Contraloria General

1) La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela:

La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, y orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control. (Artículo 287 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Es un órgano que tiene autonomía funcional, administrativa y organizativa que pertenece al Poder Ciudadano. Se encarga de velar por la transparente administración del patrimonio público del Estado venezolano. La Contraloría General de la República está bajo la responsabilidad del Contralor General de la República Asamblea Nacional de Venezuela Asamblea Nacional para un período de 7 años.

Actualmente, no hay contralor general, debido al fallecimiento del anterior Contralor General de la República Clodosvaldo Russián en junio de 2011. El próximo contralor deberá ser designado por la Asamblea Nacional de Venezuela según lo establecido en la constitución.

Misión: La Contraloría General de la República es el organismo constitucionalmente autónomo, al servicio del estado democrático y de la sociedad venezolana, cuyo fin primordial es velar por la correcta y transparente administración del patrimonio público y luchar contra la corrupción.

Visión: Consolidarse como fuerza y referencia moral de la República e instrumento eficaz de la sociedad venezolana, en el ejercicio de su derecho a controlar la Administración Pública, contribuyendo efectivamente a la revitalización y reordenamiento del poder público, así como al fortalecimiento del Estado democrático, social, de derecho y de justicia.

2) Funciones del Contralor General de la República:

Son atribuciones del Contralor General de la República:

1. Ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como las operaciones relativas a los mismos, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley.

2. Controlar la deuda pública, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley.

3. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley.

4. Instar al Fiscal o Fiscala de la República a que ejerzan las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones.

5. Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las decisiones y políticas públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sujetos a su control, relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes.

6. Las demás que le atribuyan esta Constitución y la ley.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, están sujetos al control, vigilancia y fiscalización de este organismo Contralor, los siguientes organismos, entidades y personas:

• Los órganos del Poder Nacional, Ministerios, Oficinas Centrales de la Presidencia, organismos, dependencias y servicios que integran la Administración Central y Descentralizada; la Procuraduría General de la República; el Tribunal Supremo de Justicia y los organismos que integran el Poder Judicial; el Ministerio Público y el Consejo Nacional Electoral.

• Los Estados, el Distrito Capital, las Dependencias Federales, los Territorios Federales y los Municipios.

• Los institutos autónomos, las universidades nacionales, los establecimientos públicos, el Banco Central de Venezuela y las demás personas jurídicas de derecho público.

• Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales la República y las personas a que se refieren los puntos anteriores, tengan participación en su capital social.

• Las sociedades en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación.

• Las fundaciones, asociaciones y demás instituciones creadas con fondos públicos, o que ejecuten obras y presten servicios por parte del Estado.

• Las personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o que en cualquier forma contraten, negocien o celebren contratos.

En general, todas las personas naturales y jurídicas que en cualquier forma intervengan en la administración, custodia o manejo de fondos o bienes públicos.

3) Objetivos y Alcances de la Ley Anticorrupción:

El fenómeno de la corrupción es un enorme flagelo que al igual que en la mayoría de los países del mundo, en Venezuela se sufre y se experimenta a diario. Es esta cruda realidad la que nos obliga a que mediante diversos mecanismos busquemos evitarlo y si es posible desecharlo de nuestra realidad social. Por ello a continuación se empezara a analizar uno de los mecanismos que se han utilizado para ello, el cual es la creación de La Ley Contra la Corrupción publicada en Gaceta Oficial N°5637 Extraordinaria de Fecha 07 de abril de 2003 y para ello se debe iniciar comprendiendo el concepto de Corrupción.

Por "corrupción" entenderemos una forma de delincuencia de cuello blanco o no convencional, (según Sutherland) que engloba figuras delictivas tradicionales como la malversación, el cohecho o la prevaricación, con otras tales como serían el tráfico de influencias, la utilización de posición de poder en la toma de decisiones políticas para favorecer al funcionario(a) o autoridad, a la organización a la cual se pertenece (partido político) o a la empresa mercantil con la cual el(la) funcionario(a) mantiene relaciones y que aparece fuerte e íntimamente ligada a ciertos factores como serían, entre otros, la globalización, el riesgo y la economía.

El objetivo principal de la Ley Contra la Corrupción es crear mecanismos preventivos y represivos que resulten eficaces para confrontar

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