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Colombia es un país lleno de contradicciones. La presencia de una población mayoritariamente devota a la iglesia católica, contrasta con la situación de violencia. Por otra parte, mientras el aborto está penalizado en todas las circunstancias, las estimaciones más conservadoras hablan de 200.000 abortos al año y otras llegan a afirmar que en Colombia suceden alrededor de 400.000 abortos inducidos anualmente 1. Así es, puesto que las leyes colombianas han permanecido estáticas, penalizando el aborto en todas las circunstancias desde 1936. Esta situación ubica a las mujeres en Colombia, dentro del 0,4% de la población mundial que vive en países donde el aborto está totalmente prohibido, mientras que el restante 99,6% de la población se encuentra en países donde el aborto está permitido, al menos para proteger la vida de la mujer.

Con Colombia sólo dos países más en América Latina comparten ese deshonroso lugar prohibiendo el aborto en todos los casos: Chile y El Salvador. El gobierno colombiano y los y las legisladoras colombianas han hecho caso omiso de las múltiples convenciones y tratados internacionales en los que se le ha recomendado a Colombia revisar la penalización absoluta del aborto. A esta situación de ilegalidad, se suma la realidad del aborto como un problema de salud pública que durante más de una década ha ocupado entre la segunda y tercera causa de muerte materna en el país. Según estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los embarazos que terminan en aborto corresponden al 16,0% de las causas de muerte materna 2. El estudio La Incidencia del Aborto Inducido en Colombia muestra que el 22,9% de todas las mujeres encuestadas entre 15 y 55 años declaró haber tenido por lo menos una experiencia de aborto inducido y afirma que aunque el riesgo de aborto es alto para todos los grupos de edad "una joven de menos de 19 años embarazada tiene el doble de riesgo de aborto que una mujer mayor de 40 años: casi la mitad de estas jóvenes menores de 19 años embarazadas ha tenido una experiencia de aborto" 3 (p. 50).

Pese a la situación de salud pública y a la ilegalidad que caracteriza a Colombia con respecto a otros países del mundo, el único esbozo de cambio que se ha visto en el país vino con la última reforma al Código Penal en 2000. En este Código, a renglón seguido de la ya conocida penalización para todas las circunstancias, aparece un parágrafo que para algunos ha sido considerado una ventana hacia el camino de la despenalización parcial y para otros una figura retórica que no significa avance alguno en la legislación, ni en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En los delitos contra la vida y la integridad personal, el aborto está penalizado considerando circunstancias de atenuación punitiva cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. "Parágrafo: en los eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de la pena cuando

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