Gobierno de las empresas publicas

Estándares de GC para entidades publicas

1. Marco Jurídico y Regulatorio: creado con el fin de garantizar la igualdad de condiciones en los mercados donde compiten las empresas del sector público y evitando además distorsiones en el mismo. Para garantizar este marco es necesario contar con:

1. Separación clara de la función de “propiedad” del Estado y las demás funciones de este que influyen o pueden influir sobre las condiciones para las empresas públicas como la regulación del mercado.

1. Simplificación por parte del gobierno a las practicas operativas y el régimen jurídico con el que funcionan las empresas públicas.

1. Una regulación que establezca claramente cualquier obligación o responsabilidad que se exija a las empresas públicas en términos de servicios públicos. Las cuales, junto a sus costos debiesen ser de conocimiento de la opinión pública.

1. Las empresas públicas no debiesen estar eximidas de la aplicación de leyes y regulaciones generales

1. La flexibilidad adecuada para que se realicen ajuste a la estructura de capital de las empresas publicas cuando estos resultan necesarios para la consecución de objetivos de la propia empresa.

1. La relación de las empresas públicas con bancos, instituciones financieras y otras empresas publicas debiese estar basada en términos estrictamente comerciales.

1. Actuación del Estado como propietario: el cual debe ser informado y activo, estableciendo además una política de propiedad clara y consistente, que garantice que el GC de las empresas públicas es realizado en forma transparente y responsable, a un nivel de profesionalismo y efectividad adecuado. El estado por lo tanto debería:

1. Desarrollar una política de propiedad que se encargue de definir los objetivos generales de la propiedad estatal, el papel a desempeñar por el Estado dentro del GC de las empresas públicas y la forma en que se llevara a cabo esta política.

1. Dar completa autonomía en el ámbito operativo a las empresas públicas, para que estas puedan alcanzar sus objetivos.

1. Permitir a los Directores de las empresas publicas ejercer sus responsabilidades respetando su independencia.

1. Centralizar la función de propiedad a fin de que la administración del Estado tenga internalizado sus derechos de propiedad y por tanto los ejerza. Una alternativa para lo mencionado anteriormente sería establecer una entidad de coordinación.

1. Ser responsable ante órganos de representación (Ej: Parlamento) y mantener bien definidas sus relaciones con organismos públicos relevantes, lo que incluye a aquellas que son contraloras del Estado. En caso de que exista una entidad coordinadora, ésta debe desempeñar la función antes mencionada.

1. Ejercer sus derechos de propiedad acorde a la estructura jurídica de cada empresa. De lo anterior se desprenden las siguientes responsabilidades:

1. Estar presente en las juntas generales de accionistas y votar las acciones del Estado.
2. Crear procesos bien estructurados y transparentes para la nominación de nominación del Directorio en las empresas públicas donde el Estado sea el accionista mayoritario y participe activamente de las nominaciones de Directorio.
3. Establecer sistemas de divulgación que permitan el seguimiento y evaluación del desempeño la empresa pública.
4. Mantener dialogo continuo con los auditores externos y los órganos de control del Estado, todo esto cuando el sistema legal y el nivel de propiedad así lo permita.
5. Promover el interés y motivación de Profesionales calificados hacia el Directorio de las empresas publicas mediante planes de remuneración.

1. Tratamiento equitativo de Los Accionistas: reconociendo los derechos de estos y garantizando acceso igualitario a la información corporativa, tanto por el Estado como por las empresas públicas. Para que esto pueda ser aplicado es necesario que:

1. El estado o la entidad coordinadora y las empresas públicas garanticen un trato equitativo a todos y cada uno de los accionistas.

1. Las empresas públicas mantengan un alto nivel de trasparencia, el cual debe ser el mismo para cada uno de los accionistas.

1. Se desarrolle una política activa de comunicación y consulta para todos los accionistas por parte de las empresas públicas.

1. Se facilite la participación de accionistas minoritarios en las juntas generales de accionistas para que puedan de esta forma ser partícipes de decisiones altamente relevantes de la empresa, como lo es la elección del Directorio.

1. Relaciones con Stakeholders: por parte de las empresas públicas, que deben ser reconocidas y fortalecidas por la política de propiedad del Estado y que además permita pedir información sobre tales relaciones. Para la correcta y adecuada gestión de las relaciones de las empresas públicas es necesario que:

1. El gobierno, la entidad propietaria (El Estado) o coordinadora y las empresas públicas hagan reconocimiento y el correspondiente respeto de los derechos de los stakeholders, derechos que pueden ser creados por ley o por mutuo acuerdo.

1. Toda empresa púbica que esta listada en la Bolsa o que posee gran tamaño, al igual que aquellas dedicas a objetivos importantes dentro de la política pública, informen sobre sus relaciones con Stakeholders.

1. Se exija a los Directores de las empresas públicas que desarrollen, hagan efectivos y comuniquen programas de cumplimento de códigos éticos de carácter interno. Los cuales deberían estar basados en la normativa del país, con especial ajuste a los compromisos internacionales y que deberían ser aplicados a la empresa y sus correspondientes filiales.

1. Transparencia y Divulgación: en las empresas públicas y a un nivel elevado, que esté en plena conformidad a los Principios de la OCDE sobre GC. Para lo cual es necesario que:

1. El estado o la entidad encargada de la coordinación desarrolle información que sea consistente y asociada a las empresas públicas, adicionalmente se debería publicar un informe adicional sobre las mismas.

1. Las empresas públicas desarrollen procedimientos de auditoria interna y creen una función de auditoria interna que sea monitoreada por el Directorio y el comité de auditoría (o un órgano societario independiente), de los cuales tenga plena dependencia.

1. Las empresas públicas deben ser sometidas a auditorías externas anuales basadas en los estándares internacionales (con especial énfasis en aquellas de gran tamaño). Lo anterior debe ser aplicado sin importar la existencia de procedimientos de control estatales.

1. Se exija los mismos estándares contables y de auditoria de las empresas listadas en la SVS a las empresas públicas. Las empresas públicas listadas en la SVS debieran revelar información financiera y no financiera acorde a lo solicitado por los estándares internacionales.

1. Las empresas públicas revelen información de gran importancia acorde a los “Principios de la OCDE sobre GC”, la cual se centre en las áreas de importancia para el Estado y público general. Algunos ejemplos de esto son: Declaraciones dirigidas al público general sobre los objetivos de la empresa y su grado de cumplimiento, ayudas financieras recibidas por el Estado y los compromisos asumidos por la empresa pública.

1. Responsabilidad de los Directores: contar con la autoridad, competencia y objetividad suficientes, las cuales permitan la realización de las funciones de guía estratégica y supervisión de la administración, lo que demanda que los Directores actuen íntegramente y asuman la responsabilidad por sus acciones. Adicionalmente es necesario que los Directores asuman las siguientes responsabilidades:

1. Ser plenamente responsable ante los propietarios, actuar acorde a los intereses de la empresa y tratar equitativamente a los accionistas.

1. Realizar las funciones supervisión y guía estratégica a la administración, sujeto plenamente a los objetivos que el gobierno y el Estado han establecido. Esto demanda que los Directores tengan la facultad de nombrar y cesar al Gerente General.

1. Ejercer un juicio objetivo e independiente.

1. Crear mecanismos que garanticen la representación efectiva del personal en el Directorio cuando la legislación así lo requiera.

1. De ser necesario, los Directores de empresas públicas deben constituir comités especializados que ayuden al pleno del Directorio en el desempeño de sus funciones, destacando las de Auditoría y gestión del riesgo.

1. Realizar una evaluación anual de su desempeño.

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