Social control

El control social se produce y garantiza políticamente, a través del Estado. Precisamente, es la fuerza del poder político la que le permite al Estado producir las categorías filosóficas, la territorialidad y la representación social, con el fin de legitimar el orden consensual y/o coactivo. Al concentrarse en el Estado el uso y control político de la fuerza, los ciudadanos se deben subordinar a éste. Lo que se auspicia, precisamente, es una despolitización del espacio público donde debería estar presente la ciudadanía en su libre participación con respecto al Estado. Esto significa que la ciudadanía no será capaz de acceder al poder político si no revierte la fuerza social políticamente contenida o represada por el Estado. El resultado es una permanente conflictividad entre “fuerzas” que se anulan o entran en contradicción. No es suficiente formar parte o reconvertir la hegemonía de los poderes del Estado, se trata de su efectiva superación; y sólo eso es posible a través de una insumisión ética por parte de la ciudadanía. Es decir, la construcción de valoraciones acerca de la justicia, el bien y la vida pública donde todos tengan un reconocimiento a la dignidad e igualdad en su condición de seres humanos y ciudadanos de un Estado de derecho. Estos valores al cumplirse normativamente producen un orden de obediencia y respeto basado en una ética pública y cívica, pues son de cumplimiento exhortativo, reflexivo, consensuado, a favor de prácticas políticas, sociales y económicas, que deberían hacer una interpretación del uso de la fuerza a partir de un principio ético que considere el valor de la fuerza como un proceso de liberación y no de represión. Quizás aquí radica la principal característica de los poderes del Estado en las democracias representativas, pues conculcan los contenidos éticos de la ciudadanía y sus praxis políticas emancipatorias. Palabras clave: Insumisión, ética, poderes, Estado.

ABSTRACT

Social control is produced and guaranteed politically through the State. Precisely, it is the force of political power what allows the State to produce the philosophical category, the territorial order and the social representation, with the goal of legitimizing consensual and/or coactive order. When the political use and control of force is concentrated in the State the citizens must subordinate to it. What is sponsored, precisely, is the depolitization of public space where citizenship is found present in its free participation in regards to the State. This means that the citizenship will not be able to access political power if it does not revert the social force politically contained and repressed by the State. The result is a permanent conflict between “forces” which annul or contradict themselves. It is not sufficient to form part or restructure the hegemony of the power of the State; it is necessary to effectively supersede it. This is only possible through an ethical insubordination from the citizenship’s behalf. This is to say, the construction of value judgments about justice, the good and the public life wherein all have recognition to dignity and equality in their condition of human beings and citizens in a State of Law. These value judgments, when met normatively, produce an order of obedience and respect based on a civic and public ethics. They are of exhortative, reflexive, and consensual compliance, and in favor of political, social and economic practices that consider the value of force as a process of liberation and not of repression. Perhaps it is here that lays the great flaw of citizenship and its politically emancipatory praxes. Key words: Insubordination, Ethics, Powers, State.

Para

Jesús A. Díaz Labarca:

Un discípulo que aprendió a filosofar

con la praxis de la crítica….

Crítica al poder y la eticidad del Estado moderno.

En el Estado moderno se define la concepción de poder, a partir de la fuerza inherente del poder para institucionalizarse en términos jurídicos y políticos[1]. A diferencia de los tipos de Estados precedentes, el pensamiento de la ilustración burguesa que tiene sus inicios con la Revolución Francesa de 1789, considera que el ejercicio público de las libertades ciudadanas requiere de un orden que las contenga y las regule de acuerdo a los fines de la política del Estado. Es decir, que el Estado cumple un rol constituyente del poder en la medida que las funciones políticas de las instituciones son respetadas y obedecidas por parte de la ciudadanía.

Este cumplimiento de la política surge y es consecuencia de un orden de leyes y de normas que prefiguran los contenidos de derechos públicos y privados insertos en las estructuras del poder político con el que se legitima el Estado en sus fueros de constitucionalidad. Resulta muy interesante y no deja de sorprender, el proceso de elaboración y producción de las leyes en un Estado que resulta ser monopolizador del poder político para la estructuración de las normas jurídicas, en su intención hegemónica por centralizar el uso o práctica del poder[2].

Participar, entonces, en la gestión y cogestión del poder implica una relación de fuerzas sociales que se sienten convocadas o alentadas por un desarrollo de las ciudadanías donde es, precisamente, el espacio de dominio de la fuerza lo que estará orientando el sentido jurídico y político de las leyes del Estado.

El presupuesto coactivo de la fuerza es lo que invade el valor de las normas jurídicas y su directo reconocimiento o aceptación en el campo de la política por parte del colectivo social. Las anteriores formas políticas del Estado de la modernidad[3], es decir, no republicanos sino absolutistas o monárquicos, se valían de una representación social de la fuerza de modo expreso y objetivo. Ninguna retórica simulaba el poder con otro valor que no fuese el de una fuerza para el dominio o el sometimiento, para la represión o coacción. Se basaban en una acción coactiva del poder en su sentido más despótico e irracional, dado que la carencia de ciudadanías e instituciones políticas para la participación democrática hacía permisible y aceptable la inexpugnable fuerza del poder del Estado.

Los remanentes de ese Estado se han mantenido de una u otra forma, en tránsito por el Estado moderno, es decir, el Estado capitalista. Nos parece que la acción central del poder como fuerza implícita y compulsiva de la ley no ha variado sustancialmente, sino, por el contrario, se ha estilizado por medio de los discursos de la retórica política a los que apela continuamente la razón moderna. Las transformaciones del Estado vienen apuntando a una concepción hegemónica del poder que estandariza los procesos coactivos de las leyes y normas jurídicas de la vida de la política.

Y esa intención de juridizar el poder en su proyección de fuerza dominante y de facto, es lo que interesa destacar en vista de las crisis de legitimidad que acechan al Estado moderno en su desenvolvimiento político, ya que es en cada momento histórico cuando la luchas por la dirección social del poder político, por parte de los sectores sociales excluidos o marginados, lo que reedita las luchas a través de otras prácticas disidentes o contestatarias inductoras del cambio institucional del Estado. Es decir, contra el orden de sumisión del poder que está contenido en el derecho.

La resistencia a este contra-poder auspicia, por supuesto, una declaración, por parte del Estado capitalista, del conjunto o universo de valores trascendentales desarrollados en torno a la justificación, la aceptación y cumplimiento de los derechos humanos que se consagran en el Estado moderno capitalista[4]. El sometimiento al derecho y las leyes es plena garantía para que los ciudadanos formados en un ambiente de prácticas políticas donde los valores que inculcan estos derechos, pueden satisfacer los intereses de la condición humana de una “ciudadanía formal” y no tanto los de la “ciudadanía participativa”.

Se produce una selección o extracción de clases sociales a las que se dirigen estos valores de ciudadanización política atendiendo a su capacidad estratégica para adherir los “valores humanistas” de la hegemonía. También, por otra parte, la minimización o el repliegue de las prácticas particulares que puedan activar cada actor social con respecto a los valores dominantes que le imponen las prácticas políticas del Estado, da paso al fortalecimiento de un “reflejo ideológico” a nivel de la conciencia de clase subordinada que invalida significativamente el sentido de un proyecto emancipador emergente con suficiente impacto ciudadano como para cancelar las relaciones de dominio.

Por estas razones resulta muy difícil fracturar el status quo cuando las prácticas individuales carecen de una movilidad social que les permita responder a un desarrollo más en conjunto de las expectativas liberadoras de los otros sectores de la sociedad.

El proyecto de homogenizar y universalizar el campo de los “valores humanos” por parte del Estado moderno o nacional, se fundamenta en la construcción de una “ética universalista” que favorece el resguardo del “orden coactivo” de la política. Una eticidad cuya finalidad es la sumisión y opresión de los sujetos a través de valores universales y absolutos, sin mayor vinculación

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