobre las mexicanas, iniciadas en los años cincuenta, se recrudecieron en los sesenta, pues afirmaban que Tijuana, en el lado mexicano, era un centro de vicio donde los jóvenes californianos y los militares de la base naval de San Diego adquirían drogas. El gobierno de Estados Unidos consideraba que el de México no hacía lo suficiente para destruir los cultivos ilícitos e impedir que la droga cruzara la frontera. El presidente Richard Nixon, de origen californiano, decidió entonces poner en marcha la llamada "Operación Intercepción" en 1969, una medida unilateral que consistía en realizar inspecciones minuciosas de vehículos y personas a todo lo largo de la frontera con México para detectar supuestamente el contrabando de drogas. La medida no tuvo repercusiones importantes en relación con ese objetivo. Más allá de las fricciones diplomáticas entre México y Estados Unidos debido a ese asunto, y de las críticas internas que lo acusaban de tensar sin necesidad la relación bilateral, Nixon logró poner en uno de los primeros lugares de la agenda política estadounidense un tema de perfil relativamente bajo durante varias décadas. Obligó también al gobierno mexicano a escuchar con mayor atención las demandas estadounidenses relacionadas con las drogas y a responder con mayor prontitud a las mismas.

Importantes cultivos de marihuana se localizaron en las mismas zonas donde se había concentrado el cultivo de adormidera desde el inicio de las prohibiciones, esto es el noroeste del país, aunque en otros estados las cosechas también se pesaban por toneladas. Entre los traficantes del noroeste destacaron particularmente los del estado de Sinaloa, por lo menos desde la segunda guerra mundial. Las campañas antidroga realizadas en Sonora -estado que comparte frontera con Estados Unidos- en los años treinta y cuarenta lograron disminuir la importancia de los cultivos en esa entidad durante algún tiempo, pero los plantíos se desplazaron y multiplicaron con mayor intensidad y en lugares más inaccesibles en el estado vecino, Sinaloa. El opio extraído de los cultivos de adormidera en las zonas serranas de Durango y Chihuahua salía hacia el mercado estadounidense por Sinaloa y de allí hacia la frontera con Arizona o California. También hacia Ciudad Juárez, vía Guadalajara o la ciudad de México. La demanda posterior de marihuana en Estados Unidos fue cubierta sin problemas por traficantes experimentados que se habían iniciado en el tráfico de opio y heroína y ya tenían varios años en el negocio, y que habían heredado el saber hacer de padres y abuelos. Informes de autoridades antidrogas de Estados Unidos señalan con mayor frecuencia el nexo entre poder político y tráfico de drogas en el estado de Sinaloa, más que en otros estados. Hay muchas probabilidades de que esa relación privilegiada haya contribuido para que los sinaloenses lograran una temprana ventaja comparativa sobre sus competidores en el campo del tráfico de drogas en México. Los "gomeros" incrementaron más rápidamente sus ingresos al diversificar sus actividades. Como era de esperarse, el crecimiento del negocio atrajo a más gente y provocó mayores y más visibles disputas entre traficantes y enfrentamientos con autoridades policiacas.

En la década de los sesenta hubo pocas menciones a la cocaína en la prensa. La que circulaba provenía de Europa, Buenos Aires, Panamá y principalmente Cuba, cuyos traficantes la adquirían en Perú. Entre los usuarios de la droga figuraban ricos y políticos, quienes frecuentaban los prostíbulos de lujo donde se vendía. El gramo de cocaína en el mercado ilícito en México costaba diez veces más que el precio autorizado para fines farmacéuticos. Un agente antidrogas de Estados Unidos que realizó investigaciones en México en 1959 de manera encubierta señaló que los principales proveedores de heroína y cocaína se encontraban entre los miembros de la comunidad árabe y entre los italomexicanos. Uno de los traficantes mexicanos de ascendencia árabe le confió que conseguía la cocaína a través de diplomáticos peruanos, quienes utilizaban las ventajas de la valija diplomática. Y que en ocasiones anteriores se la había comprado a un árabe radicado en La Habana. Un informe para el presidente de Estados Unidos, preparado por un comité especial encabezado por el titular del Departamento del Tesoro, mencionó que México era "ocasionalmente" lugar de tránsito para la cocaína procedente de Perú y Bolivia. La cocaína incinerada por las autoridades mexicanas entre 1965-1969 fue inferior a 20 kilos y poco menos de 30 kilos en los años 1960-1970.

En la década de los sesenta fueron destruidas casi 2,400 hectáreas sembradas de marihuana y se decomisaron poco menos de 500 toneladas. Entre 1970 y 1976, esas cifras pasaron a más de 13,300 hectáreas y alrededor de 3,800 toneladas, respectivamente. Los decomisos de cocaína en este último periodo llegaron a 1,089 kilogramos. Y en los mismos años fueron destruidas aproximadamente 25,000 hectáreas de adormidera. En 1976 un colombiano es detenido en el aeropuerto de la ciudad de México al intentar introducir 13 kilos de cocaína, la mayor cantidad decomisada a un individuo hasta entonces. En el mes de enero de 1977, el gobierno mexicano da inicio oficialmente a la llamada "Operación Cóndor" (en realidad había comenzado en noviembre de 1975), la mayor campaña antidrogas jamás realizada en el país en la que participaron más de diez mil soldados y encabezada por el general Jesús Hernández Toledo, quien tenía en su hoja de servicios haber participado al mando de tropas que se enfrentaron con estudiantes el dos de octubre de 1968 en Tlatelolco. El coordinador de la campaña antidrogas en el noroeste, de parte de la PGR, era Carlos Aguilar Garza, un funcionario que años más tarde, en 1984, fue detenido con 6 kilos de heroína y cocaína en Tamaulipas. También fue detenido en Texas, donde fue acusado de tráfico de drogas, pero fue entregado a policías judiciales federales mexicanos. En 1993 terminó sus días asesinado. El operativo militar iba acompañado del uso del paraquat para fumigar los sembradíos de adormidera y marihuana. Con el apoyo de 24 agentes de la DEA, la mayoría pilotos, se habían iniciado en noviembre de 1975 vuelos de reconocimiento y verificación de áreas fumigadas. Hubo éxodo masivo de campesinos serranos hacia las ciudades y se documentaron cientos de casos de tortura y violación de los derechos humanos. La campaña (noviembre de 1975 a marzo de 1978) tuvo un cierto éxito en lo que se refiere a la destrucción de cultivos ilícitos, lo cual provocó menor calidad de la heroína y la marihuana de origen mexicano en el mercado estadounidense, pero el costo social fue alto. Además, ningún líder importante del negocio fue detenido. La mayoría de las personas enviadas a prisión eran simples peones. Según un analista de la CIA, con la "Operación Cóndor" el gobierno había tratado de facto el asunto de las drogas como un tema de seguridad nacional. Años después, en 1986, el presidente Reagan decidiría que para Estados Unidos el tráfico de drogas debía ser considerado como un asunto de seguridad nacional. Varios países bajo su influencia adoptarían casi inmediatamente la misma tesis, con o sin fundamento, y sus consecuencias lógicas: la militarización de la lucha antidrogas.

En 1975 fue capturado por la policía judicial federal mexicana Alberto Sicilia Falcón, un traficante de origen cubano que operaba en el país, pionero en el contrabando de cocaína hacia Estados Unidos. Su socio, el químico hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, era el enlace con los colombianos, entre los cuales Pablo Escobar. Matta continuó el negocio al asociarse con el sinaloense Miguel Angel Félix Gallardo, quien antes de convertirse en poderoso traficante había trabajado como policía judicial en su estado natal y como guardaespaldas de los hijos del gobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968), quien fue su padrino de boda y protector político. A pesar de tener por lo menos catorce órdenes de arresto en su contra desde 1971, Félix Gallardo viajaba sin problemas por todo el país. En círculos políticos, económicos y sociales era conocido como empresario exitoso. Era accionista y cliente distinguido de un banco (Somex), cuyo director general entre 1976 y 1982 fue el conocido político del PRI Mario Ramón Beteta (exsecretario de Hacienda, exdirector general de PEMEX y exgobernador del Estado de México). Félix Gallardo tenía una vida social intensa. Fue padrino del hijo del exgobernador Sánchez Celis en su boda, en 1983. En 1985, inauguró un negocio de venta de autos de su ahijado y socio. Las fotos de esos eventos fueron publicadas en la sección de sociales de un periódico de Culiacán. Félix Gallardo tenía un poder mágico: se volvía invisible ante los ojos de las autoridades. Algunas estimaciones, que habría que tomar con reservas, señalan que a mediados de los años ochenta Félix Gallardo enviaba a la frontera alrededor de una tonelada y media de cocaína mensualmente a Pablo Acosta, quien vigilaba y aseguraba el contrabando de cinco toneladas mensuales a través de Ojinaga, en Chihuahua, cuando el consumo de esa substancia en Estados Unidos se calculaba en 100 toneladas anuales.

A raíz de la "Operación Cóndor" los líderes más importantes del tráfico de drogas en Sinaloa se trasladaron a Guadalajara, capital del estado de Jalisco, una de las tres ciudades más grandes e industrializadas del país. Más que un castigo por haberlos sacado de su territorio de origen, el cambio de cuartel general implicó mayores beneficios en términos de infraestructura, posibilidades de inversión y de lavado de dinero. Lo que no modificaron los traficantes fueron sus hábitos culturales, el uso de la violencia y sus estrategias de corrupción. En poco tiempo los traficantes regresaron a Sinaloa, pero con la ventaja de haber extendido sus negocios a otras partes del país. El peor error que pudieron cometer fue haber secuestrado y asesinado en Guadalajara en 1985 al agente de la DEA, Enrique Camarena, y al piloto mexicano Alfredo Zavala. El traficante sinaloense Rafael Caro Quintero fue señalado como responsable. Las investigaciones de la DEA habían descubierto grandes plantíos de marihuana en varios estados del país, los cuales habían sido destruidos por las autoridades mexicanas. Caro Quintero había invertido y perdido mucho dinero en el negocio y estaba enojado. El gobierno de Estados Unidos presionó con fuerza al de México para resolver el homicidio de su agente. Para la DEA, los nexos entre la DFS y la Policía Judicial Federal (PJF) con los traficantes eran evidentes y tenían información al respecto. Sin embargo, sabían que el FBI y la CIA protegían a personajes importantes de esas corporaciones porque privilegiaban su cooperación para combatir a los enemigos políticos comunes, un objetivo de mayor trascendencia para esas agencias. Según un informante que la DEA consideraba confiable, la DFS era el verdadero cerebro de la reorganización de los grupos de traficantes en México y también funcionaba como brazo armado para eliminar a la competencia de los protegidos. Estados Unidos mantuvo la presión y el presidente Miguel de la Madrid decidió desaparecer la DFS. Algunos comandantes policiacos fueron encarcelados por haber recibido sobornos de los traficantes. Los miembros de la DFS encontraron trabajo en otras corporaciones policiacas o se dedicaron de tiempo completo a actividades criminales. En lo inmediato, el gobierno mexicano no creó ninguna otra institución con funciones y autoridad similares a las que había tenido la DFS durante casi cuatro décadas. Esto implicó un mayor grado de autonomía relativa de los grupos de traficantes respecto del poder político. La PJF concentró en su lugar mayor fuerza para mediar entre el campo político y el tráfico de drogas. Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara en 1989 por su presunto compadre el comandante de la PJF Guillermo González Calderoni. Se le acusó de varios delitos contra la salud y de estar implicado en al caso Camarena. Recibió una sentencia de 40 años de prisión. Caderoni fue un operador clave del gobierno mexicano: dirigió el operativo donde murió Pablo Acosta en 1987, y arrestó en 1988 a los principales traficantes de heroína de Durango, que controlaban la ruta Durango-Chicago, Jaime Herrera Nevares y Jaime Herrera Herrera.

La captura de Félix Gallardo provocó la división de la organización. De allí surgieron los principales líderes sinaloenses que controlarían el tráfico de drogas en el país con nuevas organizaciones igual o más poderosas: Amado Carrillo, los hermanos Arellano Félix, el "Chapo" Guzmán y el "Güero Palma", por ejemplo. La mayoría de origen rural, con la excepción de los Arellano, jóvenes de clase media de Culiacán con mayor capital escolar. El único grupo que no dependía de los sinaloenses era el que encabezaba Juan García Abrego, de Tamaulipas, a quien surtían de cocaína los traficantes de Cali. Según el informe de un agente encubierto del FBI, García Abrego contó con la protección de su amigo el comandante Calderoni, originario del mismo estado, por lo menos desde 1986. En la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el grupo de García Abrego fue el más poderoso. Había sospechas que Raúl Salinas, hermano del presidente, lo protegía. Calderoni había realizado, entre otras cosas, espionaje político contra el PAN por encargo de Raúl, quien actualmente purga una condena de más de 20 años acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, quien fuera presidente nacional del PRI. A Raúl se le descubrieron cuentas en Suiza bajo nombres falsos por más de 100 millones de dólares. Calderoni fue acusado de "enriquecimiento inexplicable" en 1993, pero huyó a Estados Unidos antes de que lo pudieran capturar. Allí encontró refugio como testigo protegido de la DEA, se dijo. Murió asesinado en McAllen, Texas, luego de salir de la oficina de su abogado, el 5 de febrero de 2003. Las autoridades de Estados Unidos todavía no encuentran al homicida. García Abrego fue capturado en 1996 y extraditado a Estados Unidos. Los sinaloenses aprovecharon la coyuntura para incrementar su poderío. La organización de Amado Carrillo, "El Señor de los Cielos", que según el extesorero del grupo de Cali Guillermo Palomari había iniciado negocios desde 1992 con Miguel Rodríguez Orejuela , se colocó a la cabeza de la estructura oligopólica liderada por sinaloenses. El trato era el siguiente: la mitad de Rodríguez y la otra para Carrillo. Éste se comprometía a pasar la droga del grupo de Cali a Estados Unidos. En los años ochenta, Amado Carrillo fue enviado a Ojinaga por Félix Gallardo para trabajar con Pablo Acosta y vigilar los envíos de cocaína. En 1993, los hermanos Arellano trataron de asesinarlo en un restaurante de la ciudad de México. Viajaba frecuentemente a Las Vegas, donde la DEA nunca lo vio. Tampoco el Mossad cuando estuvo en Jerusalén cargando una cruz por la Vía Dolorosa. Ni el servicio secreto cubano en las ocasiones que visitó la isla. En 1997, el titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), el general Jesús Gutiérrez Rebollo, fue acusado de proteger a Carrillo. Perseguido desde entonces con mayor vigor, Carrillo propuso un trato al gobierno mexicano, según información de inteligencia militar. Quería la mitad de sus bienes, tranquilidad para su familia y libertad para realizar sus negocios a cambio de colaborar para controlar a los traficantes desorganizados, dejar de vender droga en México y enviarla toda a Estados Unidos y Europa, ayudar a la economía mexicana con sus dólares, no usar la violencia y actuar como empresario. Murió el 4 de julio de 1997 de complicaciones postoperatorias luego de una cirugía plástica en una clínica de la ciudad de México. Según la policía, quería controlar su negocio sin la mediación de los colombianos y expandirlo hacia Australia. Había hecho arreglos para instalarse en Chile. También había adquirido propiedades en Argentina.

En 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y su chofer fueron acribillados en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. Las autoridades señalaron que gatilleros de los hermanos Arellano habían confundido a Posadas con el "Chapo" Guzmán, a quien querían matar y quien se encontraba en ese momento en el aeropuerto con varios guardaespaldas. Guzmán escapó del atentado en medio de la balacera. Un mes después fue capturado y enviado a Almoloya, una prisión de alta seguridad. Por su parte, Ramón y Benjamín Arellano tuvieron reuniones con el representante del Vaticano en México, Girolamo Prigione, en su casa de la ciudad de México, en diciembre de 1993 y en enero de 1994. Le aseguraron que ellos no eran los culpables y le dieron una carta para el Papa. Prigione llamó al presidente Salinas, fue a la residencia oficial y se reunió con él, el procurador general de la república y el secretario de gobernación. Los Arellano se rendirían a cambio de un arreglo. El procurador le sugirió al presidente no aceptar ningún trato. No se hizo nada para detenerlos. Siguieron traficando drogas y ejerciendo la violencia contra adversarios y autoridades con la ayuda de sicarios reclutados entre los jóvenes de la clase alta de Tijuana y otros de origen popular del Barrio Logan de San Diego, California. Casi diez años después, en la administración de Fox, Ramón murió en un enfrentamiento con policías en Mazatlán, en febrero de 2002, y al mes siguiente Benjamín fue capturado en Puebla por un grupo especial de militares. Los demás hermanos siguen operando el negocio. A principios de septiembre de 2003 la DEA ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que pueda llevar a su captura.

En un documento sobre el problema de las drogas elaborado de manera conjunta entre México y Estados Unidos en 1997 se afirmó acerca de México: "Los narcotraficantes no han logrado reflejar su poder económico en un poder político equivalente…no tienen la capacidad de enfrentarse abiertamente en venganza al Estado y a las instituciones responsables del control y la procuración de justicia. Si bien algunos acontecimientos pueden indicar lo contrario, tales como los homicidios selectivos, el énfasis debe hacerse en que no se trata de una respuesta sistemática y recurrente" .

Colombia

El Código Penal colombiano de 1936 estableció penas y multas para las personas que de manera clandestina o fraudulenta elaboraran, distribuyeran, vendieran o suministraran sustancias narcóticas. La ley n° 45 de 1946 prohibió el cultivo de la hoja de coca y consideraba como traficante ilegal a cualquier persona en posesión de morfina, cocaína, heroína o cualquier otra droga narcótica. En los años setenta el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), institución dependiente directamente del presidente de la República, como lo fue en sus inicios la DFS en México, tuvo la responsabilidad de perseguir el comercio de narcóticos. El director de esta institución en el gobierno de Pastrana (1970-1974), el general Jorge Ordóñez Valderrama, fue señalado varias veces como alguien relacionado con el tráfico de cocaína. Incluso la Policía Nacional acusó al DAS de tener nexos con ese negocio. En 1978, la autoridad del DAS en asuntos antidrogas fue transferida a la Policía Judicial, dependiente de la Procuraduría General de la República. Durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) el DAS, dirigido por el general Miguel Maza Márquez, jugó un papel más intenso en la lucha antidrogas, particularmente contra el grupo de Pablo Escobar .

Uno de los efectos de la "Operación Cóndor" (OC) fue la reducción de la producción de adormidera y marihuana en México, país que hasta entonces había sido el principal abastecedor de esta última planta en el mercado estadounidense. El cultivo y tráfico de la hierba en Colombia no era tan antiguo como en México -se dice que en Colombia se cultivaba desde los años cuarenta-; la mercancía colombiana tampoco significaba la parte más grande del mercado estadounidense. Sin embargo, en pocos años, los traficantes colombianos mostraron una agresiva capacidad empresarial y lograron colocarse en el primer lugar. En 1978 se estimaba que las tres cuartas partes de la marihuana vendida en Estados Unidos provenían de Colombia. Luego seguía México en orden de importancia con el 11 %, y Jamaica y Estados Unidos con el 7% cada uno . Como consecuencia de la OC la marihuana colombiana ganó terreno en las preferencias de los consumidores de Estados Unidos. Colombia empezó a destacar en el negocio del tráfico de drogas hacia ese país como seis décadas después que México, pero en una época de cambios drásticos en el mercado. La demanda había crecido a una velocidad insospechada en pocos años. Varias generaciones de traficantes mexicanos habían acumulado ya un saber hacer y una experiencia en el contrabando de drogas, y habían desarrollado también varias rutas y redes. La existencia, por razones históricas y de vecindad geográfica, de un gran número de residentes de origen mexicano en Estados Unidos, era una ventaja adicional para introducir la droga a ese país. Esas características serían de gran utilidad posteriormente para los negocios de los traficantes mexicanos y colombianos.

A diferencia de México, el campo del tráfico de drogas en Colombia no nació en posición de dependencia del poder político local o central, ni necesitó de su protección para poder despegar. Surgió fuera de él y los traficantes se introdujeron en el campo político, en las corporaciones policiacas y en las fuerzas armadas a través de estrategias de corrupción de algunos de sus miembros. La débil o nula presencia del Estado colombiano en vastas zonas de su territorio implicó la posibilidad de una autonomía muy grande respecto del poder político desde el inicio del negocio. No parece haber habido controles muy estrictos sobre los cultivadores y traficantes de marihuana durante el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978). Tampoco una actitud de condena moral socialmente generalizada hacia las personas que se lanzaron a la aventura. El negocio era nuevo y el ingreso de divisas considerable; las únicas restricciones que parecen haber existido eran las autoimpuestas. La acumulación fue inmensa y rápida. Y muy evidente la tolerancia, la incapacidad institucional o el dejar hacer. Peter Bensinger, administrados de la DEA, sugirió al presidente López Michelsen la intervención de los militares en julio de 1978. Pero fue el presidente entrante, Julio César Turbay Ayala (1978-1982), quien anunció el envío de las fuerzas armadas a la Guajira, luego de haber declarado que la economía de la droga significaba "una amenaza para la seguridad nacional". Tesis que el presidente Ronald Reagan se encargará de institucionalizar el 8 de abril de 1986, al firmar la National Security Decision Directive (número 221, "Narcotics and National Security), documento que afirmaba que el tráfico de drogas era una amenaza seria para la seguridad nacional, especialmente fuera de Estados Unidos; y la existencia de la cooperación estrecha de algunos grupos insurgentes y terroristas con traficantes de drogas y el aprovechamiento de ese nexo como fuente principal de financiamiento, entre otras cosas . La "Operación Fulminante" en Colombia, de noviembre de 1978 a marzo de 1980, movilizó a diez mil soldados, una cantidad de efectivos militares similar a la de la OC en México. Se planteó la posibilidad de usar defoliantes para destruir los cultivos. En poco menos de un año fueron destruidas más de diez mil hectáreas de marihuana y 3,500 toneladas decomisadas. Cantidad no muy lejana de lo destruido y decomisado en México en seis años, de 1970 a 1976. Hubo protestas de cultivadores y políticos de la región contra los excesos de los militares, casos de corrupción de éstos e inconformidad al interior de las fuerzas armadas por emplear a sus miembros en actividades de corte policiaco . Por su parte, la DEA llevó a cabo a partir de diciembre de 1975 la llamada "Operation Stopgap", que consistía en vuelos operados por agentes de esa oficina sobre la costa de la Guajira con el objetivo de reportar embarcaciones sospechosas que salían de allí y avisar a la Guardia Costera de Estados Unidos para detenerlas. Hacia 1978 las autoridades de la DEA calculaban que habían logrado reducir en un tercio el flujo de marihuana de Colombia a Estados Unidos . Turbay también negoció y concluyó un tratado de extradición con Estados Unidos.

Ante el "boom marimbero" y sus efectos en la economía y en la sociedad, a partir de 1977 la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), presidida por Ernesto Samper Pizano, elegido posteriormente presidente de Colombia para el periodo 1994-1998, empezó a propone medidas acerca de la legalización de la producción y comercialización de la marihuana. En México, esto jamás sucedió. Nunca hubo organizaciones empresariales, políticas o civiles que se manifestaran en ese sentido. Posturas individuales de algunos intelectuales se manifestarían en ese país en los años noventa y posteriormente. En 1981 Samper declaró: "Si Colombia no legaliza la marihuana, la economía nacional se verá erosionada y desestabilizada, se consolidará la impunidad de las mafias de traficantes y se corromperán totalmente ante la tentación del dinero fácil la policía los jueces y las fuerzas militares" . En México tampoco hubo algo similar a la "ventanilla siniestra", abierta en la gestión de López Michelsen, ni amnistía económica, como la aprobada en 1983 en el gobierno de Betancur, que hizo posible la legitimación de fortunas de traficantes y les permitió participar en la política institucional . Las divisas del tráfico entraban a la economía mexicana sin necesidad de aprobar medidas institucionales particulares ni discutir de manera pública su importancia relativa. En las zonas productoras y de tráfico eran visibles las inversiones en consumo suntuario, bienes raíces, ranchos, hoteles, boutiques, etc. En política no participaban ni el partido de Estado se los permitía.

Aunque ya había indicios de una demanda importante de cocaína en el mercado de Estados Unidos en los años setenta, el gobierno de ese país estaba más preocupado por la marihuana, droga de consumo más extendido. Según la DEA, A mediados de esa década Miami se había convertido en la capital de la droga en el Hemisferio Occidental. Hacia 1979 el negocio de las drogas en Florida se calculaba en diez mil millones de dólares anuales. El más grande de ese estado de la unión americana. Los colombianos estaban presentes y se enfrentaban a tiros en territorio estadounidense entre ellos y contra los cubanos que los habían precedido en el tráfico de cocaína. El grupo de traficantes de Medellín (Pablo Escobar, Jorge Ochoa, Carlos Lehder, Rodríguez Gacha y otros) surgió como el más poderoso. Para combatir el tráfico a través de las rutas del Caribe, el gobierno de Ronald Reagan puso en marcha la llamada South Florida Task Force en 1982, bajo el mando del vicepresidente George Bush. Reagan señaló que estaba teniendo éxito en sus objetivos: los decomisos de marihuana se habían incrementado en 35%, los de cocaína en 56%, y en 27% los arrestos . Muy pronto esa estrategia tendría otro tipo de repercusiones en el uso más intensivo de las rutas existentes a través de México y en una asociación más estrecha entre traficantes mexicanos y colombianos.

El gobierno de Estados Unidos afirma que en la actualidad Colombia produce el 75% de la cocaína en el mundo y que un 65% de la misma pasa a través de México. Esto se da a pesar de las medidas puestas en práctica por los tres países para contener el tráfico. Dada esa situación, es de pensarse que los traficantes colombianos dependen tanto de los mexicanos como éstos de aquéllos para introducir la mercancía a territorio estadounidense. Son eslabones complementarios e interdependientes de una misma cadena. Hasta el momento no se han observado conflictos sangrientos que podrían derivarse del apetito de unos y otros para apoderarse de un mayor segmento del mercado. La violencia generada por las organizaciones de traficantes dentro de México y Colombia, que resulta de conflictos de intereses y la competencia, no se ha aplicado en los tratos internacionales.

No hay noticias de que los traficantes colombianos hayan querido operar directamente en territorio mexicano como lo hicieron en Estados Unidos, ni que hayan tratado de desplazar a balazos a sus socios mexicanos. Al contrario, establecieron relaciones de negocios pragmáticas para potenciar las respectivas ventajas comparativas, entre otras la larga frontera de México con el principal consumidor de drogas ilícitas en el mundo. Han existido y existen enlaces, intermediarios o representantes, mas no organizaciones colombianas o sucursales de las mismas que hayan intentado controlar directamente territorio, rutas y mercado. Hubo y hay también probablemente ciertas afinidades de carácter personal que han facilitado el éxito de la empresa conjunta.

En Sinaloa se dice que Gonzalo Rodríguez Gacha, alias "El Mexicano", tuvo reuniones con Félix Gallardo en su casa de playa (Altata), a unos setenta kilómetros de Culiacán. Esa propiedad se encuentra a pocos metros de la casa de playa destinada al gobernador de Sinaloa. Según la DEA, otro de los socios de Sicilia Falcón en el sur de Sinaloa era Manuel Salcido Uzeta, alias "El Cochiloco", también aliado de Félix Gallardo, un personaje con fama de sanguinario cuya base de operaciones se encontraba en el puerto de Mazatlán. Desde principios de los años setenta surgieron en el norte de México canciones populares, en la tradición del corrido, que hablaban de historias del tráfico de drogas, de traficantes y policías, con una visión distinta a la oficial y más cercana a las percepciones del fenómeno de los propios traficantes y de la gente común de las regiones productoras y de tráfico. Salcido era amante de este tipo de música. Pagaba para que le compusieran canciones en su honor. Es muy probable que en sus viajes a Sinaloa Rodríguez Gacha haya escuchado y desarrollado el gusto por esos corridos, con acompañamiento de música norteña o mariachi. Hay innumerables ejemplos de esa abundante producción musical y su éxito de tres décadas ha trascendido fronteras. Además de negocios, los traficantes mexicanos y colombianos han compartido expresiones culturales que han contribuido a la construcción de sus identidades. Han compartido afinidades éticas y estéticas. Algunas fincas de Rodríguez Gacha tenían nombres de ciudades mexicanas. Pablo Escobar se hizo fotografiar con sombrero de charro, sarape, cananas y una carabina, al estilo de lo se percibe en el exterior como el estereotipo del revolucionario mexicano.

Estados Unidos ha insistido particularmente en tres componentes de la política antidrogas: la fumigación de los plantíos ilícitos, las extradiciones, y la militarización de la lucha antidrogas. Los distintos gobiernos colombianos, desde la administración Turbay, han reaccionado a esos temas impuestos por Estados Unidos más o menos de manera similar, aunque con algunas variantes y matices, pero finalmente en un sentido más acorde a la estrategia ajena, a veces compartida, y sin que el cultivo, tráfico y consumo de drogas haya disminuido o se vislumbre una solución razonable. Al contrario, los resultados han sido inversos a los objetivos perseguidos. Los datos de incremento de hectáreas cultivadas de hoja de coca y adormidera, por ejemplo, a pesar de poco más de dos décadas de fumigaciones de plantíos ilícitos son elocuentes. Otros países en situaciones similares han seguido desafortunadamente el mismo camino. En el caso de México se agrega como tema recurrente la solicitud para que los agentes de la DEA puedan portar armas en territorio nacional. Petición que se ha denegado cada vez que surge. Lo cual no significa necesariamente que la prohibición sea respetada.

Después de la OC, los militares mexicanos no volvieron a tener un papel protagónico similar. Continuaron apoyando a la PGR en la destrucción de cultivos, como lo venían haciendo desde los años treinta. A partir de 1995 varios militares son nombrados para ocupar puestos operativos en la PGR, pero son retirados posteriormente. En la administración Fox (2000-2006), que desplazó al partido que mantuvo el poder durante 71 años, un general es nombrado como titular de la PGR, y éste a su vez coloca en puestos operativos a sus colegas militares. Además, grupos de élite de las fuerzas armadas se ocupan de realizar operaciones de inteligencia y la captura de varios líderes de las organizaciones más importantes del tráfico de drogas en México. Esto significa un desplazamiento de facto de la autoridad de la PGR a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para operar la estrategia antidrogas, sin modificación del marco legal, sólo la aplicación de la voluntad presidencial basada en el artículo 89 de la Constitución, considerado superior al 129 del mismo texto .

Pablo Escobar y Carlos Lehder participaron en la política de manera abierta. Escobar llegó a ser diputado suplente en 1982. En México, a los traficantes la política les estaba vedada. La clase gobernante del partido de Estado se encargó de mantenerlos fuera de ese campo. Jamás intentaron romper la barrera. Las estrategias de violencia extrema, terroristas, impulsadas y practicadas por Pablo Escobar y su gente para tratar de influir en las decisiones del gobierno colombiano en temas como la extradición dejaron un saldo sangriento que incluyó, entre muchos otros, a miembros prominentes de la clase política, como el ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984. En comparación, sólo fueron tres las bombas que explotaron en México. Dos de ellas fueron detonadas frente a casas de colonias residenciales de Culiacán en mayo de 1992 (administración de Francisco Labastida, 1987-1992), con saldo de un velador muerto y destrozos a autos, puertas y ventanas de las casas vecinas; y la otra (junio de 1994) estalló entre las manos de quienes trataban de ponerla cerca del salón de fiestas de un hotel en Guadalajara donde se festejaba a una quinceañera, hija del presunto traficante sinaloense Luis Enrique Fernández Uriarte. Las bombas eran de manufactura casera. Fueron puestas por traficantes que se enfrentaron a grupos rivales, todos ellos sinaloenses. Entre los representantes del Estado, agentes y comandantes de la policía judicial federal, encargados de la persecución de traficantes, cayeron abatidos a tiros. No siempre por tratar de hacer cumplir la ley, sino por su doble juego y traiciones. No hubo una estrategia deliberada de guerra frontal contra el Estado y tampoco atacaron a ningún miembro del campo político. La violencia extrema no desbordó los límites tradicionales, es decir el propio campo del tráfico de drogas y las corporaciones policiacas. Posteriormente, en 2001, surgiría el caso aislado de dos jueces asesinados en Mazatlán. En cuanto a las extradiciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rechazado aquellas que por los cargos en Estados Unidos implican cadena perpetua o la pena de muerte para los traficantes, penalidades que las leyes mexicanas no incluyen.

Además de los traficantes, grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia han recurrido al negocio de las drogas para financiar parte de sus actividades, y al terrorismo para ejercer presión sobre el Estado y la sociedad. Después del 11 de septiembre de 2001, en la visión de Estados Unidos el combate al terrorismo se convirtió en lo esencial; el tráfico de drogas se concibe como una de las estrategias posibles para financiar actividades de carácter político y de desestabilización. Pablo Escobar fue el paradigma del "narcoterrorista". No faltará quien sea etiquetado como el paradigma del "terrotraficante" o "terronarco". En el mundo hay varios casos de combinación de actividades e intereses entre terroristas y traficantes, pero también de la ausencia de nexos entre ambos grupos. En México, los grupos guerrilleros no han sido asociados con el tráfico de drogas. Ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México han hablado de "narcoguerrilla" en el país. Sin embargo, luego de una reunión entre John Walters, titular de la ONDCP, y el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, en enero de 2002, éste mencionó por primera vez desde que fue nombrado en ese puesto que organizaciones terroristas estaban vinculadas al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Volvió a mencionar el tema luego de la reaparición de los guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en el estado de Guerrero, gran productor de adormidera, pero no se refirió a ningún caso particular comprobado en algún lugar del mundo. La tesis ya fue sembrada, pero habrá que vigilar que no sean creadas las condiciones para que se convierta en profecía autocumplida.

Conclusiones

Hay por lo menos tres grandes momentos en la historia del campo del tráfico de fármacos ilícitos en México que permiten observar más claramente sus relaciones con el campo político y sus transformaciones: 1914-1947, 1947-1985, y 1985 a 2000. Otro momento parece iniciarse a partir del 2 de julio de 2000. El primero, caracterizado por el nacimiento del campo mismo, en posición subordinada al poder político y en particular a la figura política más importante en jerarquía en cada uno de los estados norteños productores o de tráfico. El segundo, en el cual se crean las mediaciones estructurales entre el poder político y los traficantes, representadas principalmente por corporaciones policiacas. Y el tercero, en el que el sistema político surgido de la revolución, con un monopolio del poder político por el partido de Estado, empieza a mostrar signos de incapacidad para controlar eficazmente a sus propias instituciones de mediación, las cuales, al igual que las organizaciones de traficantes, adquieren mayor autonomía relativa respecto del poder político. En esta misma etapa las presiones políticas de Estados Unidos se dejan sentir con mayor fuerza que en épocas anteriores. El cuarto momento se inicia con el desplazamiento del PRI del poder ejecutivo, su pérdida de la mayoría absoluta en las cámaras y el acceso de la oposición a los principales puestos de poder. Es un momento que apenas empieza a adquirir forma. En todas esas fases, las modificaciones en el Estado y desde éste tuvieron repercusiones en la reorganización de las relaciones entre el campo político y el del tráfico de drogas ilícitas.

En Colombia, las condiciones de posibilidad que facilitaron el desarrollo del tráfico de drogas están relacionadas con algunas características del Estado, de su relación con Estados Unidos, del sistema de partidos, y de la sociedad. Algunas de esas condiciones son la falta de capacidad del Estado para controlar el territorio e imponer la ley, incluso a través de las fuerzas armadas; la persistencia de una violencia derivada originalmente de luchas políticas a la cual se han ido agregando otras más relacionadas con conflictos sociales y actividades ilícitas; la incapacidad de los partidos políticos para canalizar los intereses de los diversos grupos sociales por las vías legales; una actitud social y política ambivalente y oscilante frente al negocio del tráfico de drogas y los traficantes; y una relación de dependencia creciente de Estados Unidos -el Plan Colombia es el último ejemplo-, país que ha impuesto su agenda en asuntos de drogas. La lista es evidentemente más larga. Francisco Thoumi ha destacado, entre otras, la brecha entre comportamientos de hecho y de derecho que implican una mayor tolerancia a actividades económicas ilegales; la experiencia en la exportación ilegal de productos legales; la experiencia en la exportación de esmeraldas a países desarrollados; la imposición de controles cambiarios durante sesenta años (1931-1991) que provocó el desarrollo de estrategias para lavar dinero; y la presencia de inmigrantes colombianos en Estados Unidos como la más importante de un país andino. Características históricas y estructurales distintas en Colombia y México han derivado en un crecimiento mayor de los grupos dedicados al tráfico de drogas en ambos países, de la producción de plantas ilícitas y del consumo de drogas. El impacto general del fenómeno ha sido sin duda más rápido, fuerte y desastroso en Colombia. Lo triste y trágico de esta historia es que ninguno de los dos países, o algún otro con problemas similares, puede encontrar soluciones viables mientras no se modifique el paradigma dominante que los ha llevado a ese callejón sin salida

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