Sublevacion Indigena

LA SUBLEVACIÓN DE LOS INDÍGENAS EN 1932.

La crisis externa, las relaciones económicas desventajosas para el país, la frustración por el derrocamiento del presidente Araujo entre otros movimientos interactuaron como causas del descontento social que conllevaron a la conflictividad y confrontación el 22 de enero de 1932. Hemos leído varias opiniones acerca de las causas y efectos de este trágico evento que lleno de luto al país, dos de estas opiniones más defendidas son: 1) se trató de una acción necesaria para detener la sublevación comunista. 2) fue una operación militar orientada a liquidar a la cultura indígena de la zona occidental, la cual dio origen a su cuasi desaparición, es de aquí donde parte el pensar que en realidad fue un etnocidio, para esto se habla más adelante detalladamente de los sucesos.

El levantamiento campesino de 1932 en El Salvador fue una mezcla entre protesta e insurrección que acabó en etnocidio (Represión, deslegitimación o exterminio de los rasgos culturales de los pueblos indígenas). Tras la llegada de los españoles a territorio salvadoreño, la situación económica y social de los nativos se caracterizó por la constante decadencia de las condiciones de vida, la cual se incrementó en los años próximos a la independencia. Tras la independencia de El Salvador, los gobiernos fueron propiciando la creación de un sistema desigual, el cual dejaba alejadas del progreso a las poblaciones nativas de los territorios del país salvadoreño. El Salvador, sumido en una profunda crisis económica por la caída de los precios del café y la crisis de 1929, se enfrentó a una oleada de protestas y rebeliones contra el sistema desigual de tenencia de tierras, que se agudizaron con las reformas presidenciales que despojaban a los campesinos de sus tierras ejidales para darlas a los grandes terratenientes. Los campesinos e indígenas se levantaron contra el gobierno y atacaron instalaciones militares en el occidente del país, coincidiendo con una rebelión organizada por el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) que era liderado por Agustín Farabundo Martí tras perder las elecciones que posteriormente acusaron de fraudulentas.

El resultado fue una respuesta militar del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, quien ordenó la ejecución de todo aquel que se alzase contra el régimen. Algunos autores estiman una cifra cercana entre los 25.000 y 35.000 fallecidos entre fusilados y ahorcados. Hasta la fecha, se sigue conmemorando los hechos como uno de los episodios más emblemáticos y determinantes en la historia de El Salvador, por sus secuelas políticas, económicas y ante todo, culturales.

El malestar social en El Salvador había crecido durante toda la década de 1920 a causa de los abusos por parte de la clase política y la amplia desigualdad entre los terratenientes y el campesinado, producto de las políticas aplicadas sobre latifundios (una explotación agraria de grandes dimensiones). Dicho malestar se vio agudizado por la tremenda baja de los precios del café y el creciente desempleo. En tal sentido, la caída de los precios del café significó el despido masivo de campesinos y el cierre de varias haciendas, lo cual llevaría a una crisis económica muy profunda.

El sector cafetalero nacional había surgido por la acumulación de riquezas por parte de un pequeño grupo de hacendados y comerciantes, los cuales, aprovechando el negocio cafetalero, habían acaparado una gran cantidad de terrenos, dando empleo a campesinos, buena parte de ellos indígenas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el empleo brindado por los hacendados fue deformándose hasta convertirse en explotación, ya que la paga era muy poca y el trato hacia los campesinos era despótico. Para finales de1930, la paga en las haciendas consistía en dos tortillas y dos cucharadas de frijoles salcochados al inicio y al final de la jornada. Como agravante, las fichas (monedas locales) con que se pagaba en las haciendas, solo podían ser cambiadas por productos en la tienda que pertenecía al mismo dueño que el cafetal, por lo cual existían monopolios locales que encarecían el alimento. Se calcula que la alimentación en la época para un jornalero no sobrepasaba el costo de $0.01 al día, por lo cual los beneficios de los hacendados eran bastante considerables. De hecho, para 1924, la producción total de café variaba entre 32 y 53 millones de kilogramos. El precio por cada quintal (46 kilogramos), oscilaba entre 42.55 colones; el cálculo de costos de producción para un quintal era de 13 colones, de los cuales dos iban a las manos del trabajador, uno a las arcas del Estado, uno a los vendedores de insumos y nueve a los grandes hacendados.

Por otro lado, la situación económica mundial causada por la crisis de 1929 fomentaba la falta de oportunidades en países como El Salvador, al grado de marcar los años de menor progreso en el país en la primera mitad del siglo XX. Pese a que la crisis afectaba a la población entera del país (y de casi toda Latinoamérica), en el occidente de El Salvador la crisis era más aguda puesto que las políticas de los presidentes Pío Romero Bosque y Arturo Araujo habían llevado al casi total despojo de las tierras a los campesinos locales, generando gran malestar, lo cual se unía a las acciones militares que de manera tácita amedrentaban a los campesinos para que se abstuviesen de protestar.

Dicha zona estaba altamente poblada por indígenas de origen pipil. Los indígenas, sistemáticamente separados del escaso progreso económico, intentaron obtener ayuda de las autoridades reconocidas por su centenaria tradición jerárquica. Pese a que las leyes no concedían ninguna prebenda o reconocimiento oficial a los caciques, los indígenas respetaban y obedecían a su autoridad. Por otro lado, la clase política había buscado el acercamiento a los caciques para obtener el apoyo de sus gobernados en elecciones y consultas populares, por lo que tenían alguna posibilidad de ser escuchados por las autoridades gubernamentales.

Para paliar la crisis económica, los indígenas se habían organizado en asociaciones de cooperación, mediante las cuales se brindaba empleo a los indígenas que no lo poseían, a cambio de que estos colaborasen con las festividades católicas. Los encargados de dirigir dichas asociaciones eran los caciques, quienes representaban a los desempleados ante las autoridades y supervisaban el trabajo realizado Feliciano Ama, por ejemplo, era uno de los caciques más activos y estimados por la población indígena; había hecho gestiones de ayuda económica con el presidente Romero a cambio de la colaboración en su candidatura. Por otro lado, la crisis se agudizaba por el conflicto permanente entre las poblaciones indígenas y los habitantes de la zona que no pertenecían a su etnia. Evidentemente, las poblaciones de "no indígenas" estaban mejor relacionadas con las urbes gubernamentales, por lo cual, cuando ocurrían revueltas o combates, el ejército arrestaba a los líderes indígenas y se les condenaba a muerte.

Otro elemento que antecedió a la rebelión campesina fue la inestabilidad política del país. Durante las elecciones de 1931, fue elegido Arturo Araujo, quien redujo los salarios en más de un 54%. Tras diversas acciones de rebelión militar, el presidente Arturo Araujo fue derrocado y sustituido por un Directorio cívico; luego se dio la llegada al poder del General Maximiliano Hernández Martínez en diciembre de 1931, la cual marcó el inicio de lo que se conoce como "dictadura militar". La gestión de Hernández Martínez se caracterizó por la severidad de sus leyes y de sus juicios. Martínez fortaleció los cuerpos de seguridad y se mostró especialmente agresivo en materia de rebeliones, decretando la muerte para cualquiera que se levantase contra el régimen.

El ejército estaba organizado en regimientos de infantería, artillería, ametralladoras y caballería que estaba bajo las órdenes directas del presidente de la república y tenía por objetivo fundamental la defensa del Estado. Los cuerpos de seguridad eran la Policía Nacional (PN), la Guardia Nacional (GN) y la Policía de Hacienda (PH), las cuales habían sido entrenadas

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