Administracion pública

¿Para qué sirve un administrador público?

Archivado en: Ecos de la Costa — abelpalomerameza @ 3:53

La administración pública es una de esas profesiones que pocos saben para qué sirve. Los ciudadanos que acuden a una oficina de gobierno para iniciar, continuar o terminar un trámite tienen poco interés por saber la profesión de quien les ha atendido. Es igual que ésta persona sea abogado, administrador de empresas, economista, psicólogo o mecánico, mientras les resuelva como esperaban. Muchos administradores públicos ni siquiera entienden cuál es la utilidad de su carrera y a menudo la confunden o sublevan a la ciencia política o a la economía.

Entonces, ¿existe en realidad un perfil de administrador público que sea fiel a las herramientas que utiliza y que lo distinga claramente de otros profesionistas? La discusión está presente en todos lados y se nutre, por una parte, por quienes consideran que cualquiera puede hacer lo que un administrador público hace, sin necesidad de tener un grado escolar en ello. Por otro lado, la posición más débil posiblemente, quienes argumentan sin tesón e ideas contundentes, que el administrador público tiene su campo propio (el gobierno) y que éste ha sido invadido, a costa del bienestar de la sociedad, por aquéllas personas que sin haber decidido voluntariamente dedicarse al asunto gubernamental, llegan a él por casualidad o motivados por razones ajenas a la profesión.

Así, para aportar un poco a esa discusión, pero sin seguir la linealidad que ha tenido, enlistaré lo que al administrador público como profesionista no le interesa. Por exclusión, será posible dibujar un contorno, aunque no preciso sí visible, de lo que un administrador público es:

1. Al administrador público no le interesa la campaña política, sino la responsabilidad que llega una vez terminada. La siguiente cita de Adlai Stevenson (político estadounidense) ilustra muy bien este primer punto: “Más importante que ganar la elección está gobernar una nación. Ese es el examen de un partido político, la prueba de ácido. Cuando el tumulto y los gritos cesan, cuando las pancartas desaparecen y las luces se apagan, se encuentra la realidad de la responsabilidad”.

2. El administrador público no tiene como fin acrecentar la ganancia en términos monetarios ni busca maximizar el beneficio en función de los costos, dada la escasez de recursos disponibles. Éstas son, más bien, tareas de los administradores de empresas y de los economistas. Y, aunque el administrador público hace uso de esos principios, su fin primordial es mejorar el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos, al brindar seguridad, justicia, servicios públicos, gobernabilidad, entre otros disfrutes.

3. El administrador público, como profesionista, no está obligado a concentrarse de forma exclusiva en un área del conocimiento, como sí sucede en otras profesiones. Sin embargo, necesita conocer y entender claramente, al menos, dos cosas: (a) el proceso por el cual las políticas públicas son concebidas, diseñadas e implementadas, y (b) el contexto en el que ese proceso sucede. Es decir, cómo hacer que el ente llamado gobierno no genere cualquier política pública, sino la que se necesita, y que las organizaciones que forman a éste gobierno logren exitosamente el propósito de esa política, luchando o evadiendo los obstáculos y las restricciones que se presentan.

4. El administrador público por profesión no es el administrador público por práctica, ni viceversa. Estudiar administración pública no garantiza que la persona verdaderamente aplique los conocimientos y principios adquiridos. De similar manera, alguien que por práctica se dedica al asunto de la administración pública, sin haber pasado por una carrera que así lo acredite, se convierte en un profesional de la administración pública.

El debate y los puntos aquí mencionados son de gran relevancia para el asunto público y político de Colima. No se trata de algo académico, aunque podría servir para ello, sino de una explicación de por qué nuestros gobiernos son inútiles para generar satisfacción ciudadana bajo las circunstancias actuales. Es un tema que atañe a políticos pero también a medios de comunicación, trabajadores de gobierno y hasta al ciudadano que todos los días mantiene contacto con las agencias gubernamentales.

Administración Pública es un término de límites imprecisos que comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado1 y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local.

Por su función, la Administración Pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata.2

Se encuentra principalmente regulada por el poder ejecutivo y los organismos que están en contacto permanente con el mismo.1 Por excepción, algunas dependencias del poder legislativo integran la noción de "Administración Pública" (como las empresas estatales), a la vez que pueden existir juegos de "Administración General" en los otros cuatro poderes o en organismos estatales que pueden depender de alguno.3

La noción alcanza a los maestros y demás trabajadores de la educación pública, así como a los profesionales de los centros estatales de salud, la policía, las fuerzas armadas, el servicio de parques nacionales y el servicio postal. Se discute, en cambio, si la integran los servicios públicos prestados por organizaciones privadas con habilitación del Estado. El concepto no alcanza a las entidades estatales que realizan la función legislativa ni la función judicial del Estado.

Origen y alcances del término

La palabra administrar proviene del latín "ad-ministrare","ad" (ir, hacia) y "ministrare" ("servir", "cuidar") y tiene relación con la actividad de los ministros romanos en la antigüedad.

No obstante, el concepto de Administración Pública puede entenderse desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista formal, se entiende a la entidad que administra, es decir, al organismo público que ha recibido del poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. Desde un punto de vista material, se entiende más bien la actividad administrativa, o sea, la actividad de este organismo considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia, tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares para asegurar la ejecución

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