Carta Iberoamericana De Justicia
Mivonn26 de Septiembre de 2013
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CLAD
Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo
NU (DESA)
Naciones Unidas
Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales
Carta Iberoamericana
de la Función Pública
Aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Administración Pública y Reforma del Estado
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003
Respaldada por la XIII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno
(Resolución Nº 11 de la “Declaración de Santa Cruz de la Sierra”)
Bolivia, 14-15 de noviembre de 2003
Sumario
PREÁMBULO
CAPÍTULO PRIMERO.
FINALIDAD Y ÁMBITO DE LA CARTA
CAPÍTULO SEGUNDO.
CRITERIOS ORIENTADORES Y PRINCIPIOS RECTORES
CAPÍTULO TERCERO.
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO CUARTO.
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
CAPÍTULO QUINTO.
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA FUNCIÓN
DIRECTIVA
CAPÍTULO SEXTO.
CONDICIONES DE EFICACIA DE LA CARTA
epígrafes 1 a 5
epígrafes 6 a 8
epígrafes 9 a 12
epígrafes 13 a 52
epígrafes 53 a 56
epígrafes 57 a 62
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CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PREÁMBULO
De conformidad con la Declaración de Santo Domingo, aprobada por la IV
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del
Estado, el Estado constituye la máxima instancia de articulación de relaciones
sociales. Desde el punto de vista de la gobernabilidad, el progreso económico y la
reducción de la desigualdad social, el papel del Estado en las sociedades
contemporáneas, y en particular en el área iberoamericana, es fundamental para
el logro de niveles crecientes de bienestar colectivo.
Para la consecución de un mejor Estado, instrumento indispensable para el
desarrollo de los países, la profesionalización de la función pública es una
condición necesaria. Se entiende por tal la garantía de posesión por los servidores
públicos de una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de
servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la
honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia.
A los fines de la presente Carta, la expresión “función pública”, con el contenido
que le atribuye el capítulo primero, se entenderá equivalente a la de “servicio civil”,
utilizada con preferencia en algunos países del área iberoamericana. Todas las
alusiones y referencias a la primera se consideran por tanto indistintamente
aplicables al otro término, por lo cual se entenderán excluidos de la Carta los
cargos de naturaleza política.
Diversos estudios realizados por organismos internacionales registran evidencias
acerca de una relación positiva entre la existencia de sistemas de función pública
o servicio civil investidos de tales atributos y los niveles de confianza de los
ciudadanos en la administración pública, la eficacia gubernamental y la lucha
contra la corrupción, y la capacidad de crecimiento económico sustentable de los
países. Por otra parte, una Administración profesional que incorpora tales
sistemas contribuye al fortalecimiento institucional de los países y a la solidez del
sistema democrático.
Para hacer posible la existencia de sistemas de tal naturaleza es necesario que la
gestión del empleo y los recursos humanos al servicio de los gobiernos incorpore
los criterios jurídicos, organizativos y técnicos así como las políticas y prácticas
que caracterizan a un manejo transparente y eficaz de los recursos humanos.
La eficacia de los principios, procedimientos, políticas y prácticas de gestión que
configuran un sistema de función pública requiere que todos ellos sean
debidamente contextualizados en el entorno institucional en el que deben
incardinarse y operar. Los requerimientos derivados de la historia, las tradiciones,
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el contexto socioeconómico y el marco político de cada realidad nacional son
factores que condicionan los contornos específicos de cualquier modelo genérico.
Por otra parte, la calidad de los diferentes sistemas nacionales de función pública
o servicio civil en la comunidad iberoamericana es diversa y heterogénea. El logro
de una función pública profesional y eficaz es, para cualquier sociedad
democrática, un propósito permanente que encuentra en todo caso múltiples áreas
de mejora de los arreglos institucionales existentes. Ahora bien, no deben
desconocerse las evidentes diferencias que los distintos puntos de partida
implican en cuanto al contenido, amplitud e intensidad de las reformas necesarias
en cada caso.
Sin perjuicio de lo anterior, resulta posible y conveniente poner de manifiesto un
conjunto de bases comunes, sobre las cuales debiera articularse el diseño y
funcionamiento de los diferentes sistemas nacionales de función pública en los
países iberoamericanos. La definición de estas bases y su adopción por los
gobiernos contribuirá, por una parte, a enfocar de manera compartida los
esfuerzos por mejorar los sistemas nacionales, y permitirá por otra la construcción
de un lenguaje común sobre la función pública iberoamericana, facilitando los
intercambios de todo tipo y robusteciendo en este campo los nexos existentes
entre nuestros países.
Tales son los objetivos de esta Carta Iberoamericana de la Función Pública que
constituye, para los países que la adoptan, un referente común en materia de
función pública. El texto define un marco de referencia genérico, no vinculante,
que deberá adaptarse en cada caso a la idiosincrasia, historia, cultura, tradición
jurídica y entorno institucional propios de cada país. Su desarrollo admite
concreciones normativas y políticas diferentes, acordes con dicha heterogeneidad.
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CAPÍTULO PRIMERO.
FINALIDAD Y ÁMBITO DE LA CARTA
Objeto
El concepto
de Función
Pública
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La Carta Iberoamericana de la Función Pública persigue
las siguientes finalidades:
a)
Definir las bases que configuran un sistema
profesional y eficaz de función pública, entendiendo
a éste como una pieza clave para la gobernabilidad
democrática de las sociedades contemporáneas, y
para la buena gestión pública.
b)
Configurar un marco genérico de principios rectores,
políticas y mecanismos de gestión llamado a
constituir un lenguaje común sobre la función
pública en los países de la comunidad
iberoamericana.
c) Servir como fuente de inspiración para las
aplicaciones concretas, regulaciones, desarrollos y
reformas que en cada caso resulten adecuadas para
la mejora y modernización de los sistemas
nacionales de función pública en dicho ámbito.
La función pública está constituida por el conjunto de
arreglos institucionales mediante los que se articulan y
gestionan el empleo público y las personas que integran
éste, en una realidad nacional determinada. Dichos
arreglos comprenden normas, escritas o informales,
estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o
implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya
finalidad es garantizar
un manejo adecuado de los
recursos humanos, en el marco de una administración
pública profesional y eficaz, al servicio del interés general.
En el ámbito público, las finalidades de un sistema de
gestión del empleo y los recursos humanos deben
compatibilizar los objetivos de eficacia y eficiencia con los
requerimientos de igualdad, mérito e imparcialidad que son
propios de administraciones profesionales en contextos
democráticos.
Son notas básicas de esta noción las siguientes:
a)
Se entiende por administración profesional una
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Ámbito de
aplicación
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Administración Pública dirigida y controlada por la
política en aplicación del principio democrático, pero
no patrimonializada por ésta, lo que exige preservar
una esfera de independencia e imparcialidad en su
funcionamiento, por razones de interés público.
b)
La noción utilizada es compatible con la existencia
de diferentes modelos de función pública. Los
arreglos institucionales que enmarcan el acceso al
empleo público, la carrera de los empleados
públicos, las atribuciones de los diferentes actores y
otros elementos de la gestión del empleo y los
recursos humanos no tienen por qué ser
necesariamente los mismos en los distintos
entornos nacionales.
c)
Los sistemas de función pública pueden incluir uno
o más
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