Un análisis sobre el vigente conflicto chileno- peruano

Advertencia

Un análisis sobre el vigente conflicto chileno- peruano que se pretenda objetivo y de alguna utilidad para los decisores oficiales, no supone, necesariamente, inventar una visión. Sí supone, obligadamente, una mirada distanciada, que decodifique las diferentes perspectivas en pugna desde sus lógicas propias. Ayuda a tener ese distanciamiento un mínimo conocimiento de la historia subyacente –en sus distintas versiones-, experiencias vivas en ambas sociedades y alguna capacidad para resistir las críticas ad hominem y las “tergiversaciones patrióticas” de propios y extraños. Es importante intentarlo pues lo que está en juego, en Chile y el Perú, no es la interpretación de un conjunto de normas jurídicas, sino la posibilidad de un desarrollo democrático en paz y cooperación que, por lo mismo, sincere posiciones respecto a Bolivia y contribuya a la integración regional. Ese futuro deseable exige, entonces, que chilenos y peruanos renunciemos a las visiones ideológicas, conspirativas y maniqueas, para percibir la complejidad

Esa posición chilena reflejaba la doctrina realista de las relaciones internacionales, según la cual, en los temas que comprometen su integridad y seguridad, los Estados se enfrentan por intereses nacionales y no por cuestiones de hermenéutica legal. Por lo mismo, se entendía que la pretensión peruana planteaba un conflicto específico de poderes, que afectaba el espacio marítimo chileno y una microextensión terrestre adyacente al Hito 1. Los estrategos y expertos en temas militares entendían que aquello podía configurar una “amenaza” y así fue previsto por el Contralmirante Francisco Ghisolfo Araya. Este, en un texto de 1994, pronosticó que el tema sería “un motivo de crisis para el inicio del próximo siglo”1.

Desde esa perspectiva y en virtud de sus compromisos globales y regionales, Chile no podía ni debía privilegiar actitudes o soluciones de fuerza para solucionar el conflicto planteado. En el marco del Derecho Internacional Público y de la Carta de las Naciones Unidas, su gobierno sólo disponía de su capacidad de legítima defensa y de distintas vías

pacíficas, una de las cuales era la sumisión

de lo real. Esa que Goethe sintetizara

diciendo que “las cosas siempre son

más simples de lo que se puede pensar,

pero mucho más intrincadas de lo que

se puede comprender”.

1.- De la Inexistencia a la Con- troversia

Hoy parecería extraño preguntarse si el conflicto entre Chile y el Perú por el dominio marítimo fronterizo es o no una controversia jurídica. El proceso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) ya está entablado. Es un hecho.

En definitiva,

no hubo acción conjunta

ante la CIJ, sino demanda

unilateral del

gobierno peruano,

anunciada a Lagos

por Alejandro Toledo y

formalizada

por Alan García

durante el gobierno de

Michelle Bachelet.

conjunta del caso ante la CIJ. Obviamente,

esa gama de opciones no cambiaba la

naturaleza intrínseca de la controversia,

mutándola de conflicto político entre

poderes soberanos a contienda técnica

sobre la interpretación del Derecho.

En definitiva, no hubo acción conjunta ante la CIJ, sino demanda unilateral del gobierno peruano, anunciada a Lagos por Alejandro Toledo y formalizada por Alan García durante el gobierno de Michelle Bachelet. De acuerdo con esto, la interrogante sobre la naturaleza del

Sin embargo, antes de iniciado ese proceso ante la CIJ, Chile había ignorado la pretensión peruana. El gobierno del general Augusto Pinochet no tuvo reacción, tras conocerla. Durante su gobierno, el Presidente Ricardo Lagos negó que constituyera una controversia jurídica, aunque aceptó conversar sobre el tema; su canciller Soledad Alvear negó que estuviera en la agenda de los temas conversables, y su segundo canciller, Ignacio Walker, expresó que sólo se trataba de “visiones distintas”. Así, entre 1986 y 2005, aunque con fraseos contradictorios, el tema fue para Chile sólo una cuestión de hecho, que contradecía tratados vigentes e iba contra un statu quo semisecular.

conflicto hoy debe formularse de manera retroactiva, a partir de un fait accompli. Lo que cabe elucidar es cuándo, cómo y por qué pudo el Perú imponer su tesis de que en la especie sólo había una controversia jurídica, la cual debía solucionarse en sede jurisdiccional.

2.- Motivaciones extrajuridica.

Según lo expuesto por el autor en instancias académicas y por los medios, el proyecto peruano tiene un vínculo causal con los “acuerdos de Charaña”, de 19752. Esto es, con la decisión de los generales Augusto Pinochet y Hugo Bánzer, gobernantes de Chile y Bolivia, de utilizar una cláusula del Protocolo Complementario del Tratado de 1929, para colocar al general Francisco

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