Credito De Fomento

La legislación financiera vigente con anterioridad a 1950 se basaba en los ortodoxos principios propuestos por la Misión Kemmerer, que limitaban el crédito de los bancos a las operaciones de corto plazo. No obstante, en esta época se crearon algunos organismos especializados en la canalización de recursos hacia ciertos sectores escogidos.

Durante este período de la posguerra, el sector real de la economía Colombiana enfrentaba grandes transformaciones; la industria requería importantes volúmenes de capital para la renovación de equipo, el ensanche de las plantas existentes y la creación de otras nuevas, con el fin de abastecer el creciente mercado interno. Algo similar ocurría con la agricultura, que iniciaba su fase de modernización con el desarrollo de cultivos comerciales. En esta situación se hacía apremiante el incremento de los recursos financieros en condiciones de plazo y costos adecuados.

Dada la magnitud de las necesidades y el escaso desarrollo del mercado interno de capitales, la labor de fomento se encomendó al banco central. La nueva concepción sobre crédito productivo vino a cristalizarse en febrero de 1950, cuando el Gobierno dictó el Decreto 384 por medio del cual se autorizaba a los bancos comerciales a otorgar préstamos hasta con cinco años de plazo, destinados a la "construcción y ensanche de obras de fomento económico", los cuales podrían ser redescontados en el Banco de la República, a una tasa de interés inferior a la fijada para las operaciones comerciales. En particular, se encontraban los créditos destinados a irrigación, pozos profundos y plantas eléctricas de industrias extractivas y agrícolas. El atractivo para la realización de estas operaciones, era el establecimiento de un margen diferencial entre las tasas de interés de colocación y redescuento. Este decreto se ha considerado como el origen del crédito de fomento en su modalidad de redescuento.

La visión de la banca central como promotora del desarrollo, quedó finalmente formalizada en el Decreto 756 de 1951, que otorga al Banco de la República, facultades para fijar parte del cupo ordinario y extraordinario y uno especial para el descuento de operaciones consideradas de fomento. Este decreto establece lo siguiente:

"(La) Junta Directiva del Banco de la República, con el voto favorable del Ministro de Hacienda y Crédito Público, podrá: a) Fijar periódicamente un cupo ordinario de crédito a los bancos afiliados, para operaciones de préstamos y descuento, teniendo en cuenta el capital y reserva legal del respectivo banco y la política que se considere más aconsejable de acuerdo con la situación económica general del momento. b) Señalar un cupo especial de crédito, que sólo se utilizará para el descuento de operaciones destinadas a determinadas actividades económicas, de acuerdo con las necesidades del desarrollo agrícola, industrial y comercial del país, pudiendo la Junta establecer entre dicho cupo porcentajes para cada una de tales actividades. c) Fijar cupos extraordinarios de crédito para casos de emergencia y con carácter temporal".

De esta manera se le otorgaron a la Junta Directiva del Emisor, todos los instrumentos legales necesarios para constituirse en la máxima autoridad crediticio, en lo que respecta a la asignación de recursos de ahorro y de emisión de la economía. Las anteriores atribuciones fueron utilizadas por el Banco de la República en repetidas ocasiones, durante los años 50 y 60, para estimular la concesión de préstamos en condiciones ventajosas para ciertas actividades.

A partir de la expedición de este Decreto, se fue ampliando el cubrimiento del crédito de fomento a los diversos sectores de la economía. Es así como en 1952 (Decreto 2482) se autorizó el redescuento de préstamos destinados a la cría y levante de ganado y en 1957 (Decreto 198) se extendió a todo el sector agropecuario. La participación de la actividad agropecuaria en el crédito de fomento fue reglamentada posteriormente por medio de la Ley 26 de 1959, que obligaba a los bancos a colocar un mínimo de 15% de sus depósitos a la vista y a término, al fomento de este sector.

Por otra parte, la década dé los cincuenta vio el surgimiento de una serie de instituciones cuya finalidad es el apoyo al desarrollo sectorial. Así, continúan creándose nuevas entidades de crédito, algunas con carácter muy especializado, como los fondos ganaderos y otras de alcance más global como son los bancos Popular, Cafetero y Ganadero, constituidos en los años 1950, 1954 y 1956, respectivamente.

Las autoridades monetarias, conscientes del peligro que representaba la financiación creciente con recursos de emisión y teniendo en cuenta que el rápido proceso de desarrollo del país requería un avance similar del sistema financiero, comenzaron a ensayar algunas soluciones y fue así como se autorizó en 1957 la creación de las corporaciones financieras, con el objeto de canalizar recursos del mercado de capitales a mediano y largo plazo, hacia sectores productivos y de participar directamente en las inversiones de estos. En 1960 empezaron a operar efectivamente estos intermediarios, cuando por medio del Decreto 2369 de ese año, se reglamentó su funcionamiento. No obstante, en breve se vieron enfrentados a un bajo nivel de captaciones que les impedía llevar a cabo, satisfactoriamente, los objetivos para los cuales habían sido creados. Ante estas circunstancias, el banco central debió intervenir, autorizando su acceso al redescuento y garantizando, frente al público, los bonos emitidos por tales instituciones.

Posteriormente y de acuerdo con los lineamientos de desarrollo enunciados por la CEPAL en el marco de la Alianza para el Progreso, el país diseñó su plan decenal de desarrollo, que formulaba la necesidad de realizar un cuantioso programa de inversiones para el cual el ahorro interno resultaba insuficiente. Con el fin de subsanar en parte esta deficiencia, la AID adquirió el compromiso de otorgar a Colombia unos créditos destinados a promover las exportaciones, eliminar cuellos de botella en la producción y sustituir importaciones. Cuando se tuvo que decidir acerca de la entidad que recibiría los préstamos y los canalizaría efectivamente hacia el sector privado, el Banco de la República fue considerado la institución adecuada. En consecuencia, la Junta Directiva del Banco autorizó la creación del Fondo para Inversiones Privadas (FIP), a través de la Resolución 11 de 1963. El FIP inició sus operaciones como un fondo de redescuento, cuyos recursos provenían, tanto de algunos créditos externos, como de la contrapartida en moneda local de otros créditos concedidos al país por los organismos internacionales.

Con la creación de la

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