PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SU RELACIÓN CON LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA

Según la sentencia ACU-1016 del 18 de noviembre de 1999, con MP María Elena Giraldo Gómez, establece que la definición de la función pública “es toda actividad ejercida por los órganos del Estado para la realización de sus fines y, excepcionalmente, por expresa delegación legal o por concesión, por parte de los particulares”, es por esto, que los organismos que realizan esta función deben encaminar a que sus actuaciones velen por el interés general.

Por otra parte, el legislador desarrollando la principal de sus funciones, esto es la producción de las leyes, ha velado porque las normas que regulan esta función, vayan encaminadas a cumplir con el interés general, un buen ejemplo de lo afirmado es la Ley 909 de 2004 (Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, la cual en su artículo segundo reguló que la función pública se regirá por los principios de la igualdad, la moralidad, eficacia, economía, transparencia, celeridad y publicidad, también está el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la que partiendo del artículo segundo, aclaró que la parte primera de este código será aplicable a todos los organismos y entidades que hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, a los órganos autónomos e independientes y a los particulares cuando desempeñen funciones públicas; para de esta manera concordar con el artículo tercero, que dichas autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en el mismo y en leyes especiales.

Adicional a los principios anteriormente mencionados, se encuentra el de mérito, que hace referencia a las calidades personales y de capacidad profesional que deben tener quienes desarrollan función pública, es por esta razón que existen procesos de selección, este último está enlazado con el principio de eficacia, en virtud de que, si no se escogen los funcionarios adecuados para desempeñar la función, podría desencadenar en el incumplimiento de la actividad asignada. Quienes ejercen la función pública, al igual que todos los ciudadanos, son regulados por la ley, sin embargo, tienen una responsabilidad adicional limitada por la Carta Política que los obliga a pensar en el interés general antes que el particular, por lo que deben ser cuidadosos con las decisiones que toman, en la aplicación de las normas para desarrollar la actividad que les compete y deben actuar de buena fe; en concordancia con lo anterior debe haber integridad, transparencia, idoneidad, moral y ética profesional, con el fin de que sus actuaciones no se vean viciadas por intereses particulares, ni que encaminen las mismas a objetos distintos para los que fueron constituidas.

En cuanto al principio de igualdad, en donde las autoridades que desarrollan función pública deben garantizar un mismo trato y protección a las personas e instituciones, debe tenerse en cuenta que esto se puede ver afectado por intereses particulares, en virtud de que en algunos casos los funcionarios pueden sesgar sus decisiones para beneficio propio o de terceros, lo que llevaría a desviar el fin de su función.

Ahora bien, podría cuestionarse ¿Qué relación tienen estos principios con el tema de la corrupción?, para responder a este interrogante, en primer lugar, es necesario definir que es la corrupción, al respecto el Consejo de Estado en Sentencia del 10 de agosto de 2015 con ponencia del doctor ÁLVARO NAMÉN VARGAS [Radicado número: 11001-03-06-000-2015-00118-00(2260)] afirmó que “la corrupción es una de las principales amenazas contra los Estados, toda vez que vulnera los cimientos sobre los cuales se estructura la democracia, generando graves alteraciones del sistema político democrático, de la economía y de los principios constitucionales de la función pública; también la corrupción reduce la confianza de los ciudadanos en el Estado, afecta la legitimidad de las decisiones del gobierno y su funcionamiento, generándose la apatía y el desconcierto de la comunidad”. En la mencionada decisión la alta corporación hace alusión al Documento CONPES 167 de 2013 (Estrategia nacional de la política pública integral anticorrupción) en el que se entiende la corrupción como “el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos o privados con poder e incidencia en la toma de decisiones y la administración de los bienes públicos”.

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