Debiblidad De Estado

La Debilidad del estado

Un enfoque estado-centrico es necesario para entender en Colombia la relación entre la política, el conflicto y la violencia, porque la sociedad es no sólo una red de cooperación, como supone Axelrod (1986), sino tambien una red de conflictos y tensiones sociales, que necesitan ser mediados por un poder relativamente autónomo a fin de asegurar la persistencia y reproducción de la sociedad misma. Desde esta perpectiva el papel de estado es mantener el nada fácil balacance entre cooperación y conflicto, de tal manera que la sociedad logre el mínimo de cohesión necesaria para su continuidad. Como lo afirma Norbert Lechner, "la política es un conflicto de particularidades, y el estado es una forma de generalidad. Tal distinción no implica separación ni subsunción. No podemos pensar la política sin referencia a una forma que sintetice a la sociedad, ni podemos pensar al estado sin referirnos a una sociedad dividida." (Lechner, 1986:30). Cuando el estado no cuenta con la suficiente autonomía para constituirse como forma genérica de la sociedad, a fin de proporcionarle el mínimo de cohesión y mediar sus conflictos, pordría hablarse de una crisis de integración política, cuyas expresiones son violencia y anomia. Por lo tanto, siguiendo a Max Weber, podemos definir al estado como la institución que, por medio del monopolio del uso legitimo de la fuerza y de la producción de regulaciones, integra la sociedad y el territorio nacional, media los conflictos sociales y asegura la coordinación sistémica de la sociedad.

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que la actual crisis política colombiana es consecuencia de la debilidad del estado, debido a su incapacidad histórica para integrar el territorio nacional y establecer el monopolio legitimo de la fuerza y de la producción de regulaciones. Por ello, el estado colombiano no integra ni cohesiona la población ni el territorio y ha reducido su capacidad para mediar y canalizar los conflictos y tensiones sociales. Estos son resueltos al margen de las instituciones públicas, lo cual es la causa del surgimiento de diversas expresiones de "parainstitucionalidad", tales como los grupos privados de justicia y defensa, las mafias de narcotráfico y los movimientos guerrilleros.

La idea de que el estado colombiano es débil ha sido arguida tanto por analistas colombianos como por extranjeros. El historiador Fernán González (1997) sostiene que la debilidad del estado es la consecuencia del temprano surgimiento de los partidos políticos liberal y conservador, en un momento en que el proceso de formación del estado estaba en su dificil comienzo. Los partidos, al actuar como factores de cohesión e identidad social, impidieron el establecimento de una relación directa entre el Estado y los ciudadanos. La crisis de los partidos y el deterioro de su rol central en la política colombiana después del Frente Nacional, pusieron de manifiesto la debildad del estado.

Paul Oquist (1978) sostiene que duante las primeras cuatro décadas del siglo veinte, el Estado colombiano adquirió un considerable grado de fuerza y capacidad para integrar y regular la sociedad. Sin embargo, el enfrentamiento entre liberales y conservadores y la violencia que ello desató desde finales de la década de los cuarenta, minó dichos logros hasta el punto en que el Estado colapsó parcialmente. Por el contrario, Ana María Bejarano y Renata Segura (1996) consideran que durante el período Frente Nacional el estado experimentó un fortalecimiento selectivo, debido a un incremento del gasto público en ciertos sectores de la rama ejecutiva, a expensas de la legislativa, que paralelamente, sufrió una disminución en su funciones y en su control frente a la primera. Aunque el estado es un concepto integrado por dimensiones culturales, políticas, económicas, administrativas, institucionales y teritoriales, se puede aceptar, en aras de la discusión, que el incremento del gasto público significó un cierto fortalecimiento del estado. En efecto, durante la década de los años sesenta y setenta el Frente nacional revitalizó la política de desarrollo de la intervención estatal y de modernización y racionalización de la administración pública, que había sido interrumpida durante el período de la violencia. Sin embargo, este proceso fue minado por la exacerbación del clientelismo y el patrimonialismo como consecuencia de los arreglos de poder excluyentes del Frente Nacional. Por lo tanto, los avances logrados en el aumento de la capacidad del estado para regular la sociedad y mobilizar y asignar recursos practicamente colapsaron durante las décadas de 1980 y 1990, por razones que se explicarán más adelante.

Dos importantes aspectos de dicho colapso son la incapacidad del estado para administrar justicia e integrar el terrirorio. La capacidad del sistema de administración de justicia colombiano para resolver los conflictos entre los ciudadanos es muy baja. En efecto, en 1994 la tasa de impunidad del 97%, mientras los jueces penales producían solamente 15 sentencias por año. Para dicho año había cerca de 2´000.000 de procesos penales y 1´800.000 procesos civiles pendientes de solución. (Departamento Nacional de Planeación, 1994). Por dicha razón, los conflictos sociales son resueltos al margen de las instituciones públicas, lo cual, a su vez, es la principal causa del surgimiento de expresiones "para institucionales" de poder y de resolución de conflictos. En este sentido, la solución de la crisis política colombiana pasa por la necesidad de fortalecer el estado, lo cual implica la constitución de su monopolio sobre el uso de la fuerza y el incremento de su autonomía frente a los distintos actores sociales y políticos.

Pero si en materia de resolución de conflictos sociales se evidencia la precariedad del estado, ésta es aun más aguda si se analiza su capacidad para lograr una adecuada presencia a lo largo y ancho del territorio nacional y un control efectivo sobre sus instituciones y los servidores públicos. Todo ello contradice la concepción que considera el Estado como un ente monolítico, la cual ha sido, a su vez, el producto de la visión de "una historia nacional globalizante y totalizadora, cuya validez se desmorona cuando se consulta la particularidad de la vida regional." (Uribe de Hincapié y Alvarez, 1987:13). Como indicador de esta falta de presencia estatal, se puede mencionar que en 1995 el gasto público total alcanzó la suma de 36.2 billones de pesos, de los cuales el 86% fue ejecutado por el gobierno central y 14% por los gobiernos departamentales y municipales. Del porcentaje ejecutado por el gobierno central, mas del 38% fue gastado en Bogotá y sólo el 5.8% lo fue en la Orinoquía y la Amazonía (Fundación

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