Derecho Fiscal
Enviado por chelelonga • 18 de Enero de 2012 • 510 Palabras (3 Páginas) • 436 Visitas
Una clasificación útil de los principios constitucionales sería:
Artículo 5. Derecho a la libertad de actividad.
Artículo 8. Derecho de petición.
Artículo 13. Derecho a la aplicación de las leyes fiscales en forma general.
Artículo 14. Derecho a la no retroactividad de las leyes mexicanas.
Artículo 15. Derecho de ser escuchado (garantía de audiencia).
Artículo 16. Garantía de legalidad en lo referente a visitas domiciliarias.
Artículo 17. Garantía a la impartición de justicia por parte del poder judicial.
Artículo 21. Tope en la imposición de multas.
Artículo 22. No se considera confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona realizada por la autoridad judicial para el pago de impuestos y multas.
Artículo 23. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito (garantía de amparo)
Artículo 103 y 107. Garantía de amparo.
2. Artículos constitucionales relacionados con las garantías individuales en materia fiscal.
Artículo 31. Principios esbozados en el artículo 31, fracción IV.
Artículo 36. Obligación de registrarse en el catastro municipal.
Artículo 65. Revisión de la cuenta pública por pagar del Congreso de la Unión.
Artículo 70. La resolución del Congreso tendrá carácter de ley.
Artículo 73, fracc. VII. Facultad del congreso para imponer contribuciones necesarias para cubrir el gasto público.
Artículo 73, fracc. XXIX-H. Para crear tribunales específicos, como es el Tribunal Fiscal de la Federación.
Artículo 73, fracc. XXIX. Para establecer contribuciones especiales.
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, discutir y aprobar en su caso el presupuesto de egresos.
Artículo 89, fracc. I. Es facultad del poder Ejecutivo expedir lineamientos necesarios (reglamentos de las leyes) para su exacta observancia.
Artículo 92. Es facultad del Ejecutivo el refrendo de las leyes fiscales.
Artículo 94. Este artículo da origen a la jurisprudencia.
Artículo 102. Función del ministerio público como parte actuante, en caso de defraudación fiscal.
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