Producción, consumo y tráfico de estupefacientes: ¿Una problemática sin solución?

Nombres: Julieta Vega Gutiérrez, Juan Felipe Rey Camacho y Sofía Suárez Correa.

Producción, consumo y tráfico de estupefacientes: ¿Una problemática sin solución?

Colombia, al igual que otros países a lo largo del mundo, goza de un sistema jurídico que no tiene claridad sobre qué parte de la controversia relacionada con el tráfico de drogas es la que realmente afecta a la sociedad; y en su afán de abordar de manera adecuada la problemática, implementa un régimen insuficiente para combatir la cuestión. Este texto busca responder a la pregunta: ¿Hasta qué punto el excesivo castigo de las conductas secundarias que se desprenden del tráfico de drogas y la ineficacia de las medidas que usa para controlar dicho tráfico, se presentan en la realidad colombiana y qué efectos tienen en el ordenamiento nacional?, Esta cuestión se abordará tomando como referencia el texto de Peter Alldridge, titulado Dealing with Drug Dealing.

Cabe mencionar que, desde sus inicios, la sociedad humana se ha caracterizado por tener una constante lucha de polos, donde la oposición se ha vuelto el pan de cada día a la hora de organizar y determinar el rumbo de sus miembros. Es por esto por lo que cada vez que surge una problemática que enfrenta las diferentes morales y pensamientos de la sociedad, se torna complicado encontrar una solución que satisfaga completamente el problema; una de estas controversias es la ya mencionada criminalización de los delitos relacionados con la droga. Al adentrarse en este mundo, el punto central empieza a volverse difuso, y una serie de ramas comienzan a tomar importancia a la hora de legislar sobre las drogas. Pues realmente el sistema jurídico no tiene claridad sobre qué parte de esta controversia es la que afecta a la sociedad y en su afán de abordarlas todas, implementa un régimen insuficiente para combatir el problema.

La primera de estas ideas es la concentración en castigar las conductas derivadas en lugar de concentrarse en una sola conducta central; esto ocurre principalmente por la interacción de las fuerzas del mercado y la criminalización, que altera la calidad moral del acto de suministrar drogas, aumentando significativamente su ilicitud (si es que es ilícita) o haciéndola ilícita (si no lo es). De ello se desprende que, aunque el derecho penal es un medio para aplicar normas morales mediante la clasificación de las conductas, también puede afectar a la ilicitud de los comportamientos, incluso para aquellos que no creen que la orden penal tenga necesariamente fuerza moral.

Partiendo del hecho de que, el derecho penal estudia el comportamiento humano para, a partir de normas de sanción, tipificar los delitos contra los bienes jurídicos, es importante mencionar que, en cuanto al tráfico de drogas, según Alldridge (1996), puede ser entendido bien sea como una forma de delito incipiente contra la persona o como una forma de complicidad en la autolesión del consumidor, cuya prohibición puede darse tanto por motivos paternalistas como morales. En este sentido, cabe mencionar que el problema en lo que concierne al suministro de drogas es que, por un lado, se dedican muchos recursos a la cuestión del tráfico de drogas y, por otro lado, que no se encuentra claro lo que está mal, por lo tanto, se dificulta la tarea de controlar racionalmente la circulación de algunas drogas y a su vez la forma en que se puede graduar la gravedad de ello.

        Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la sociedad colombiana tiene un carácter tradicionalmente religioso, por lo que juega un papel de suma importancia la moralidad del acto de lo que el tráfico de drogas implica; lo cual resulta de gran incertidumbre para sus habitantes la poca claridad existente en la sociedad respecto del tema. Asimismo, el tráfico de drogas al tratarse de una actividad que implica la participación de varios actores en cuanto a lo que tiene que ver con la siembra, la producción y comercialización de la droga, hace que como consecuencia se incremente su ilicitud en la medida en que todo el proceso requiere activamente de varias personas para que el producto pueda darse y entregarse efectivamente a los diferentes compradores; debido a que no se puede realizar todo de forma visible e implica el manejo de varias actividades que no son vistas correctas moralmente. (Min Justicia. 2018)

Sin embargo, por otra parte, se considera que la criminalización per se no altera la posición moral así la criminalización de las drogas da lugar a otros comportamientos delictivos, no solo provenientes de los compradores sino también desde los vendedores (Alldridge, 1996. pg. 16). De hecho, es esta misma moral dividida sobre el tratamiento de las drogas la que impide que las medidas que se toman resulten efectivas a la hora de combatir los comportamientos delictivos, pues dicha indecisión es la que genera un aumento en la cantidad de crímenes consecuentes en lugar de tratar el problema de raíz.

Habiendo abarcado la primera problemática expuesta por el texto de Peter Alldridge, es pertinente pasar a la segunda idea principal seleccionada para el desarrollo del presente trabajo. Esta segunda idea central consiste en el aumento de los delitos relacionados con estupefacientes en la sociedad; y cómo este fenómeno de aumento se puede ver explicado entendiendo que el sistema penal no ha respondido correctamente al aumento de casos, y no ha logrado encontrar procedimientos o regulaciones más eficientes que logren atacar al problema desde el núcleo, en vez de atacar desde puntos secundario como lo hace ahora.  

En el texto, el autor aclara que el problema de estupefacientes resulta realmente complicado de tratar. Sin perjuicio de lo anterior, plantea posibles soluciones, tal como lo es la de atribuirle poderes especiales a la policía y demás autoridades para poder controlar este tipo de delitos y aminorar los efectos que producen en la sociedad este tipo de drogas. No es la primera vez que se discute la posibilidad de otorgarle estos poderes especiales, señalando también las puertas que abriría a la hora de facilitar el control de las autoridades sobre los diferentes delitos, permitiendo agilizar el trámite judicial y descongestionando el sistema carcelario; sin embargo, entraría a actuar la ponderación de derechos civiles en estos actos.

Ahora bien, haciendo la relación de la idea con la realidad colombiana, se puede observar que tal y como se describe en el capítulo escrito por Peter Alldridge, en Colombia gran parte de la población carcelaria también está allí por delitos relacionados con el expendio, porte o consumo de estupefacientes. De acuerdo con el texto de Libardo José Ariza (Ariza, 2011), en Colombia las personas recluidas o privadas de la libertad a causa de delitos relacionados con el narcotráfico han ocupado históricamente el tercer lugar en términos del porcentaje de ocupación en las cárceles del país; siendo superado únicamente por los delitos contra la vida y la integridad, y delitos contra el patrimonio económico.

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