Defenza Integral

Acciones de apoyo en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Derechos fundamentales y libertades públicas.

Derechos económicos: todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia sin más limitaciones que las establecidas por las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección de ambiente u otras de interés social, donde el estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertada de trabajo, empresa, comercio, industrias, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar ,racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.

• Derechos sociales: (la salud es un derecho social fundamental). Es obligación del estado garantizar que todas las personas gocen de este derecho.

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada segura, cómoda, higiénica con servicios básicos esenciales que incluyan un habitad que humanice las relaciones familiares.

Estos dos aspectos son los derechos sociales fundamentales o básicos de los venezolanos de acuerdo a la ley una ampliación de este contenido puede ser encontrado en el capitulo V entre los artículos 75 y 97 de la constitución de la república.

• Derechos culturales: Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el estado debe fomentar y garantizar, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios.

La creación de la cultura es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística incluyendo la protección legal de los derechos del autor sobre sus obras.

En Venezuela las disposiciones sobre los derechos humanos se encuentran claramente establecidos en " la constitución de la república bolivariana de Venezuela".

En el título III.

En función de estas leyes que la república le ofrece al pueblo existen muchas organizaciones tanto públicas como privadas encardas de luchar contra la violación de estos. Las cuales tendrán como meta en común acciones de apoyo en defensa de los derechos, económicos, sociales y culturales y participaran en la planificación ejecución y seguimiento de las políticas de los derechos humanos, tendientes a la adopción de medidas inmediatas para su desarrollo progresivo y la optimización de la asignación de los recursos. Entre uno de ellos podemos mencionar la (OMCT) organización mundial contra la tortura.

Los pactos internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela tienen una jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas de su goce y ejercicios más favorables a las establecidas en la constitución de la república.

Gestiones Entre Organismos Internacionales

Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo.

Artículo 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Durante este período, no sólo hubo un sustancial incremento en la recurrencia a los diversos sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, protagonizado por ciudadanos y organizaciones sociales nacionales, sino que, a su vez, el país fue visitado de manera inusual por representantes de las distintas organizaciones que componen el sistema internacional de derechos humanos. Especialmente extraordinario, por su cantidad y por la variedad de peticionarios, fue el uso del procedimiento de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En cuanto al seguimiento del Estado de los casos procesados en el sistema interamericano derechos humanos, hay que destacar la condena al Estado venezolano por su actuación en los hechos del 27 de febrero de 1989, caso conocido como El Caracazo. Por otra parte, resalta la ausencia de acciones estatales claras y contundentes para cumplir las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por otra parte, sigue pendiente la ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador. Dicho instrumento fue firmado por el Estado venezolano el 27.01.89, y sólo faltaría su ratificación para que los venezolanos disfruten de su protección. En otro orden de ideas, las instancias

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