Procesos De Construcción De Ciudadanía En México, 1980 -2003

Lo primero que hay que decir es que en nuestro país el asunto de la ciudadanía no es la asignatura en que hemos logrado avanzar más ni obtener la mejor calificación. Existe una serie de razones culturales, históricas, sociales y políticas que lo explican. Comenzaremos citando textos en que tres autores reconocidos en el tema ofrecen una visión sintética sobre el asunto, para después, en un esfuerzo por observar y reconocer lo que la historia y nuestra sociedad van logrando dar de sí, exponer nuestra propia visión sobre el particular, que en parte comparte los puntos de vista de los autores que citamos al momento de iniciar y en parte los matiza, refuta y complementa.

1. Visiones sintéticas

Si se va a trabajar el tema de construcción de ciudadanía es muy importante dar con las maneras concretas en que ésta se ha construído y se construye hoy y aquí porque ésta no está dada de una vez para siempre ni es igual en lugares distintos. La posibilidad de construir ciudadanía depende de las representaciones culturales de la gente, de los sistemas institucionales en que vive, de las prácticas sociales que lleve a cabo cotidianamente.

Lomnitz afirma que en México las definiciones legales e institucionales de la ciudadanía van por un lado y la elaboración cultural en la interacción social de la misma va por otro. El acceso a los derechos manifiestos o a los servicios en México a menudo no es universal. México nunca ha tenido un Estado suficientemente fuerte como para proveer servicios suficientes para todos. En este contexto, la corrupción y otros mecanismos de mercado emergen fácilmente como criterios de selección, como el dinero o formas de sociabilidad de cortesía que buscan ser agradable al burócrata y sirven como criterio de selección ante la escasez de los recursos. El proverbio “Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”, He aquí una lógica que favorece el desarrollo de relaciones personales, la rutinización cultural del soborno y el uso de reglas y procedimientos burocráticos como mecanismo de exclusión. Esta lógica está apuntalada en dos condiciones estructurales: un Estado relativamente débil y una enorme población pobre .

Respecto del estado real de la ciudadanía en México a lo largo del siglo XX, Olvera sostiene que se puede decir que la Constitución revolucionaria de 1917 introdujo en México el concepto de derechos sociales de una manera creativa. En efecto, la Constitución de 1917 fue entendida como un horizonte normativo cuya materialización sería la misión histórica del Estado. En esta visión, la falta de correspondencia entre la ley y la práctica estaba justificada, pues la mayoría de la población era tan pobre y estaba sujeta de tal manera a lazos de dependencia y subordinación que la primera tarea del Estado consistía precisamente en romper esas formas de sumisión y modernizar al país en forma tal que la ley contara con las bases materiales de su aplicación. La solución que encontró el régimen para la integración política de la población al Estado fue el corporativismo y el partido único, la cual violaba evidentemente los derechos políticos plasmados en la Constitución y dejaba en manos del Estado la capacidad de decidir arbitrariamente cuándo y cómo respetar los derechos civiles y de qué manera aplicar los derechos sociales.

Smith y Durán opinan sobre el particular y no dejan lugar a dudas acerca del realismo de esta visión: “En el caso de México es ampliamente conocido que las intenciones de construcción de ciudadanía han resultado insuficientes y muy contradictorias. En términos formales existe un estado de derecho, las garantías individuales están consagradas en la constitución la propia Carta Magna define un régimen político representativo democrático, federal y republicano, existe una legislación para la elección democrática de gobernantes, y hay una serie de derechos consagrados en la constitución que van de los laborales a los de servicios básicos como el derecho a la educación básica, a la salud, a la vivienda, etc. Sin embargo en la realidad el derecho no siempre es la norma que rige las relaciones de los mexicanos con el Estado, como es conocido y respaldado por abundante evidencia empírica y documental, los derechos civiles son conculcados por la corrupción y la impunidad de las autoridades, el federalismo es negado por un centralismo presidencial que también ahoga a los poderes Legislativo y Judicial, los procesos electorales no siempre son respetados y los derechos sociales obligatorios son escamoteados a amplios sectores de la población, por lo tanto, a pesar de la existencia de los derechos aludidos, se puede decir que los mexicanos no son ciudadanos o no lo son plenamente o unos lo son más que otros” .

Olvera lo dice de manera aún más tajante: la tradición histórica mexicana ha anulado de manera sistemática la existencia plena de la ciudadanía. El gran reto del presente es combinar en un solo movimiento político el respeto a los derechos civiles, políticos y sociales plasmados en las leyes con la ampliación de los mismos a través de los llamados “derechos de tercera generación”. Al mismo tiempo deben crearse las instituciones y las leyes que permitan la exigibilidad de estos derechos y su generalización a toda la población. Sólo en estas circunstancias podrá hablarse en México de una ciudadanía universal para todos. Mientras tanto seguiremos teniendo una ciudadanía parcial, incompleta o segmentada .

Sin embargo, es posible hacer una lectura más rica en matices de lo que ha sucedido en México. Aquí también se han dado abundantes procesos de acción colectiva constructores de ciudadanía y tendientes a constituir la sociedad civil. Veamos.

2. De 1920 a 1980

En cuanto concluyeron el conflicto armado del 1910 – 1917 y sus secuelas, el régimen de la revolución mexicana comenzó a organizar a la sociedad desde el propio Estado, mediante la implantación de un modelo populista – corporativo. A la vez que dejó muy pocos espacios para la asociación libre, concentró el poder: no había más espacio público que el que dominaba el Estado . Hacia 1938 las organizaciones campesinas, obreras, populares o de las clases medias urbanas (clubes, asociaciones de profesionistas, etc.) habían sido desmanteladas, cooptadas o generadas a partir de dicho modelo, en cuyo vértice estaba, dirigiendo, el presidente del país. El particularismo y el clientelismo se impusieron como modelo dominante de relación entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, ni las nacientes y frágiles burguesías mediana y grande, ni las organizaciones conservadoras impulsadas desde la iglesia católica fueron corporativizadas.

Entre 1940 y 1980 se dieron algunos procesos simultáneos muy interesantes: el notable proceso de desarrollo –en el que la burguesía que antes dependía del Estado creció a un ritmo muy alto (2 décadas al 6.8% anual) y se tornó poderosa-, la generación de nuevos actores no encuadrados en el esquema corporativo de representación, y la transformación del país que de pronto adquirió un perfil más urbano que rural.

Hacia el final de este período en el que el crecimiento de la población también fue notable, el Estado fue siendo progresivamente incapaz de incluir en su modelo a todos los sectores (algunos de ellos con rápido crecimiento y acumulación de poder) así como de garantizar su representación y la satisfacción de sus demandas .

La crisis del modelo asociacionista dominante en ese período se hizo manifiesta cuando hacia fines de los años 70 comenzaron a aparecer –casi siempre asesoradas por o al lado de partidos o grupos de izquierda- las nuevas organizaciones de carácter gremial, urbanas y campesinas, que se reclamaban independientes del Estado y le planteaban conflictos. Son esas organizaciones a las que podemos llamar los “embriones” de la sociedad civil mexicana.

Luis Rubio dice en síntesis respecto de este período: en las décadas previas, la sociedad se fue haciendo más conciente y exigente de sus derechos y obligó al Estado a abrir espacios, a ceder posiciones y a abrir el sistema político . El viejo México de instituciones que mantenían la estabilidad política –si bien no eran democráticas ni liberales- se fue erosionando poco a poco y no había qué las sustituyera.

3. Las vertientes de la acción colectiva

Sí, a partir de los años 70 y hasta los primeros años de la década del 80 la acción colectiva se hizo claramente manifiesta de diversas formas -pese a la existencia del discurso oficial revolucionario que decía satisfacer las demandas populares. Una de ellas, la más visible, fue la conformación de asociaciones de carácter gremial, campesinas, urbanas y obreras que –muchas veces con el lenguaje politizado de la época- planteaban sus demandas al gobierno y se esforzaban por lograr permanencia en el escenario nacional. Ante un modelo que no permitía o impedía la libre asociación, una de las demandas principales de estas asociaciones –señaladamente las sindicales- era, como lo es ahora, la vigencia del derecho a organizarse independientemente del estado. Las grandes coordinadoras nacionales de principios de los

años 80 (Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, Coordinadora Sindical Nacional) fueron el cúlmen de este gran movimiento popular, de este proceso organizativo trascendente de alcance nacional que se vivió en los sectores campesino, obrero y popular, y que dio a luz una sociedad civil mexicana todavía fragmentada en gremios, más o menos inestable y sin consistencia

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