Antecedentes Del Concurso Mercantil

Antecedentes

El primer ordenamiento que reguló la materia de quiebras en México fue la Ley de Bancarrota de 1853, este ordenamiento estaba influenciado por el Código de Comercio Francés de 1810 y por el Código Español de 1829, que regulaban la cesación de pagos de un comerciante por falta de liquidez.

Cuando surge el Código de Comercio de 1854, la citada Ley se incorpora a él, por lo que la quiebra continuó rigiéndose no sólo por el Código de 1854, sino además por las Ordenanzas de Bilbao que volvieron a aplicarse en México; lo mismo sucede al entrar en vigor el Código de Comercio de 1884, así como en el de 1889.

Es hasta 1943, el 20 de abril, cuando se desprende del contenido del Código de Comercio y surge la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos; derogando así en el citado Código el título "De las quiebras", del libro cuarto, y el título cuarto "Del procedimiento especial de las quiebras", del libro quinto del propio Código de Comercio.

Esta ley surge como una medida de protección a las empresas mercantiles, para el caso de que pudieran caer en desgracia y en donde el Estado tomó su papel tutelar de los intereses generales de quienes se relacionan a través de las actividades comerciales con estos sujetos a quienes la ley los reconoce como comerciantes, además de que éstos no fueran a burlar los intereses legítimos de los terceros, y mucho menos de que las conductas poco escrupulosas fueran a repercutir en la economía de las personas y del Estado.

Además trató de incorporar instituciones de gran utilidad, desconocidas en el Código de Comercio, como la suspensión de pagos y el convenio preventivo; así como detalles, que no por ello dejaban de ser fundamentales, como la revocación del síndico, que se había convertido en un problema sin solución en la legislación de quiebras.

Asimismo, incluyó aquellas soluciones que la doctrina y la experiencia habían mostrado como firmemente adquiridas en la práctica jurídica mexicana. Por ello, se tomaron en cuenta, tanto las disposiciones del Código de Comercio como las soluciones de la jurisprudencia.

La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1943 propuso soluciones que permitían la recuperación de la empresa, y en caso contrario su enajenación como unidad productiva. Reconoció que la quiebra es un fenómeno económico de interés fundamental para el Estado, pues la empresa representa un valor objetivo de organización económica y social; por tanto, su conservación es norma directiva fundamental de la legislación en esta materia.

Otro aspecto fue considerar a la empresa como personaje central de derecho mercantil, y con ello, la necesidad de consagrar legislativamente el principio de conservación de la empresa no sólo como tutela de los intereses privados que en ella pudieran concurrir, sino como salvaguarda de los intereses colectivos que

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