Declaración de la organización estudiantil colombiano

Declaración de la Organización Colombiana de Estudiantes a propósito de la propuesta de reforma a la Ley 30 por parte del Ministerio de Educación Nacional.

El presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado 10 de marzo una reforma estructural a la educación superior. De sus palabras se extrae que apunta a favorecer de manera directa al capital financiero y a las multinacionales de la educación superior, así como a marchitar la situación financiera de las universidades públicas. Esta política es lo más grave que le podría suceder a la educación superior en Colombia en toda su historia.

La modificación propuesta en la naturaleza de las Instituciones de Educación Superior, respecto a su transformación en entidades con ánimo de lucro, es una exigencia de las multinacionales de la enseñanza superior y del capital financiero. Así quedó consignado en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en donde Colombia se comprometió a crear una “forma de tipo especifico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior”. Dicha reforma les permite, a la luz de la legislación comercial, que este tipo de instituciones puedan distribuir dividendos y realizar inversiones en otros sectores de la sociedad, para no hablar de las implicaciones en lo referente a los costos de matrícula y demás servicios universitarios.

Esta propuesta que se presenta como novedosa tiene su origen en el tratado de libre comercio, firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, el TLCAN o NAFTA, que implicó la entrada de las multinacionales de la educación superior y de las universidades corporativas: Apollo Global Incorporated y la Laureate Education Inc, entre otras. Esta ultima que ha comprado universidades en más de 20 países y que ya se alza como una de las dueñas del “mercado” universitario en Mexico, avanza a pasos avasallantes en Brasil, país que como lo señaló Santos, será el ejemplo a seguir y en donde solamente la Laureate Education Inc. se ha hecho al control de 9 Instituciones de Educación Superior. Con esto se abre la compuerta para que juventud colombiana sea formada por las multinacionales ligadas a la producción como las de Motorola, Disney, Malboro, Coca Cola, General Motors, Lufthansa, Shell, American Express, Microsoft. Este tipo de instituciones ya tienen sus primeras semillas con la universidad de Sanitas y con la Chevrolet para taxistas.

Tampoco sorprende que se condicionen los recursos para las universidades públicas sobre la base del cumplimiento de "indicadores de gestión". Esta propuesta no sólo no va a resolver la crisis financiera de las universidades públicas, que como lo ha afirmado el Sistema de Universidades Estatales, SUE, es superior a medio billón de pesos, sino que además vulnera la autonomía, la calidad y la democracia universitarias. Estos indicadores conllevan al aumento en cobertura sobre la base de los mismos o de menos recursos por estudiante, incrementos destinados a su vez, solamente, a ciertas universidades, programas y metodologías de enseñanza, en resumen: los nuevos recursos serán para los programas acordes a las necesidades de los “sectores locomotoras” de la mal llamada prosperidad democrática, o en palabras de Santos “en nuestro gobierno, la educación de nuestros niños y jóvenes corresponde a los rieles de las cinco locomotoras que nos llevarán hacia la Prosperidad Democrática”.

La reforma propuesta permite que las multinacionales de la educación superior y las universidades corporativas se entronicen en la educación superior, subsidiando la demanda de educación privada por medio del Icetex, pero además con base en lo acordado en el TLC, será claro que dichas instituciones también podrán hacerse a subsidios directos por parte del Estado y aupados con exenciones tributarias. La reforma educativa de Santos es en suma la consolidación de la confianza inversionista de Uribe, esta vez en el sector educativo.

La mejor manera para hacer de la educación superior un negocio privado es comenzar por desmantelar su carácter público, su financiación proviene del presupuesto nacional aportado por la población, es por esto que debe estar a su servicio. Los altos costos de matrícula de las universidades privadas son producto del marchitamiento premeditado de las universidades públicas y de la permisividad oficial hacia los mercaderes de la educación. Estas condiciones oprobiosas se profundizarán a menos que los sectores demócratas de la sociedad opongan la unidad y la movilización a la más retardataria de las propuestas educativas en la historia del país. Que cuente el país con que los estudiantes unidos con los demás estamentos universitarios derrotaremos ésta iniciativa mediante la lucha de masas y persistiremos en el propósito de concretar una educación de carácter científico, al servicio del desarrollo de la nación y del progreso del pueblo colombiano. Derrotar la política de Santos en educación superior es la tarea principal de estudiantes, profesores, trabajadores y todos los que defiendan la educación pública.

Libardo Vargas Celemín, profesor de la Universidad del Tolima, cuestiona en El Nuevo Día, de Ibagué, la propuesta de reforma a la Ley 30 y critica el que considera privatización de la universidad pública.

El Gobierno nacional presentó la Propuesta de Reforma a la Ley 30 de 1992, por la cual se regula el servicio público de la Educación Superior, con el objeto de que se realice una discusión y se llegue a un consenso, cosa que dudamos, por cuanto la estrategia oficial siempre ha sido la de posar de demócrata y decir que escuchó a los interesados, pero las decisiones ya han sido tomadas antes de los debates.

Las reformas que se plantean resultan coherentes con las exigencias que ha hecho la banca multilateral y que aquí se vienen implementando con todo el servilismo posible. Se trata de controlar por todos los medios la llamada "calidad de la educación" que se reduce simplemente a procesos de evaluación: pruebas saber, pre saber, saber 11, para la educación básica y media, lo mismo que saber pro (antiguos Ecaes). De igual manera institucionalmente se exige autoevaluación, registro calificado, acreditación de calidad y demás controles que sólo buscan "vigilar y castigar".

Con argumentos que esgrimen la necesidad de tener una normatividad actualizada, el Gobierno habla de ampliar la cobertura, fomentar y fortalecer la investigación, ampliar fuentes de recursos y lograr la movilidad docente y estudiantil. Lo anterior pareciera un gran propósito, sino supiéramos que en su discurso siempre están ocultas segundas intenciones.

El documento afirma que se garantizará la autonomía universitaria y que se velará por la calidad de la educación, a través de "la suprema inspección y vigilancia de la educación superior". Lo anterior resulta contradictorio por cuanto la sacralización del control y la vigilancia impiden el pleno desarrollo de la autonomía e instauran un régimen donde sólo es posible una educación universitaria instrumental que atienda las necesidades del mercado y además establezca alianza con los particulares en los llamados "proyectos productivos".

Según el Gobierno, establecer que las universidades se conviertan en instituciones con ánimo de lucro, no es privatizarlas, sino hacerlas competitivas y "esto no significa privatizar, sino invertir". Este eufemismo corrobora que se trata de arrasar el principio de que la universidad pública es una institución que tiene por objeto "un servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado", y se propugna porque sean empresas que den excedentes económicos, independiente de alcanzar una formación integral que haga de los egresados, ciudadanos capaces de crear e innovar en todos los campos de la dimensión humana.

La reforma a la Ley 30 es el verdadero tsunami que amenaza hacer desaparecer a la universidad pública colombiana, si no asumimos su defensa desde todas las esferas de la sociedad y levantamos los muros, voces y acciones que impidan el paso desbastador de la arremetida oficial.

El rector del CESA, José Manuel Restrepo Abondano, analiza la propuesta de reforma de la Ley 30, presentada por la ministra Campo.

“Al final de cuentas lo importante es cómo ajustar o mejorar la iniciativa”

Es pertinente arrancar diciendo que una propuesta siempre es susceptible de ser mejorada y complementada. Por eso es bienvenida la apertura con la que la Ministra de Educación Nacional ha lanzado a la comunidad académica y en general a la sociedad, la propuesta de reforma a la educación superior. Aún más atractiva ha sido la decisión de la misma Ministra de recoger los comentarios y sugerencias antes de presentar formalmente el proyecto de ley al Congreso de la República.

Como era de esperarse, la propuesta ha abierto un debate nacional que apenas comienza, y que es necesario por el anquilosamiento de la vigente Ley 30 de la Educación Superior, que se formulara en el año 1992. Han pasado ya casi 19 años de historia, en el que el escenario de preocupaciones y demandas del sistema universitario plantea nuevos retos y desafíos, que superan ampliamente el escenario jurídico de la mencionada ley.

Para no ir muy lejos, las preocupaciones por el desarrollo científico y tecnológico, la demanda de una educación superior de calidad, la preocupación por los incrementos en cobertura y acceso al sistema universitario, las nuevas reflexiones curriculares, la exigencia de la sociedad por una educación más relevante, la necesaria articulación universidad-empresa y Estado, la internacionalización

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