Pobreza y politiquería

Pobreza y politiquería

Oigo la radio y me sobrecogen dos noticias. Una es la de un asalto a más de 40 personas beneficiarias del programa Juntos en uno de los ríos de esta anchurosa región de Loreto. Este programa social consiste en transferencias monetarias que el Estado peruano hace a las familias de distritos con extrema pobreza bajo la condición de que los padres se esfuercen para que sus hijos tengan todas sus vacunas, asistan a la escuela, obtengan su documento de identidad, y que la madre gestante se atienda de manera programada en la posta médica más cercana, todo lo cual tiene que demostrarse mediante certificación oficial. Con ello, el Estado busca reducir la mortalidad infantil derivada de enfermedades prevenibles, la deserción escolar y la mortalidad materna, además de promover el ejercicio de la ciudadanía, con deberes y derechos, desde que el niño nace.

El programa fue creado en el gobierno del presidente Toledo, pero se expandió formidablemente en el gobierno del presidente García que dejó un plan de expansión hasta el año 2021. Lo que se requería del nuevo gobierno del presidente Humala es la continuidad de las metas establecidas en el plan, conforme lo ha venido haciendo, efectivamente. Ello quiere decir que la presencia de este programa de transferencia monetaria en más distritos no se debe a que “recién llega la inclusión social”, ni a la gestión o voluntad de autoridad regional, provincial o distrital alguna. A estos compatriotas nuestros, les robaron todo lo que habían cobrado. Eran dos meses del subsidio que habían venido a recibir estas familias pobres, movilizándose día y noche desde sus poblados hasta el centro de atención, con la expectativa de aliviar en algo su estrechez monetaria, y causa tristeza que finalmente unos delincuentes les arrebaten esos 300 soles que tanta falta les hacen para cubrir sus urgencias. Tenemos aquí un caso en el que la inseguridad ciudadana –que se ha disparado a niveles alarmantes en los últimos meses- se torna en un factor negativo para la justicia social.

La otra noticia conmovedora es la de una joven gestante cuya familia pugna desde hace cinco días para que la atiendan en el hospital regional del ministerio de Salud en Iquitos. Ha venido de lejos, del área rural, tiene fiebre alta y fuertes dolores y ha sido informada que el bebé que lleva en su vientre está muerto por asfixia desde hace muchas horas y que con la demora en su atención médica ella también corre el riesgo de perder la vida por una septicemia. ¿Por qué no le atienden?, pregunta el periodista: no le atienden porque no está inscrita en el Seguro Integral de Salud (SIS). El SIS es otro programa de subsidios a la atención médica a las personas pobres que en el marco del aseguramiento universal ha crecido sosteniblemente en el gobierno del presidente García a tal punto que al concluir su gobierno el 75% de la población pobre del país gozaba ya de la cobertura de atención.

El problema en este caso es la falta de documento de identidad de la joven madre debido, probablemente, a una desinformación de su parte en cuanto a la gratuidad de la expedición de dicho documento, o, lo peor, debido al bajón operativo que han sufrido los programas sociales en estos dos años, paradójicamente en los años de gestión del autotitulado gobierno de la “inclusión social”. Más allá de ello, no es posible que una persona cuya existencia está en peligro, no sea atendida por el hospital, esté o no inscrita en el SIS. Este vacío en el protocolo administrativo para la atención médica debe cubrirse por un subsidio extraordinario sustentado en la norma constitucional de que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana. ¡Cuánto nos falta avanzar todavía hacia ese estadio superior de desarrollo social donde la salud sea realmente un derecho universal, gratuito y obligatorio para los

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