Semana

iento creía que se llegaría a un acuerdo y a la desmovilización de las Farc, mientras 41 por ciento era escéptico. Hoy, esa proporción es exactamente opuesta: 54 por ciento cree que no. Y un 56 por ciento de los encuestados se dice en desacuerdo con la estrategia de total hermetismo del gobierno frente a lo que está pasando en La Habana.

La opinión pública frente a un proceso de paz es por definición frágil, voluble, en especial en un país como Colombia, que viene de la experiencia decepcionante del Caguán y de una década de demonización de la contraparte. Por eso, las encuestas sobre este tema deben tomarse con cuidado. A la vuelta de unas semanas, un anuncio positivo sobre un acuerdo en la mesa podría cambiar completamente la percepción ciudadana sobre el proceso. Además, la indignación y el pesimismo que despertó el fallo sobre el diferendo con Nicaragua seguramente contaminan los sentimientos frente a la mesa de La Habana.

Sin embargo, una caída de 20 puntos en el respaldo a la negociación no es un dato para ser desoído. Ni por las Farc, pese a que no crean en las encuestas, ni por el gobierno, para el cual la sostenibilidad del proceso depende en inmensa medida de la opinión pública. Más allá del ‘efecto Nicaragua’, lo que estos datos parecen reflejar es que en la Colombia urbana el tiempo corre en contra del proceso y que la estrategia de silencio total del gobierno frente al mismo y la de declaraciones diarias de las Farc pueden estar conspirando contra su éxito.

Han pasado tres meses desde que se hicieron públicas las conversaciones secretas con las Farc en La Habana y el acuerdo suscrito con ellas para enrutar la negociación. El jueves 29 terminó la primera ronda de 11 días, y los anuncios fueron parcos: el tema agrario apenas empieza a discutirse, habrá página web desde el 7 de diciembre y participación de la sociedad civil en un foro en Bogotá, diez días después, al que no asisten ni el gobierno ni la guerrilla. Anuncios de mecánica. Y solo desde el año entrante, cuando las propuestas de ese foro se reciban en la mesa, el 8 de enero, empezará en serio la discusión del primer punto de la agenda, casi seis meses después de firmado el acuerdo de La Habana.

Esos tres meses de limbo, durante los cuales solo tuvieron lugar la instalación en Oslo y el discurso de Iván Márquez, son, seguramente, responsables del creciente pesimismo frente al proceso. Pese a la buena nueva del cese unilateral de hostilidades, la intervención del segundo hombre de las Farc y las múltiples entrevistas de sus compañeros reforzaron la percepción de que esta guerrilla no va por un final negociado del conflicto sino por una conversación prolongada sobre todos los temas del país (por algo la ya muy desfavorable imagen de su comandante, Timoleón Jiménez, subió 7 puntos, de 74 a 81 por ciento).

Puede que vengan anuncios que cambien esa tendencia, pero, en términos prácticos, para la percepción pública, el resultado del proceso entre agosto y noviembre, es mínimo. El tiempo conspira contra el respaldo popular a la negociación. El gobierno parece entenderlo claramente, pero no así las Farc.

Esto explica el pesimismo. Pero la caída del respaldo al proceso, que es aún más pronunciada, tiene otra razón. Paradójicamente, lo que más necesita la negociación para su éxito se ha vuelto una espada de doble filo: el total silencio del gobierno está afectando negativamente el apoyo público a las negociaciones en Cuba. Es elocuente que la imagen desfavorable de Humberto de la Calle, jefe de los negociadores del gobierno, aumentó de 27 a 43 por ciento.

No se trata de que los voceros del gobierno empiecen a competir en declaraciones cotidianas con las Farc. Eso llevaría lo que se discute en la mesa “a los micrófonos”, como previno De la Calle. La estrategia de discreción absoluta sobre lo que hablan los negociadores es tan adecuada como las condiciones que han impedido que sus sesiones se conviertan en un show mediático como el del Caguán. Sin embargo, ese silencio oficial se ha traducido en que no se ve la necesidad de hacer la indispensable pedagogía sobre el proceso, su justificación y su necesidad.

Sin necesidad de polemizar con la contraparte, sí hace falta explicar, explicar y explicar: por qué se está negociando, a qué aspira el gobierno, cómo es el proceso y en qué consiste la estrategia oficial son temas que han sido objeto solo de declaraciones aisladas, no parte de una campaña sistemática. Hablar sobre esto no implica romper la discreción en torno a lo que rodea la mesa, que debe mantenerse. Pero la pedagogía es indispensable para generar comprensión y apoyo al proceso entre la opinión.

Un elemento que añade confusión es la falta de coherencia en los pronunciamientos oficiales. Voces que deben hablar no lo hacen (el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo no habla públicamente del tema); de vez en cuando se pronuncian el presidente o el ministro de Interior, y Lucho Garzón, que debía llevar la batuta del ‘diálogo social’ ha desaparecido en los pasillos de Casa de Nariño y escribe un blog personal. La única voz que sí se oye a diario le resta coherencia al discurso oficial: mientras en La Habana el alto gobierno

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