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CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA


Enviado por   •  4 de Septiembre de 2014  •  1.290 Palabras (6 Páginas)  •  195 Visitas

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INTRODUCCIÓN

La palabra corrupción en su actual sentido social y legal, es la acción humana que viola las normas legales y los principios de la ética. Hay quienes al hablar de la corrupción se refieren a los actos deshonestos en que incurren los empleados del Estado.

La aceptación de la corrupción por parte de la sociedad como un hecho común y el desaliento generalizado debe ser lo primero que se debe enfrentar". Muchos de los integrantes de una sociedad civil tienen un interés especial en lograr un sistema de integridad efectivo, incluyendo el sector privado.

Sobre todo, el ciudadano común que sufre las consecuencias diarias de la corrupción. No cabe duda de que la sociedad civil constituye un elemento fundamental en toda estrategia exitosa contra la corrupción. En Venezuela, se está diseñando un proyecto de control y de transparencia del Estado.

LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

Gestión pública: es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo.

Corrupción: se caracteriza por ser un acuerdo destacadamente inmoral entre dos personas corruptas, o entre un grupo de ellos que se encuentran aliados para el perjuicio de otros, logrando obtener un beneficio para algunos que poseen propósitos particulares, pasando por encima de la ley, en el plano político. En tanto, la corrupción consiste en el mal uso del poder público para obtener beneficios particulares o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el bien común.

La corrupción en nuestro país no es ni ha sido un fenómeno aislado en la sociedad. Tampoco la práctica exclusiva de un período o de un grupo particular en el gobierno, en complicidad con hombres de empresa y organizaciones privadas. En realidad, ha sido algo más profundo. En sus redes, han caído todos los miembros representativos de la sociedad: desde un poderoso magnate, el cual, con o sin razón, delinque y viola descaradamente las leyes en pos de un provecho; pasando por un profesional, un político o un empleado público; hasta un humilde ciudadano que roba pequeñeces de gran utilidad social como las demás. Este tipo de conducta ha sido una constante en la historia de Venezuela. Luego, la corrupción se ha convertido en un complicado fenómeno que debe observarse desde planos diversos para hallarle mecanismos de control. La dificultad se magnifica porque no hay explicaciones razonables.

Por sus dimensiones, la respuesta a los problemas de la corrupción administrativa en Venezuela no puede quedarse en el estribillo jurídico-penal de siempre: más delitos, más leyes, más sanciones.

Uno de los elementos que tiene minada la Administración Pública es la corrupción, La corrupción, en argumento de Reinhard Willig (representante en Venezuela de la Fundación Konrad Adenauer, Convenio Interamericano contra la corrupción, Caracas-COPRE, 1997), es un problema ético que aparece en todas las épocas y sociedades, y en algunos casos dadas sus proporciones tiene consecuencias políticas.

Las consecuencias de la corrupción han llegado a magnitudes inimaginables hace veinte o treinta años atrás, partiendo de la oxidación de la credibilidad y eficiencia del sistema democrático; amenazando la convivencia igualitaria de los ciudadanos; amenazando los cimientos de Estado y permitiendo un crecimiento desordenado de las funciones de ese Estado, en especial de los controles y regulaciones que estimulan el auge para nuevos focos de corrupción; la corrupción no permite el funcionamiento de ninguna dirección política, ni que se cumplan decisiones políticas en el marco de la legalidad y la equidad; se rompen los valores de las élites políticas, culturales e intelectuales; se erosiona la independencia y credibilidad en el poder judicial; en un sentido general, se perjudica el desarrollo económico de los pueblos, aumentando al fin y al cabo los precios, malgastado recursos, y bajando la calidad de los productos.

La corrupción se combate con educación en valores, sin mayores aspiraciones que le de modelar una ciudadana o ciudadano integrado al proceso de desarrollo de su país y de su Estado. Que se sienta que pertenece a una comunidad de valores.

Es evidente que la corrupción ha sido definida como uno de los obstáculos más importantes para promover el crecimiento económico sostenible y alcanzar reducciones importantes en los niveles de la pobreza. No hay elemento mas indignante para cualquier residente de un país, que observar como ciudadanos se aprovechan de los bienes públicos para hacer fortuna, esto además de significar una ineficiente utilización de los recursos, trastoca toda la moral nacional, y merece el mayor de los repudios.

En el entendimiento que la corrupción es un síntoma de la debilidad estructural de las instituciones en un determinado país, los enfoques del problema se orientan por lo general al fortalecimiento de las capacidades institucionales en el sector público, así como al desarrollo de mecanismos más efectivos de control de responsabilidades, lo que incluye la participación de grupos de la sociedad civil, y hasta mediciones internacionales.

Dado que la corrupción se ha convertido en una de las áreas claves de las agendas para el desarrollo, los países “tratan” a toda costa de reducir los niveles internos de corrupción y crear mejores condiciones para su desarrollo social y económico. Estos esfuerzos también están centrados en tratar de alcanzar buenos lugares en los estudios que sobre el tema realizan diversos organismos multilaterales (Banco Mundial, BID, CAF, etc.), ciertamente estos organismos siguen estrechamente estos indicadores, ante el temor del desvío de los recursos, que a través de préstamos, envían a determinados países.

Es claro que la corrupción no se encuentra presente en un sitio específico de la administración pública, por lo cual las estrategias anticorrupción tienen que ser multidimensionales y multisectoriales. Los esfuerzos en modernización del estado siempre deben incluir componentes específicos de anticorrupción o enfatizar los efectos anticorrupción esperados. Para reducir los efectos corrosivos de la corrupción en forma sostenible, es muy importante tratarla como toda enfermedad, ir más allá de los síntomas y abordar las causas de la misma, no quedarse con el castigo (cuando llega, lo cual casi nunca pasa) a unos pocos culpables.

Se ha demostrado que las estrategias anticorrupción efectivas deben basarse en cinco elementos claves: Aumentar la responsabilidad política; Fortalecer la participación de la sociedad civil; Crear un sector privado competitivo; Desarrollar mecanismos institucionales de control al poder; y Mejorar la gestión del sector público.

Si analizamos objetivamente cada uno de estos puntos, nos encontramos con que actualmente nuestro país, puede jactarse de estar bien en uno solo: La participación de la sociedad civil, aunque con un claro peligro, luego de los acontecimientos del domingo, de volver a nuestra situación de hace algunos años (una sociedad sumamente apática y para nada organizada).

Lo cierto es que las evidentes y claras fallas de los organismos nacionales que se deberían de encargar del control de la administración pública, subordinados completamente al poder central, junto al grave deterioro de las instituciones, hacen que esta problemática, en Venezuela, esté muy lejos de resolverse. La falta de rendición de cuentas claras y lo atractivo y poco riesgoso que resulta emprender actos de corrupción, hacen de esta práctica una de las más lucrativas y de moda en nuestro país.

CONCLUSIÓN

En suma, podemos considerar a la corrupción como una enfermedad que socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Al combatir la corrupción se fortalecen las instituciones democráticas, se evitan distorsiones en la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social.

La función de la Administración Pública viene entonces a desarrollar mecanismo que permitan ejercer diagnósticos que posibiliten intervenciones correctas y eficientes. A su vez, el control administrativo del sector público está íntimamente relacionado con el funcionamiento de la burocracia estatal, que abarca las diversas dimensiones de evaluación institucional.

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