Actos administrativos. Aporte jurisprudencial

ANUARIO DE DERECHO. Año 29, N° 29. Enero-diciembre 2012. Mérida-Venezuela.

ISSN:0076-6550.

ACTOS ADMINISTRATIVOS.

Aporte Jurisprudencial.

RAIZA OJEDA DE ILIJA

Abogada y Magister Scientiae en Derecho Agrario, Universidad de Los

Andes (ULA), Mérida, Venezuela. Profesora Asociada de pregrado y

postgrado de Derecho Administrativo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas

y Políticas de la ULA. Consultora Jurídica de la Universidad de Los Andes.

Correo electrónico: ralija@ula.ve. raizaojeda@hotmail.com.

Resumen

El presente estudio analiza, los actos administrativos como manifestación

por excelencia de la actividad administrativa, su definición y regulación

en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, clasificación,

requisitos de fondo y de forma, su validez, eficacia y su impugnabilidad ante

la Jurisdicción Contencioso Administrativa; apoyado en la Jurisprudencia

Nacional dictada sobre la materia.

Palabras claves: Acto Administrativo, Administración Pública, requisitos

de forma y fondo, manifestación de voluntad, competencia, validez,

eficacia, impugnación

Abstract

The study analyzes the administrative acts as excellence manifestation of

the administrative process, their definition and regulation on the Organic

Law of Administrative Procedures, classification, requirements and

Impugnability in the presence of Contentious Administrative Jurisdiction,

supported on the national jurisprudence related to the topic.

Keywords:

Administrative Act, Public Administration, fund and form requisites,

manifestation of will, competence, validity, efficacy, impugnability.

Los actos administrativos constituyen, la forma de manifestación

por excelencia de la actividad administrativa, por su naturaleza y carácter

los actos administrativos inciden en la esfera jurídica de los administrados

a quienes se dirigen, creando o modificando o extinguiendo una situación

jurídica determinada.

El gran jurista alemán Otto Mayer, define el acto administrativo

‘’Como un acto de autoridad que emana de la Administración y que

determina frente al súbdito, lo que para él debe ser derecho en un caso

concreto” (1.949.Tomo I:126).

Asimismo, el mismo autor dice que “el Derecho Administrativo

Moderno” está dominado por el concepto de acto administrativo, afirmación

que sigue siendo rigurosamente cierta, no obstante las transformaciones

de toda clase que desde entonces se han producido incluidas, desde luego,

las con tanta trascendencia acecidas en los últimos tiempos. Es por ello

que el acto administrativo es una categoría jurídica fundamental, incluso

central, en la formación y desarrollo hasta nuestros días del Derecho

Administrativo.(Meilán Gil 2009.p.369) .

EI acto administrativo per se produce efectos jurídicos relativos

a la creación, modificación o eliminación de situaciones individuales o

generales, o la aplicación a un sujeto de derecho de una situación jurídica

general. (PCA. 01-02-83. Magistrado Ponente: Román Duque Corredor.

RDP, N° 13, enero o marzo . 983,pp. 111-112.)

El acto administrativo, manifestación por excelencia de la

actuación administrativa y elemento que conforma conjuntamente con

la sentencia y el acto normativo la clásica trilogía de manifestaciones

autoritarias atribuidas a los poderes del Estado encuentra su regulación

en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Capitulo II De los

Actos Administrativos) de las Disposiciones Generales

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en su

artículo 7, define el acto administrativo de la manera siguiente:

“Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta Ley, toda

declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las

formalidades y requisitos establecidos en la Ley, por los órganos de la

Administración Pública”

Tal y como se evidencia, de la lectura del artículo anterior, puede

decirse que en la misma se acogió la noción formal u orgánica de acto

administrativo, al expresar y calificar que para que tenga tal carácter

tiene que emanar de los órganos de la Administración Pública, lo anterior

generó controversia en la doctrina, elevándose incluso la discusión a nivel

jurisprudencial, algunos autores manifiestan que era necesario calificar

como actos administrativos, los actos de los otros poderes públicos de

contenido esencialmente administrativo, uno de los autores que mantiene

esta posición es Brewer-Carias cuando expresa que la definición de

acto administrativo, contenida en la Ley Orgánica de Procedimientos

Administrativos, es incompleta y errada por que, definitivamente, en el

ordenamiento jurídico venezolano, el acto administrativo no es sólo el

que emana de los órganos de la Administración Pública, sino es también

el acto sublegal que emana de las Cámaras legislativas, por ejemplo en

ejercicio de la función administrativa (nombramiento del secretario de

una comisión parlamentaria), o también el acto que emana de los órganos

judiciales, por ejemplo (nombramiento del personal administrativo del

Tribunal Supremo). (1982: 139).

Otra corriente de opinión, estimaba, que la noción de acto

administrativo, debía quedar limitada a los actos emanados de los órganos

administrativos, posición esta recogida por el legislador.

Araujo –Juárez manifiesta que el acto administrativo en

principio debe ser un acto jurídico emanado de la Administración Pública

en cualquiera de sus ramas, ya sea la Administración Pública Nacional, la

Administración Pública Estadal o la Administración Pública Municipal, así

como de los entes descentralizados funcionalmente con forma de Derecho

Público (Art.29,num.1 de la LOAP). con esto pues, se debe acoger el

criterio orgánico o subjetivo para determinar el acto administrativo, pero

no es suficiente, es necesario entonces, ya hemos dicho, que no todos

los actos jurídicos que emanan de una Administración Pública son actos

administrativos, y entonces hay que completar el criterio orgánico con el

criterio material del ejercicio de la potestad administrativa otorgada y por

último de acuerdo con la forma y requisitos establecidos por la legalidad

o el ordenamiento jurídico (criterio formal). Sólo así cabe diferenciar

entonces, la categoría jurídica de los actos administrativos de los otros

actos jurídicos emanados de la Administración Pública o de otro órgano

del Poder Público( 2011.31).

Al analizar los elementos que componen la mencionada noción de

acto administrativo, contenida en el artículo 7 de la Ley, destaca lo siguiente:

Primero: Consiste en una declaración de carácter general o particular,

esta redacción no se adapta a la terminología usada en la Constitución, y

discrepa igualmente de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia la

cual alude a los actos de efectos generales y de efectos particulares, por lo

que el acto como tal no es general ni particular, lo que podemos clasificar de

general o particular son los efectos que produce su declaración.

El englobar a los de carácter general en la noción de actos

administrativos plantea de inmediato la duda si los Reglamentos pasan

a ser considerados como actos administrativos y como tales, sometidos a

las disposiciones de la ley, o por si el contrario, los mismos se mantienen

fuera de su alcance.

Puede considerarse que los reglamentos no se incluyen en la

noción de acto administrativo, la cual si bien comprende a los actos

generales no abarca a los actos generales normativos, la noción de

acto administrativo queda limitada a los actos individuales y a los actos

generales no normativos.

Una segunda posición consideraría que los reglamentos deben

quedar incluidos en la definición de acto administrativo, ya que el

legislador no hizo ningún tipo de distinción y no puede ser hecha por el

intérprete.

Hildegard Rondón de Sansó entiende que del texto mismo de la

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos emerge la exclusión

de los reglamentos de la noción de acto administrativo, a pesar de la

redacción del artículo que intentara definirlo. La clasificación que el

artículo 14 hace de los actos no es sustancial sino orgánica, esto es,

constituye una clasificación fundada en la jerarquía del órgano del cual

el acto deriva y en razón de ello, no se clasifica el contenido mismo del

acto, lo cual permite considerar que si bien todo reglamento del Poder

Ejecutivo Nacional tendrá la forma de decreto, no todo decreto constituye

reglamento (2.011:50)

Segundo: en lo referido al origen del acto administrativo, tal y

como hicimos referencia anteriormente, a los efectos de la Ley debe ser

dictado por un órgano de la Administración

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