Cooperativas En Venezuela

LAS COOPERATIVAS DE VENEZUELA

(Material recolectado)

A partir del año 2.000 comenzó un proceso desbordado de legalización de cooperativas sin mediar procesos educativos ni proyectos productivos, promovidas por el gobierno como parte fundamental de sus misiones político-sociales. Los números que da la Superintendencia Nacional de Cooperativas son confusos: van desde un máximo de 155.000 legalizadas, pasando por 131.581, llegando a un mínimo de 118.000 cooperativas con hasta 1.500.000 asociados (generalmente cabezas de familia). Afirma que el 5.2% del empleo lo generan las cooperativas, pero se desconoce el número detallado de empleos, volumen de operaciones, capital cooperativizado, valor agregado, etc.

Sin embargo, los datos preliminares del Censo cooperativo de 2006 arroja 37.552 cooperativas (no cuentan las de la misión “vuelvan caras”, sin saberse porqué razón) lo que indica que subsiste un 28 % de las cooperativas legalizadas y han fracasado el 72% (96.480 entidades) lo que significa que 1.080.000 familias han sufrido un impacto negativo directo por la desaparición de las cooperativas que de alguna manera conformaron.

2. Características:

En términos generales, las cooperativas recientes (después del 2000) que funcionan en el país se encuentran irregularmente distribuidas dentro del territorio nacional, estando concentradas la mayor parte de ellas en algunas zonas del país (región centro-norte costera); desarrollan sus actividades económicas en el sector de los servicios (más del 75%) y poco en la producción; son de muy pequeño tamaño en cuanto al número de asociados (5 en promedio) lo que dificulta que sean consideradas como empresas verdaderamente rentables; están casi absolutamente infra capitalizadas por parte de sus asociados, dependiendo en su totalidad del financiamiento público; no cuentan con asistencia técnica efectiva, de proyectos productivos, de programas de educación y de entrenamiento profesional serios, de plan de negocios, ni de mecanismos de comercialización de sus productos; sufren de una gravísima carencia de integración entre ellas, lo que les impide ejercer la fuerza que organizadamente podrían tener; y carecen de real autonomía, dependiendo de las políticas, planes y financiamiento del gobierno, quien las utiliza para implementar sus programas de corte populista.

3. Marco legal

Aunque la Constitución de 1999 otorga a las cooperativas un marco constitucional de real avanzada, sin embargo, la ley que las rige (Ley Especial Asociaciones Cooperativas) adolece de graves errores de concepción, a saber: la forma básica de todas las cooperativas (incluidas las de obtención de servicios) está sesgada hacia un modelo cooperativo de trabajo colectivo igualitario (modelo Cecosesola, por cierto, exitoso en Barquisimeto) pero de no aceptación mayoritaria en el resto del país; se separa de los principios universales de la cooperación al aceptar sistemas de votación diferentes al personal, imponer el carácter igualitario y no equitativo de los recursos económicos y permitir el reparto de retornos en proporción al capital. Caracteriza a una entidad como cooperativa no por el cumplimiento de los principios, sino por el hecho de no tener asalariados permanentes y no distribuir entre los asociados los excedentes de operaciones con terceros, lo que –por cierto- es de incumplimiento general.

Además, el ordenamiento jurídico prohíbe a las cooperativas efectuar operaciones bancarias, actuar como entes aseguradores, manejar fideicomisos y obtener concesiones mineras y de operaciones en zonas francas, entre otras limitantes.

La Ley de los Concejos Comunales crea unos Bancos Comunales bajo la forma de cooperativas, operadores financieros de los mismos, sin la menor autonomía ni poder de decisión propio, el que está centralizado en la Presidencia de la República, y los que deberían haber adoptado la forma jurídica de fundaciones, más adaptadas a sus requerimientos.

4. Modelos cooperativos:

Podríamos decir que en la actualidad hay cinco modelos de cooperativas en el país:

a) Las tradicionales: constituyen la continuidad de las existentes antes del 2000, muchas de las cuales tienen más de 30 años funcionando y que no han experimentado cambios significativos en su actividad. Muy pocas de ellas han querido recibir financiamiento gubernamental en razón de querer mantener su autonomía e independencia;

b) Las mercantiles, también llamadas “de maletín” constituidas como migraciones de empresas mercantiles que emplean la forma cooperativa para obtener financiamiento público no reembolsable, sin proyecto y muchas veces sin garantías. Obtienen créditos por amiguismo o mediante otras formas no muy respetables que digamos;

c) Las simuladoras de cooperativas de trabajo asociado, utilizadas por empresarios tanto del sector público como empresas privadas para precarizar el trabajo asalariado y restar fuerza al sindicalismo organizado:

d) Las revolucionarias, constituidas por iniciativa de dependencias públicas de toda índole para la tercerización de la prestación de servicios de baja tecnología y de alto empleo, que constituyen verdaderos mecanismos de encuadramiento partidario de sectores populares “anteriormente excluidos”, según el lenguaje en boga;

e) En el medio agrario, cooperativas colectivas para la producción de recursos agroalimentarios de consumo básico, de rentabilidad nula y de muy corta duración, ya que son escasamente financiadas (solamente lo han sido un 15% de ellas según estadísticas públicas) y no tienen canales de comercialización propios con lo que se diluyen sus esfuerzos.

Dentro de todas ellas, ciertamente hay un número aún no determinado –aunque minoritario- que funcionan regularmente y pueden ser consideradas como verdaderas cooperativas.

5. Fomento

a) El financiamiento ha sido el eje central del fomento cooperativo por parte del gobierno, ejecutado por muy diversas entidades públicas, sin una política nacional central o unitaria, ni mecanismos o condiciones crediticias similares. En mayoría de los casos en que se obtiene el financiamiento público no se tiene un proyecto definido ni las capacidades empresariales requeridas, al punto que se podría decir que las cooperativas están siendo sepultadas en urnas de plata con paletadas de oro.

b) No ha dado el resultado esperado priorizar las cooperativas en las contrataciones que requieren los entes públicos como mecanismo de fomento, tanto porque los funcionarios muchas veces prefieren contratar con empresas privadas de su confianza, por la exigencia de condiciones imposibles de cumplir (moral y financieramente), por tratarse de contratos de corta duración y, o de menor envergadura, o por darse una competencia desleal con bienes y servicios suministrados por otras dependencias oficiales, muchas veces con productos subvencionados por el propio gobierno, cuando no importados por el mismo.

c) La participación de las cooperativas en licitaciones no deja de ser una quimera, entre otros, por la exigencia de requisitos imposibles de cumplir para la casi totalidad ellas.

d) No se han desarrollado programas adecuados y masivos de educación cooperativa, siendo los pocos instrumentados superficiales, no pertinentes, con personal docente de baja calificación y uso de recursos didácticos inadecuados. No se ha querido contar con la colaboración ofrecida de centros universitarios de comprobada capacidad y de expertos nacionales. Antes, por el contrario, se ha dado prioridad a la participación de “expertos” extranjeros con experiencias no repetibles y no se sabe a qué costo.

e) La promoción de las cooperativas ha sido apresurada en demasía, buscándose altos resultados numéricos por complacencia política, antes que la creación de verdaderas empresas asociativas. La mayor parte de los funcionarios que actuaron en ello, lo hicieron con buena voluntad y con sacrificios notables, pero sin la menor posibilidad de obtener resultados positivos, dada su nula capacitación técnica en materia de cooperativismo.

6. Control público:

La instrumentación de un efectivo sistema de fiscalización pública ha sido una de las debilidades estructurales de un verdadero desarrollo cooperativo. La Superintendencia Nacional de Cooperativas no estaba en capacidad de atender la demanda de supervisión que se le vino encima, y en los primeros 5 años del “boom cooperativo” no se adoptaron medidas tendientes a ponerla en condiciones de ejercer un mínimo sistema de control de las mismas, ni siquiera con la utilización de la infraestructura organizativa que tenía instalado el sector cooperativo a través de sus organismos de integración, utilizable como “mecanismos auxiliares de supervisión” tal y como lo contempla la ley.

Tan reducida es la capacidad de control del Estado sobre las cooperativas que según los datos suministrado por la Superintendencia para el año en curso (2.006) de 131.581 existentes, sólo 3.394 serán supervisadas, lo que representa un 2.54% de ellas. En cuanto a la Certificación de cumplimiento de las condiciones para gozar de beneficios públicos, en el año han sido otorgadas 300, lo que representa el 0.22% del total de cooperativas.

De otra parte, se puede tener dudas razonables acerca de la calificación profesional del personal de supervisión, así como de su localización geográficamente cercana a las cooperativas. En relación el financiamiento de la entidad de control, ha sido históricamente reducido, situación que –lamentablemente- no pareciera tener visos de cambiar.

7. Propuestas:

Por todo lo anterior, nos permitimos proponer a las autoridades nacionales que resulten ganadoras en el proceso

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