Mora-etnografia

Derechos humanos y formaciónciudadana en Colombia, una miradaesde la educación

d

Raúl Infante Acevedo[1]

Colombia

1. Derechos Humanos en Colombia:

Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias más apremiantes que se le hace a los Estados contemporáneos es que propicien formas de organización socialaptas para la vida democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en1948 propuso, una nueva configuración “jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiestainstitucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la creación deun catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretacióny el funcionamiento de la organización política”[2].En nuestro caso, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Política de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho.

Sin embargo, la situación vivida por los colombianos en las últimas décadas llena desombras cualquier reflexión acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera devastos sectores de la población; intelectuales, políticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicación, entre muchos otros, no escapan a lapesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violación sistemática de los derechosson cada vez más alarmantes y sus índices de vulneración aumentan constantemente.Resulta paradójico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgación de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violenciageneralizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once años después,pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidadesy vicisitudes hubiera domesticado los principios democráticos y sociales de la carta.

Pero esta situación no es nueva. La historia política colombiana ha estado marcada por la tensión existente entre estabilidad institucional y el uso de la violencia paraimponer acuerdos sociales. Podríamos decir que las vías consensuales han sido en granparte inoperantes. Pese a lo anterior, la institucionalidad republicana se ha visto desplazada en forma definitiva en contadas excepciones y, ella misma, ha aprendido aconvivir con variadas situaciones de violencia que retan incesantemente su estabilidad ylegitimidad. Por solo poner un ejemplo, en el país se experimentaron once guerras civiles entre 1811 y 1958 y a su vez, se promulgaron quince Constituciones Nacionales entre1811 y 1886[3]. Se ha dicho al respecto que en el siglo XIX cada soldado llevaba una constitución en su mochila.

Ahora bien, éstas manifestaciones de violencia no han sido estáticas, ellas se hantransformado históricamente; sus causas, sus argumentos legitimantes, sus formas deoperar, y su financiación no han sido las mismas. Según algunos analistas, se ha vividouna guerra civil no declarada motivada por razones diversas como el bipartidismo políticoexcluyente, las luchas insurgentes y contrainsurgentes etc.. El narcotráfico por ejemplo,contribuyó a la mutación y agudización de la violencia existente en las últimas décadasdel siglo XX y generó a su vez, nuevas razones y actores que entraron en choquesdirectos entre si y obviamente contra el Estado. No en vano “el rasgo característico delespectro colombiano desde por lo menos la década del ochenta es la multiplicidad deviolencias en términos de sus orígenes, objetivos, geografía, modus operandi yestrategias, en donde lo pragmático y coyuntural parecería tener cada vez más peso endesmedro de los contenidos ideológicos. En los mismos escenarios se pueden encontrar,

diferenciados pero también muchas veces entrelazados, el crimen organizado, la luchaguerrillera, la guerra sucia y la violencia social difusa”[4]. Obviamente no se puede dejar de lado el trágico protagonismo armado en los últimos años, de los grupos deautodefensas, comúnmente conocidos como paramilitares.

Esta disyuntiva explica acontecimientos políticos de los últimos años que han puesto demanifiesto características atribuibles solamente a sociedades en guerra. Así, hemosaprendido por la adversidad de las circunstancias, ha desconfiar de la paz que parecíarondar nuestras ciudades, porque cada vez son más constantes las manifestaciones deviolencia urbana motivadas por fines que van desde los políticos hasta losdelincuenciales. En algunas zonas rurales, los campesinos son capaces de presentir lainminencia de un combate, sienten en carne propia los estragos de los bombardeos,sufren las consecuencias de los choques entre Estado, paramilitares y guerrillas, sucotidianidad se ha visto atravesada por fenómenos como las fumigaciones aéreas acultivos ilícitos –éstos últimos paradójicamente, se han constituido en una forma desustento diario-. En fin, la locura de una contienda bélica desarrollada dentro de unambiente de aparente legalidad y estabilidad institucional.

En este complejo panorama, amplios y variados sectores de la sociedad sienten amenazados sus derechos. Algunos consideran que la inseguridad causada por losgrupos armados restringe el derecho a la propiedad y a la libertad de empresa, otrosaseguran que las políticas tendientes a recortar la función social del Estado, se traducen en un proceso intencional y deliberado por instaurar el modelo neoliberal; encontramostambién aquellos preocupados más por el respeto a la diversidad cultural aunque enmuchos casos, este tipo de exigencias termine en la defensa de los más elementales derechos como la vida, la integridad personal o el derecho de asociación. Se haceevidente a partir de esta situación que “una democracia constitucional genuina supone elreconocimiento de por lo menos tres tipos de derechos constitucionales: unos derechos de defensa contra el Estado, a fin de amparar la autonomía de la persona y protegerlacontra el gobierno arbitrario; unos derechos a la igual participación o derechos deciudadanía política, que tienen su expresión más clara en la universalidad del voto; y finalmente, unas garantías materiales que configuran una suerte de ciudadanía social, pues solo con ellas existirán verdaderamente ciudadanos libres e iguales.”[5] En otras palabras, se requiere la protección y el cumplimiento simultáneo de las tres generacionesde derechos humanos plasmadas en la Declaración Universal de 1948[6].

En este orden de ideas, el mandato general a las naciones del mundo ha sido el respetoy la protección irrestricta a tal conjunto de derechos; paradójicamente durante este siglo hemos experimentado las más inquietantes técnicas violatorias de éstos principiosfundamentales de la humanidad. De tal suerte que la misión primordial de las sociedadesen la actualidad es reducir al máximo las distancias entre los postulados teóricos que amparan derechos y la práctica cotidiana que demuestra altos niveles de vulneración. Sinembargo, la práctica cotidiana se convierte en muchas ocasiones en la antítesis de loplanteado en los documentos. Colombia como hemos visto, se proclama comodemocracia estable en medio de un intenso conflicto armado, político y social; depositagran confianza en la Constitución pero ella misma, se convierte en lo que Pierre Ghilodésllama -ilusionismo jurídico- , consistente en pensar que la realidad puede ser transformada con la simple expedición de normas y no con la materialización de hechosconcretos. En consecuencia, una mirada rápida a la vida nacional, señala undistanciamiento serio entre teoría y prácticas sociales.

En efecto, la suerte de los derechos humanos en Colombia es alarmante. “Ocupa elsegundo lugar en las Américas en términos del número de homicidios por cada cien milhabitantes y el sexto lugar del mundo en violación de derechos humanos”[7]. No sobra decir nuevamente que estas cifras no se producen exclusivamente por factores como elconflicto armado o el narcotráfico sino que son el resultado muchas veces de lainteracción social y normal de la ciudadanía, “como lo muestra el hecho de que cerca deun tercio de los homicidios se ejecuta por ajuste de cuentas, en buena medida a travésde terceros utilizados para la realización del crimen”.[8]De esta manera y pese a los esfuerzos de las propias Naciones Unidas -que en 1996 instaló una oficina especial para

la vigilancia y prevención de las violaciones de los derechos humanos-, el estado actual de cosas no difiere mucho del evidenciado en aquel momento. Para esta oficina “duranteel año 2000 continuó siendo notorio el deterioro de la situación de los derechos humanos.Las violaciones de tales derechos pueden ser calificadas de graves, masivas y sistemáticas. Los principales derechos afectados fueron el derecho a la vida, a laintegridad, a la libertad y a la seguridad personal. Los miembros de los gruposparamilitares continuaron siendo los principales violadores de estos derechos, como lo ha reconocido el ministro de defensa”.[9]

Por las razones presentadas, tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario generan un balance negativo. Factores comola impunidad que hace varios años es mayor al 90%, la precaria situación carcelaria, elaumento de fenómenos como el paramilitarismo, el desplazamiento forzado, las amenazas y acciones militares contra poblaciones vulnerables y el maltrato a mujeres yniños son algunas de los aspectos que la Oficina mencionada, resalta en susconclusiones para el año 2000. No obstante, la grave crisis de orden público vivida en elpaís, no puede opacar que “los derechos económicos, sociales y culturales no hanrecibido la debida atención por parte del Estado para progresar en aspectos como ladisminución de la brecha de inequidad”.[10]

Razón tiene Norberto Bobbio al afirmar que “el problema al que nos enfrentamos enefecto, no es filosófico sino jurídico y, en sentido más amplio, político. No se trata desaber cuántos y cuáles son esos derechos, cuál es su naturaleza y su fundamento, si son derechos naturales e históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguropara garantizarlos, para impedir que pese a las declaraciones solemnes resultencontinuamente violados”.[11] Esta es una excelente reflexión y una meta para una naciónen donde los derechos humanos no dejan de ser una abstracción.

2. La Uniformidad de la excepción: ¿Hacia una cultura de la ilegalidad enColombia?

Una de las conclusiones evidentes desprendidas del análisis realizado hasta ahora, esque el conflicto armado, las distintas violencias, el narcotráfico, la debilidad y la ausencia institucional, han ido creando un tejido social en contravía a los referentes éticos mínimosde un proyecto democrático. Esta inversión de principios sociales se ha incrustadopaulatinamente en el devenir político y cultural de los colombianos y lo más grave, es que han sido integrados como elemento consustancial a nuestra propia existencia.

Esta tesis, polémica por demás, lejos de intentar endilgar patologías endémicas a lacultura colombiana, considera de imperiosa necesidad, develar prácticas y discursos que han hecho carrera en nuestra cultura política y mediante los cuales se han establecido yconsolidado valores y actitudes sociales que conviven, aceptan y en algunos casos,legitiman los principales factores de desestabilización institucional y política. Asistimos entonces, a la triste uniformidad de la excepción obviamente, excepción a la regla. Enotros términos, las características propias de un orden democrático como la justiciasocial, la protección integral de los derechos humanos, la exaltación de lo público y la dignificación de la política, han sido reemplazadas por fenómenos como la vulneración delos derechos humanos, la corrupción, el clientelismo, la debilidad y el desprestigio estatalmanifestado por ejemplo, en desconfianza y escepticismo generalizado frente al papel que cumplen instituciones como el congreso. Esta ambigua realidad ha sido definidacomo aculturación ilegal, tal como lo explica Garay:

Aquí se entiende por aculturación el procesode formación práctica de un conjunto de valores, principios y fundamentos que rigen conductas y comportamientos de algunosgrupos ciudadanos. Y por aculturación de la ilegalidad, el enraizamiento progresivo endistintos ámbitos de la sociedad de la imposición de intereses privados individuales de grupos poderosos –del orden legal como ilegal-al margen de valores, normas y procedimientos del ordenamiento jurídico, económico y político, a través de la violencia ode su

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