Cuando nos referimos a Estados unitarios estamos englobando una amplia categoría

Cuando nos referimos a Estados unitarios estamos englobando una amplia categoría que incluye formas de organización territorial que están bastante alejadas entre sí. El elemento que los caracteriza es la existencia de un único centro de poder que adopta todas las decisiones políticas y detenta el monopolio de la creación de las normas jurídicas, aplicables a todo el territorio y a todos los ciudadanos (García, 1997).

Pero esta definición de Estado unitario puro se ve matizada en la práctica ya que, de una u otra manera, la mayoría se han visto obligados a realizar procesos de descentralización, como de hecho ha sucedido en el caso que nos ocupa: Francia.

En una primera aproximación podemos destacar tres argumentaciones desde las que se replantea la distribución territorial del poder: las motivaciones de carácter democrático, las histórico-políticas y las administrativas. Las primeras implican un acercamiento de las decisiones políticas a la ciudadanía con el objetivo de lograr a una mayor capacidad democrática; en consecuencia, la distribución del poder se constituye como forma de control sobre sí mismo, de carácter vertical, y su expresión más acabada es el federalismo. Las motivaciones histórico-políticas son aquellas que derivan de la existencia de colectividades con fuerte personalidad política dentro de un determinado Estado-nación. Sin embargo, por su carácter disgregador, no son incentivadas por los Estados, y éstos aceptan soluciones específicas a las demandas periféricas en forma de regímenes especiales de autogobierno únicamente cuando no es posible otra alternativa. Pero la más común de las motivaciones en los procesos de redefinición de la distribución territorial del poder suelen ser las técnico-administrativas. Teniendo en cuenta la complejidad de la vida moderna, así como el enorme cúmulo de decisiones que deben ser tomadas, lo más aconsejable es la existencia de algún tipo de distribución territorial de

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l poder. De esta forma, y a partir del criterio de eficacia, se ceden poderes desde el centro a una diversidad de ámbitos territoriales de decisión. En cualquier caso, este tipo de unidades descentralizadas no responden a una lógica del reparto vertical del poder, como en las dos primeras motivaciones, sino que son niveles territoriales de administración carentes -en principio- de poder político (Ribó y Pastor, 1999).

A la hora de acercarnos al proceso de regionalización francés, no vasta por tanto, con analizar la naturaleza del centro político, sino que tenemos que aproximarnos a las características y evolución del mismo. El punto de inflexión más importante se produce tras el establecimiento de la V República. Así la constitución de 1958 -que da carta de naturaleza a la nueva República- señala en su título XII cómo "las colectividades territoriales de la

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