LA ACCION COLECTIVA

Elinor Ostrom, profesora de Ciencia Política y directora del Workshop in Political Theory and Policy Analysis de la Universidad de Indiana, fue merecedora del Premio Nobel de Economía en 2009. Bajo ese estímulo el Fondo de Cultura Económica realizó una reimpresión, en ese mismo año, de la que quizá sea su obra más conocida en español: El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. Sin duda alguna, muchos regresarán a ese libro que apareció en 1990 en la lengua original y una década después en su versión en castellano.

En una rápida búsqueda, aunque seguramente parcial, observé que dicho libro no había sido reseñado en las revistas mexicanas que se ocupan de la economía como materia principal para su primera edición en español. En ese mismo ímpetu celebratorio, de la reedición y del premio, la presente reseña tiene como objetivo invitar a una atenta lectura de un texto que, aunque ya ocupa un lugar privilegiado, con toda seguridad pronto se colocará dentro de los «clásicos» del nuevo institucionalismo.

EL PROBLEMA DE LOS BIENES DE USO COLECTIVO

Elinor Ostrom en El gobierno de los bienes comunes aborda un misterio de antigua data en las ciencias sociales: por qué individuos plenamente racionales, cuando actúan de manera colectiva para aprovechar ciertos recursos, toman decisiones que conducen a resultados irracionales. Este problema, trasformado en postulado teórico, ha conducido a dos recomendaciones de política pública cuyos corifeos aseveran poseer la razón: establecer derechos de propiedad, por un lado, o por el otro imponer el control del Estado.

Por su parte, la autora invita a reflexionar sobre la acción colectiva de manera diferente y muestra cómo las dos opciones anteriores son apenas una parte de la vasta variedad de la experiencia humana. Para ello, analiza una tercera vía: la administración colectiva de recursos de uso común, RUC. Presenta evidencia empírica que documenta comportamientos no previstos en los modelos formales y, entonces, se plantea la pregunta: ¿por qué algunos esfuerzos por resolver problemas relativos a la administración de RUC fracasan, mientras que otros tienen éxito?

LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA OBRA

La pregunta anterior, aparentemente sencilla, delimita el objetivo del libro en dos perspectivas: una teórica y otra pragmática. Por un lado, a partir de la evidencia empírica de éxito y fracaso en esfuerzos de organización, estimula el desarrollo del análisis institucional de la acción colectiva y, por el otro, pretende identificar las variables institucionales clave de las capacidades de los individuos para resolver sus problemas. Esto permitirá, señala la autora, contar con mejores bases para emitir consideraciones relevantes de política pública.

Para lograr dichos objetivos, el libro se encuentra confeccionado en seis capítulos: los dos primeros de carácter teórico-metodológico; los siguientes tres con la evidencia empírica de la provisión de normas y de cambio institucional para el manejo de RUC y, en el último, especifica los aspectos clave para la modificación de las teorías establecidas de acción colectiva.

EL MARCO DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Ostrom parte de la selección del institucionalismo como un marco teórico adecuado para explicar cómo los individuos logran crear organizaciones para la administración de RUC. Considera que las normas informan acerca de las valoraciones que los individuos otorgan a sus acciones y sus consecuencias; en ese sentido, son un factor para limitar el comportamiento oportunista y son la clave para la organización; es decir, para la introducción de decisiones secuenciales, contingentes y dependientes, donde antes no existían.

La autora identifica entonces que existen tres modelos establecidos en la teoría para el análisis de la acción colectiva. El modelo que popularizó la expresión «la tragedia de los comunes» partió de un influyente artículo de Garret Hardin aparecido en la revista Science en 1968. El argumento de Hardin plantea que los individuos que tienen acceso al uso de un recurso, en la búsqueda de la satisfacción de sus intereses y la maximización de la ganancia, llevarán el nivel de explotación a un grado mayor que el nivel óptimo de extracción. El resultado: la degradación de los recursos. El segundo modelo proviene de la teoría de juegos y es el «juego del dilema prisionero». De carácter no cooperativo, cada jugador tiene información completa; la comunicación entre jugadores es imposible o prohibida, y cada uno tiene una estrategia dominante. Dados estos supuestos, cuando ambos jugadores eligen su estrategia dominante producen un equilibrio que es el resultado menos deseado por ambos. El tercer modelo fue introducido a la teoría social por Mancur Olson en La lógica de la acción colectiva de 1965. El argumento de Olson señala que, en grupos grandes, dado que no se pueden excluir de los beneficios a los no cooperantes, la acción más racional es aprovechar los beneficios sin participar de su producción. El resultado es la aparición del gorrón, free rider.

Los tres modelos predicen la imposibilidad de la organización —a acción colectiva— y Ostrom identifica que los modelos plantean dos problemas de fondo: 1. la ausencia de incentivos para una conducta cooperativa, y 2. el interés en la obtención de beneficios individuales inmediatos. Por ello, las dos recomendaciones de política pública que parten de esta óptica comparten el problema de considerar que los individuos son incapaces de modificar su comportamiento y que el cambio institucional —o establecimiento de los incentivos adecuados para la conducta cooperativa— sólo es posible a través de factores externos.

En su crítica observa que la teoría establecida atiende sólo una variable explicativa de la estrategia maximizadora que siguen los individuos, mientras que las dos propuestas de política pública enfrentan serias limitaciones. Además de considerar un recurso perfectamente homogéneo a lo largo del tiempo, pasan por alto los «costes»de crear y mantener una entidad centralizada, o los derechos de propiedad, y de los incentivos para la cooperación; así como los factores exógenos, no sociales, que pueden alterar la distribución y uso de los recursos.

Ostrom, por su parte, argumenta a favor de la diversidad de soluciones para el cambio institucional que lleva al aumento de la eficiencia y, tras identificar casos de manejo de RUC que han resultado exitosos, señala que los individuos pueden establecer un contrato vinculante para comprometerse con una estrategia de cooperación para compartir tanto los rendimientos bajo los límites de sostenibilidad, como los costos de hacer cumplir su acuerdo. Por lo tanto, identifica que los problemas que enfrentan los apropiadores de RUC son de dos clases generales: de apropiación y de provisión o suministro. El primero tiene que ver con los límites de la asignación del recurso, pues una adecuada asignación conlleva la reducción de la incertidumbre y el conflicto; mientras que el segundo tiene que ver con los efectos de las muy diversas maneras de asignar responsabilidades para construir, restaurar o mantener el sistema de recursos. Estos problemas se resuelven a través de las normas, reglas o instituciones que son mecanismos importantes para la sostenibilidad de RUC. Es en este sentido que la autora argumenta que son los apropiadores locales, y no un agente externo, quienes poseen la mejor información para diseñar las normas de apropiación y de provisión.

Esta sección es concluida por la autora con la observación de que los casos exitosos de manejo de RUC han sido poco estudiados y no son la excepción a la regla, sino el sustento para la revisión de los modelos teóricos establecidos. Ello conduce al argumento de que cuando las predicciones teóricas y las observaciones empíricas son incompatibles, entonces se requieren ajustes a la teoría.

LOS ESTUDIOS DE CASO

En el capítulo tercero Ostrom presenta estudios de caso en los que la acción colectiva de apropiadores de RUC no toma la forma del juego del dilema de prisionero. Los casos presentados tienen la finalidad de ser el sustento empírico de una explicación sustantiva acerca del equilibrio institucional a largo plazo. Documenta RUC que han sido administrados de manera colectiva y exitosa por un periodo de más de cien años. Los casos que aborda son instituciones de tenencia comunal en las praderas y los bosques de las altas montañas —Törbel, en Suiza, y Hirano, Nagaike y Yamanoka en Japón—; así como instituciones para regular la irrigación —el sistema de canales Benacher y Faitanar, en Valencia; la presa Tibi, de Alicante, y las zanjeras de Filipinas.

La autora encuentra que existen cuatro semejanzas fundamentales en las instituciones establecidas: a) todas enfrentan ambientes inciertos y complejos; b) las poblaciones son estables y, por tanto, sus tasas de descuento son bajas; c) se ha desarrollado una vasta normatividad que define el comportamiento correcto, y d) cumplen con el criterio de «fortaleza institucional» que Ostrom retoma de Shepsle; es decir, se han creado y modificado reglas operativas a lo largo del tiempo de acuerdo con un conjunto de reglas de elección colectiva y constitucional.

El argumento explicativo es que la supervisión resulta clave en el éxito del manejo de esos RUC; ya que aquella conduce a compromisos creíbles. No se trata de cualquier supervisión, sino de sistemas de incentivos a los individuos que detectan violaciones. La supervisión produce así tanto beneficios

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