Restauración De La Deuda Publica

Reestructuración de la deuda pública externa

Uno de los problemas más apremiantes y delicados a los que se tuvo que enfrentar el gobierno de Miguel de la Madrid fue la renegociación de la deuda externa. En realidad, el proceso de negociación se inició con el gobierno anterior, en agosto de 1982, cuando la virtual desaparición de la reserva de divisas del Banco de México impidió cumplir los compromisos financieros con el exterior y obligó a esta institución a instaurar el control de cambios. En ese momento hubo que tomar una de dos opciones: o se declaraba el país en suspensión de pagos, con las dramáticas consecuencias que eso podía traer, o se renegociaba la deuda. En ese mes de agosto se logró diferir por tres meses el pago del principal y comenzaron a hacerse los trámites para lograr la reestructuración de la deuda, a fin de poder pagarla en un plazo más prolongado. Este proceso continuó durante varios meses y fue enormemente facilitado por la firma de la carta de intención con el FMI, en noviembre de ese año, cuando se concedió una segunda prórroga al pago del principal de la deuda por otros tres meses.

La especificación de los pasos que el gobierno habría de tomar para combatir la crisis, hecha en el mensaje de toma de posesión del presidente De la Madrid, y la serie de medidas que se adoptaron en los días siguientes contribuyeron a dar cierta seguridad a los acreedores y propiciaron que accedieran, en principio, a la reestructuración de la deuda e incluso a otorgar más créditos con el fin de ayudar a la recuperación económica del país. De esta forma, el 11 de diciembre el Secretario de Hacienda, en su comparecencia ante el Congreso de la Unión para explicar la Ley de Ingresos, anunció que se habían enviado comunicaciones a más de 1 000 bancos extranjeros solicitando un crédito adicional de 7% del monto total de sus préstamos a México, lo cual equivalía a casi 5 000 millones de dólares. En esa ocasión, el Secretario señaló que la respuesta había sido hasta entonces muy favorable.

Unos días después, el 15 de diciembre, llegaron noticias de Londres en el sentido de que algunos bancos británicos y estadounidenses estaban dispuestos a participar en ese crédito jumbo. Tres días después llegaron noticias similares de París que confirmaban la disposición de los bancos franceses a cooperar con el esfuerzo multilateral para reestructurar la deuda mexicana. A estas mociones positivas de acreedores privados se añadieron las de instituciones financieras internacionales. Así, el mismo 15 de diciembre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito por 135 millones de dólares que habrían de destinarse a la expansión de la pequeña y mediana industrias.

Sin duda, la decisión del FMI de otorgar un PRÉSTAMO a México por 3 900 millones de dólares durante 1983 influyó favorablemente en las respuestas de las diversas entidades financieras. Este préstamo dio confianza a otros acreedores y probablemente se convencieron de que no ayudar a México a salir de su crisis podría ser contraproducente: México no sólo dejaría de pagar sus adeudos sino que también provocaría serias dificultades en varias instituciones financieras extranjeras de gran importancia que habían otorgado una gran proporción de sus préstamos a México. Si además este fenómeno se generalizaba a otros países como Brasil y Argentina, las consecuencias sobre el sistema financiero internacional podrían ser catastróficas.

El 23 de diciembre, en la sede del FMI en la ciudad de Washington, ese organismo aprobó oficialmente el crédito a México. En esa reunión, representantes de más de un millar de bancos de todo el mundo y de agencias oficiales de crédito se comprometieron, ante el FMI, a enfrentar las necesidades de FINANCIAMIENTO adicional de México para 1983, que en ese momento se estimaba en unos 7 000 millones de dólares. El Director Ejecutivo del FMI indicó expresamente en esa ocasión que el programa de recuperación de la economía del nuevo gobierno había facilitado enormemente el proceso de renegociación. Asimismo, señaló que de esos 7 000 millones requeridos por México para 1983, 5 000 serían aportados por los bancos acreedores y los otros 2 000 millones por fuentes oficiales internacionales como el BID y el Banco Mundial.

La necesidad de diferir el pago de la deuda unos años era de vital importancia para poder cumplir con el programa de recuperación económica del gobierno. Dada la aguda escasez de divisas en el país, el funcionamiento de la planta productiva estaba seriamente amenazado debido a su dependencia de materias primas y refacciones provenientes del exterior. Esto significaba, a su vez, que el nivel de desempleo se ampliaría drásticamente si el aparato productivo no podía continuar operando. Era indispensable, entonces, destinar las relativamente pocas divisas con que contaba el país a importar estos bienes básicos y dejar de pagar la deuda, aunque fuera sólo temporalmente.

A menudo, algunos sectores han criticado el hecho mismo de que el país se endeude con el exterior. Afirman que de esa forma se "hipoteca" la nación e incluso el bienestar de sus ciudadanos, y que nunca será posible pagar la deuda. En realidad, el endeudamiento con el exterior no es en sí mismo una política equivocada. La mayoría de los países en desarrollo -como el nuestro- carecen del ahorro suficiente para establecer la capacidad productiva que necesitan sus economías. En consecuencia, deben recurrir a otros que cuentan con excedente de ahorro, naciones generalmente más desarrolladas, para obtener esos

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