FINANCIARIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA SUBNACIONAL Y SUS IMPLICACIONES EN EL GASTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MÉXICO

 FINANCIARIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA SUBNACIONAL

Y SUS IMPLICACIONES EN EL GASTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MÉXICO. 

La Deuda Subnacional es un instrumento de política económica que ha proliferado en los últimos años, derivado de las reformas en los marcos regulatorios de las entidades federativas y del mayor requerimiento de recursos para la gestión pública estatal, aunada a mayores participaciones federales que posibilitan mejores oportunidades de contratación de crédito, al quedar como garantía o fuente de pago.

Para la realización de las diversas actividades públicas de los gobiernos locales, los recursos financieros son de vital importancia, ya que deben realizar erogaciones destinadas a llevar mejores y mayores satisfactores a la población, y como consecuencia deben obtener los medios suficientes para estar en posibilidad de ofertarlos.

Los egresos y los ingresos constituyen los dos ciclos fundamentales de las finanzas públicas, donde por supuesto está inmerso el endeudamiento. Cuando los ingresos son mayores que los gastos existe un superávit público, es decir, el gobierno cuenta con un ahorro que se puede canalizar a incrementar la inversión. La situación contraria se da cuando los gastos del gobierno son mayores a sus ingresos provocando un déficit público.

Es indiscutible que la deuda pública es un instrumento generoso, que permite a los gobiernos locales no detenerse en sus programas y proyectos de trabajo, limitados casi siempre por los ingresos ordinarios de sus finanzas públicas. Lo cuestionable no es la contratación de deuda, sino  el destino o aplicación de los recursos, pero más aún, el uso recurrente de la deuda pasando por alto parámetros de solvencia y sustentabilidad financiera, a la luz de un marco regulatorio que da holgura tanto en su justificación como en su garantía, situación que es aprovechada por algunos gobernantes para matizar sus debilidades financieras, producto de un manejo ineficaz de sus haciendas públicas.

En el ámbito de las finanzas públicas, la deuda pública es fuente de recursos que se utiliza reiteradamente para financiar el déficit público, pero como deuda es generadora de cargas de interés que deben cubrirse durante el periodo de la amortización de la deuda.

Cierto es que la deuda pública interna se ha convertido una válvula de escape para algunos gobiernos locales, intensificando su uso tanto en momentos de presión política, económica y social, incluyendo aquellos periodos de corte electoral.

Se habla reiteradamente de la proporción que existe entre la deuda pública interna y el Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE), sobre todo cuándo se trata de minimizar su proporción, argumentando que ello no pone en peligro la estabilidad de las finanzas públicas federales, quien a final de cuentas es quien garantiza los pagos de manera indirecta, como si de manera automática cada peso contratado vía deuda subnancional, tuviera un impacto directo en la generación de la riqueza de los estados, tal vez eso sucedería en condiciones de mayor certidumbre y transparencia financiera, pero nuestra realidad mexicana es distinta a la de otros países.

Si bien es cierto, para algunos países la proporción de la deuda pública interna en relación con el PIBE es mayor a la de México, también lo es la eficiencia de manejo y la aplicación de los recursos, pero sobre todo la estructura de sus finanzas públicas, en donde tienen una composición que les permite hacer contrataciones de recursos extraordinarios, al depender menos de los recursos transferidos de sus esferas superiores de gobierno,  caso distinto al de nuestro país, en el que de acuerdo a esquema fiscal actual,  más de un 90% de los recursos que sostienen los erarios estatales provienen de la federación.

   Si a lo anterior sumamos que la banca comercial ha ampliado los créditos otorgados y las garantías de pago se han diversificado, ya que, además de las participaciones federales, la deuda de las entidades federativas se garantiza con impuestos, así como con derechos o flujos de los activos financiados con estas operaciones crediticias; adicionalmente, se han utilizado nuevas fuentes de recursos como las emisiones bursátiles, todo lo cual resta margen de gestión presupuestaria a los gobiernos locales.

Cierto es que el endeudamiento constituye una fuente de liquidez en casos de emergencia que, de no disponerse, podría generar mayores costos económicos y sociales, luego entonces la deuda es un instrumento que puede ayudar a promover crecimiento y bienestar, si se usa para financiar inversiones de alto impacto económico y social, siempre y cuando se preserve la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera. 

Es evidente que, en algunas entidades del país, las políticas de endeudamiento exceden las capacidades reales de generación de flujos de efectivo, para cubrir el servicio de la deuda, sea porque indiscriminadamente recurre al crédito, o porque se destina a inversiones no recuperables -a gasto corriente o pago de la deuda-. En términos generales, se comprometen en exceso los ingresos futuros, estableciendo una creciente carga para las generaciones por venir, incurriendo reiteradamente en un círculo vicioso de la deuda, lo que constituye un factor de desequilibrio en la situación financiera de la entidad endeudada. 

Lo anterior implica que la deuda adquirida, se destine a refinanciar vencimientos próximos sin reducir de manera significativa el saldo acumulado, esto a costa de la inversión en los proyectos de infraestructura básica o proyectos productivos, que impulse la economía de la entidad.

Si partimos de que el endeudamiento tanto a nivel nacional como subnacional, deberá estar dirigido únicamente al financiamiento de inversión productiva o bien a enfrentar contingencias presupuestarias temporales como se estipula en los Artículos 73 y 117  de nuestra Carta Magna. Lo que implicaría que el endeudamiento bien utilizado permitiría ampliar la capacidad productiva de un país o una entidad, así como las posibilidades de gasto de las mismas.  

Lo cierto es que el sobreendeudamiento que registran muchas entidades federativas, ha tenido como consecuencia un importante ajuste en la capacidad de gasto público en otros servicios distintos al servicio de la deuda,  lo que ha provocado momentos de inestabilidad financiera, que pone a las entidades ante la presencia de un círculo vicioso difícil de romper.

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*Información al primer trimestre del año

                         Fuente: Elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

                                       con información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP

El proceso de mayor endeudamiento de varias entidades federativas, se enmarca en un escenario en el que predominan la fragilidad de las finanzas públicas, un débil crecimiento y el impacto de la crisis económica internacional, lo que hace más evidente que el problema no sea un asunto de mayor dinero, sino de visión de desarrollo que conlleve a la  implementación de un modelo de programas reales, que atiendan los reclamos más sentidos de la población como la generación de ingresos mediante la creación de empleos, que reactive la demanda y con ello una mayor rotación del flujo económico de la entidad.

Dada las circunstancias fiscales de nuestro país, es de suma importancia conjugar el eficiente manejo de la deuda pública interna que afecte lo menos posible a las finanzas públicas locales, o bien que su contratación incluya la visión del riesgo calculado, de tal manera que se evite pasar de una herramienta generosa, a una que provoque inevitablemente  un círculo vicioso, por no contemplar la generación de flujos de efectivo futuros y considerar los parámetros e índices de solvencia financiera.

Hoy en día el problema del sobrendeudamiento en las entidades del país más allá de su capacidad financiera  y  el alto costo del servicio de la deuda, siguen siendo  dos temas presentes en la agenda nacional. Mucho se ha escrito respecto a su evolución a nivel federal, como se expone más adelante, destacando el papel que juega el primero como instrumento de política económica para el desarrollo económico de las sociedades.

No obstante a lo anterior, cuando se trata de dilucidar las implicaciones del proceso de la financiarización en el gasto público y a partir de él diseñar una propuesta de gestión de la deuda subnacional particularizada  a la realidad mexicana, como se pretende efectuar en la presente investigación, nos encontramos ante un reto interesante, toda vez que se adolece de estudios contundentes, que demuestren las implicaciones de la financiarización en la gestión presupuestal de los gobiernos locales, pero más aún, el planteamiento de una propuesta que permita romper con inercias y vicios en el manejo de la deuda pública interna.

Lo cuestionable no es la contratación de la deuda, sino el costo que implica su servicio cuando su aplicación resulta poco efectiva a favor de los gobernados, más aun cuándo se desvanece y desvirtúa en manos de quienes sólo aprovechan el marco jurídico para su negociación y aplicación arbitraria, alejándose en el verdadero sentido y espíritu de su contratación.  

No se trata de  ir en contra de lo establecido por la teoría económica, respecto a reducir el gasto público e incidir negativamente en el efecto multiplicador dañando a la economía en su conjunto, sino que el costo que se desprenda de la contratación de deuda, se justifique plenamente precisamente por su aplicación en programas de inversión en proyectos y programas de alto impacto social en beneficio del crecimiento económico y prosperidad  de las entidades federativas.

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