La corrupción administrativa

INTRODUCCIÓN

La corrupción administrativa no es un fenómeno novedoso ni exclusivo de unos pocos actores políticos y económicos que hacen vida en una sociedad o comunidad, no obstante como en toda sociedad que ha cedido sus derechos de representación, es el Estado su principal actor, no solo por la cantidad de recursos que maneja y su deber de que la administración de los mismos se realice de forma transparente y eficiente, sino por la responsabilidad que tiene de erradicar este flagelo de su propia actuación dentro de la gestión de gobierno y a la par garantizar que la misma no sea ejercida por otros actores dentro de este gran concierto.

Esta garantía de erradicación del flagelo de la corrupción, se da inicialmente por la creación de marcos jurídicos pertinentes en la materia, así como el diseño de mecanismos de real aplicación de tales leyes y ordenamientos jurídicos, el seguimiento y control de las acciones que de ella se deriven, así como la reducción de la discrecionalidad con que la misma es aplicada.

En ese sentido, desde la adopción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, se generó todo un entramado jurídico orientado no solo a garantizar el ejercicio real de los derechos y deberes allí establecidos, sino a reestructurar mediante la actualización de algunas leyes ya existentes la dinámica establecida en años anteriores donde se buscaba solo mantener el estado existente de las cosas, de manera nada inocente e ingenua, sino con la intención obvia de garantizar la obtención de beneficios de unos pocos en detrimento de los más desfavorecidos.

Así las cosas, la instauración del nuevo Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, requería una necesaria transformación en las estructuras públicas, a objeto de que las mismas respondieran a la nueva realidad política, social, ideológica  y económica del país; para ese primer gran cambio se crea en el año 2001 la Ley Orgánica de la Administración Pública, que fue posteriormente actualizada, en el año 2009, mediante la publicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, con el fin de regular la actuación, organización y funcionamiento de la misma, bajo unos principios de legalidad, economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, transparencia, entre otros, con la finalidad de regular los compromisos de la gestión de gobierno y establecer un sistema de seguimiento, control y evaluación de la misma.

Justamente bajo esos principios y el establecimiento de ese marco normativo se derivan una serie de procedimientos que aun estando de alguna forma vinculados a este gran paraguas, tienen su dinámica y regulaciones propias, tal es el caso de la Administración pública en su actividad contractual, que será el objetivo principal de este ensayo, bajo un análisis de la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas (2010) que busca entre garantizar el correcto manejo de los fondos públicos, de forma que priven los intereses del Estado.  

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