Analisis De Coyuntura

Las elección presidencial de 2012 en México (Notas para guiar una observación del proceso)

Table des matières

Introducción. El análisis de una coyuntura electoral

La significación más inmediata de esta elección

El temor a la violencia

La legislación electoral como catalizador de los cambios

Los partidos políticos y los profesionales de la política

El escenario en el punto de partida de las campañas

La relevancia de la observación de este proceso para el conocimiento

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Introducción. El análisis de una coyuntura electoral

Como quiera que se defina, la transición política en México se enmarca, por un lado, en la transición a la democracia (o desde gobiernos autoritarios) en su versión latinoamericana y, por otro, en lo que se ha celebrado desde la década de los setenta del siglo pasado como el triunfo del liberalismo como ideología política (la tercera ola). Sin embargo, es bastante obvio que cada caso nacional dentro de estos procesos conceptualizados a nivel global tiene especificidades y, en el caso de México, el análisis requiere de consideraciones que permitan conciliar las definiciones con una situación sui generis.

Todo análisis de una coyuntura exige explicitar, hasta donde sea posible, la visión teórica estructural que lo orienta. Esto es, la definición de lo que está en juego, lo que puede variar, lo que no parece poder ser cambiado, los campos de fuerzas en donde se decidirá el resultado y los actores y sus intereses explícitos o imputados, especificando este atributo en cada caso.

Uno de los hechos más notables de los últimos procesos electorales realizados en México es la aparición de campañas que llaman a no votar, votar en blanco o a anular el voto. Estas formas de expresión se dirigen, como objetivo, a cuestionar la legitimidad de los procesos. Sin embargo, hay que considerar que el significado de los resultados de estas campañas, es decir los votos nulos, blancos y la abstención, no son directa ni claramente imputables a los llamados en cualquiera de esos sentidos. Es necesario analizar las condiciones en que estas expresiones aparecen y el atribuirles un sentido requiere de una contextualización que implica ubicar cada coyuntura electoral en un marco tanto teórico como histórico. No se puede tomar como explicación del fenómeno simplemente lo que los actores involucrados (a favor o en contra) dicen. Además, ésta, como muchas otras expresiones de insatisfacción con los regímenes políticos democráticos, no es específicamente mexicana. Es necesario describir, en distintos niveles, las condiciones que determinarán el desarrollo del proceso electoral de 2012, tanto las campañas como la elección misma.

Una visión del sistema político como compuesto por tres subsistemas, que así como pueden ser analizados separadamente y en sí mismos requieren de un análisis de las conexiones entre ellos, puede servir para examinar lo que ocurre en algunos procesos políticos concretos como el que nos proponemos esquematizar aquí. Los tres subsistemas son el sistema de gobierno, el sistema de partidos políticos y el sistema electoral. En cada situación particular, la dinámica del proceso puede ubicarse preeminentemente en uno de los tres y tener consecuencias en los otros dos, todo lo cual debe ser explicitado y examinado cuidadosamente.

La significación más inmediata de esta elección

La atención de los medios de comunicación hace de la próxima elección presidencial el tema central de la vida política nacional. Incluso los temas que han ocupado la agenda con mayor prominencia (como el de la seguridad) se ven relativizados por el cambio de presidente que deberá ocurrir en un año. Las características de las campañas aparecen entonces como un buen punto de observación del estado del proceso general de cambio político que viene ocurriendo en las últimas décadas así como de la estructura más profunda del sistema político nacional.

Es necesario tener en cuenta que las últimas elecciones presidenciales han sido puntos de inflexión en dicho proceso y que cada una marcó una situación en la que, por diferentes razones, se despertaron expectativas y generaron estados de ánimo que afectaron a varios grupos de la población. En particular, los actores políticos, individuales y colectivos, y los segmentos de opinión a los que se dirige principalmente la prensa escrita, fundamentalmente de clase media.

Por sus notas sobresalientes, cada elección quedó marcada en la memoria colectiva como un resultado legal y, al mismo tiempo, dudas y sospechas incontrastables o al menos no contrastadas suficientemente como para constituir evidencia en algún sentido. Así, la elección de 1988, que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari, quedó marcada por la sospecha de fraude escondida tras la “caída del sistema de cómputo”, a cargo y responsabilidad e la Secretaría de Gobernación, es decir, todavía la elección era organizada por el gobierno. La elección de 1994 estuvo marcada tanto por la aparición del movimiento zapatista en Chiapas como por el asesinato del candidato oficial, Luis Donaldo Colosio, y su reemplazo por Ernesto Zedillo. El gran cambio estuvo encarnado en la elección del año 2000, en que las esperanzas en la transición se expresaron en el consenso negativo para sacar al partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la residencia presidencial (Los Pinos).

Producido el cambio de partido en la presidencia de la república, tras la frustración inevitable de quienes cifraban sus anhelos de cambio en la magia de la alternancia en la cima del poder, la elección de 2006 parecía ofrecer una oportunidad a un gobierno de signo contrario, en una lógica de búsqueda pendular, pasando de un gobierno de derecha a uno de izquierda, pero el partido en el poder ganó la elección por un estrecho margen. Este resultado desató una movilización inusual y, si bien el candidato ganador asumió la presidencia de la república, el candidato derrotado nunca ha aceptado la legitimidad el presidente en funciones.

Los reclamos de las fuerzas de apoyo al perdedor dieron lugar a investigaciones, las cuales nunca incluyeron la solicitud del candidato derrotado de recontar la totalidad de los votos, pero que dejaron evidencias e interpretaciones que podrían fundamentar, si no un resultado distinto, al menos una eventual anulación de todo el proceso. Un elemento fundamental de la legitimidad de una elección es que el perdedor acepte su derrota. El conflicto post electoral de 2006 no alcanzó a provocar hechos de violencia pero su carácter masivo generó temores y, particularmente molestia en las clases medias y altas debido a la disrupción de la vida cotidiana que significó el bloqueo de vías de comunicación importantes en la ciudad capital por casi dos meses.

Entre las muchas quejas del candidato perdedor estaba la campaña negativa que lo caracterizaba como “un peligro para México” y que incluyó tiempo de transmisión pagado por organismos del sector privado. La manera de prevenir la repetición de un conflicto de este tipo fue reformar, una vez más, la legislación que norma los procesos electorales Hoy hay normas respecto de los calendarios de precampaña y campaña y esto afecta principalmente a la cantidad de tiempo disponible en los medios de comunicación de masas, principalmente los electrónicos (radio y televisión) del que podrán disponer los partidos. La disposición más importante a este respecto es la prohibición absoluta de comprar tiempo de transmisión con el fin de hacer propaganda política. Los partidos y candidatos tendrán a su disposición cuotas de tiempo de transmisión otorgadas por el Instituto Federal Electoral como “prerrogativa” dentro del tiempo reservado al Estado por ley por todos los medios. Este aspecto de la ley electoral (al cual habrá que referirse más adelante) conforma lo que algunos denominan un “modelo de comunicación política” y es quizás el aspecto más cuestionado de las reformas legales que se llevaron a cabo como reacción al conflicto post electoral de 2006.

El temor a la violencia

En el caso de México se puede afirmar que la utopía promovida por amplias formas de expresión ideológica es el cambio sin ruptura. Si bien esto es una aspiración universal, en México hoy esto parece urgente dado que los actuales niveles de violencia resultan alarmantes. Sin embargo, la posibilidad de un conflicto social que rebase los límites del sistema político, ha estado presente en la conciencia y las declaraciones de políticos e intelectuales desde hace más de un sexenio. El temor a la violencia no procede sólo del temor a que las estructuras del sistema político no sean suficientes para contener y canalizar demandas sociales. Esta preocupación respondería más bien a aquellas que expresaba la “Comisión Trilateral” de los años setenta, que veía en las demandas sociales crecientes una amenaza a la “gobernabilidad”, término que al hacer fortuna y adquirir por tanto amplio uso en el lenguaje especializado así como en el de los medios de comunicación se fue desdibujando hasta requerir especificaciones de uso dada su ambigüedad.

En los recuentos del proceso de cambio político, muchos ubican el punto de partida en la represión ejercida por el gobierno de Díaz Ordaz contra el movimiento masivo de 1968. Sin profundizar en el análisis, se puede decir que una expresión de violencia que se busca evitar es la represión por parte de los aparatos del estado. Este es un punto importante debido a que si bien los niveles y formas de represión no son fáciles de observar y juzgar en cualquier sistema, en México es notable una

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