Derechos Humanos de los trabajadores vulnerables

DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES VULNERABLES

Por Francisco Javier Animas González

INTRODUCCIÓN.

Al tenor de la globalización, el derecho laboral ha evolucionado constantemente, empero en un entorno mayormente capitalista, aún persiste el “derecho de clase” cuya lucha se encuentra activa a pesar de que el fundamento ideológico exige un equilibrio entre los sujetos de una relación laboral.

El jurista Mario de la Cueva (2011: 117) conceptualiza al derecho del trabajo como un derecho dé y para los trabajadores. En este sentido, Trueba Urbina (1970: 229) señala que “el derecho mexicano del trabajo no es norma reguladora de las relaciones laborales, sino estatuto protector de los trabajadores”

No obstante, para evitar un conflicto de intereses que afecte la paz social, la ideología crítica señala que el derecho del trabajo constituye una regularización de la lucha de clases.

Ahora bien, en una sociedad capitalista, el trabajo es considerado como un derecho social derivando en un derecho al trabajo y un derecho del trabajo; el primero se refiere a obtener un trabajo y el segundo a permanecer en él.

De estas dos acepciones, se prescinde del derecho del trabajo para los fines de este proyecto, puesto que el derecho a obtener un trabajo digno es al mismo tiempo, uno de los derechos humanos al que deberían tener acceso todas las personas, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a la protección contra el desempleo”.

Esa filosofía deontológica, ha sido rebasada por la demanda laboral y aunque en México ha sido elevada a rango constitucional (art 123), el Estado no puede garantizarle trabajo a cada uno de los ciudadanos, sólo tiene la obligación de “promover” el empleo.

Ante esta utopía laboral, las condiciones económicas de la población han disminuido, a tal grado que para obtener algún tipo de ingreso, las personas han sido vulneradas en sus derechos laborales más fundamentales como lo es la seguridad social y el salario.

Actualmente, las estadísticas de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT: 2005) demuestran que México se ubica entre los países con más de la mitad de la población económicamente activa en el subempleo y 5 de cada 10 trabajadores, reciben menos de dos salarios mínimos .

Los indicadores de ocupación y empleo que publica el INEGI al tercer trimestre de 2013 reportan que de una población total de 118´564,077 habitantes, el 44% está dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) y de ellos, el 8% se encuentra en búsqueda de trabajo adicional, es decir, que aún no satisfacen sus necesidades con el empleo que actualmente desempeñan; adicionalmente, en el IMSS se encuentra inscrito sólo el 31% de la PEA (sin distinción del régimen), lo que nos habla de 35´784,274 personas que tienen la calidad de trabajador y que no cuentan con seguridad social y eso que es un derecho humano laboral protegido.

No se debe dejar de lado el trabajo informal que representa un porcentaje considerable de ingresos, ya que al no ser asalariados, tienen la obligación de autosatisfacer sus necesidades por este medio.

El trabajo, sin duda el más importante de los recursos con que cuentan los grupos de medios y bajos ingresos. La incapacidad de generación de empleo del Estado, junto con el desplazamiento de la mano de obra hacia ramas de producción en serie ha provocado una alta condición de vulnerabilidad en el trabajo.

La preocupación por los “grupos vulnerables”, -producto de nueva realidad neoliberalista- se hizo evidente desde los años 90´s en reuniones de trabajo de los mandatarios de Estado como: la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1990, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en 1994, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Conferencia Internacional de la Mujer en 1995 (Pizarro: 2001: 11).

Ya desde 1989 se vislumbraba un cambio respecto del pago por trabajo efectivo que finalmente se propuso y aprobó en la actual administración del Presidente Peña Nieto mediante el concepto de salario por hora; lo que daña aún más, el problema del empleo puesto que una persona que realice una actividad sencilla, por 3 horas de trabajo recibiría tan sólo $25.23 pesos.

En la práctica, el acceso al empleo en las ramas modernas y en las grandes empresas se encuentra restringido a personas con formación altamente calificada. Para el resto de la fuerza de trabajo las oportunidades se reducen a las pymes, las que normalmente ofrecen bajos salarios y se caracterizan por una mayor precariedad, además que en su mayoría son del tipo familiar.

Es posible entonces constatar un estrecho vínculo entre vulnerabilidad social y empleo

1.- LOS TRABAJADORES VULNERABLES.

El concepto de vulnerabilidad indica que es la condición de mayor indefensión en la que se puede encontrar una persona, un grupo o una comunidad.

Por población vulnerable se entiende que es aquella que se encuentra en condiciones precarias de vida o en desventaja física y social. El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos, por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida, a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico-social de carácter traumático.

De esta definición, se puede deducir que una persona es vulnerable en función de su edad (niños y ancianos); discapacidad (física: motriz, visual, auditiva, vocal; o mental: enfermos); género (mujeres y hombres); grupo social (extranjeros, grupos étnicos); orientación o preferencia sexual (homosexuales); educación (analfabetas, especiales); y constitución física.

Cabe señalar que la población vulnerable presenta una imperiosa necesidad de cubrir sus necesidades de alimento, vivienda, educación, y sobre todo, trabajo.

Considerando la PEA y de acuerdo a la clasificación enunciada, los trabajadores vulnerables pueden ser: los menores de edad, los huérfanos, adolescentes embarazadas, madres solteras, ancianos, personas con capacidades diferentes, población indígena, enfermos sexuales, prisioneros, sexoservidoras, adictos, etc.

Los asalariados y trabajadores por cuenta propia se encuentran expuestos a mayores riesgos en el trabajo a consecuencia de la preponderancia adquirida por la apertura externa, con sus mayores exigencias de competencia, lo que ha promovido la desregulación del mercado de trabajo. Esto ha provocado además el debilitamiento de las organizaciones sindicales y la disminución de sus capacidades de negociación.

El empleo vulnerable se define como la suma de los trabajadores por cuenta propia más los trabajadores en negocios familiares. Los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores contribuyentes al negocio familiar -también conocidos como trabajadores familiares no remunerados-, son aquellos que están auto-empleados, (es decir, su remuneración depende directamente de los beneficios derivados de los bienes y servicios producidos),

Los trabajadores se enfrentan a mayor inestabilidad y precariedad en el empleo y a un manifiesto crecimiento de la informalidad. Los trabajadores atípicos no tienen cabida en la legislación actual según Garza Toledo (2010:53), ya sea por no estar subordinados o por falta de definición legal.

El concepto de la informalidad nace de un hecho económico y de una realidad existente en el mercado de trabajo. Desde esta perspectiva el sector informal no es por si identificable con la clandestinidad o la ilegalidad, por cuanto si bien es cierto que las condiciones precarias de la prestación hacen que con frecuencia la actividad se realice al margen de los requisitos legales (especialmente administrativos), también es cierto que numerosas actividades ilegales y clandestinas no pueden ser englobadas, por su elevada capitalización, en el sector informal.

En el sector informal se puede distinguir dos tipos: los trabajadores por cuenta propia sin trabajadores a su cargo y a los trabajadores por cuenta propia que componen las llamadas “empresas familiares”. (Mezzera: 1995: 9).

Estos trabajadores atípicos pasivos, toman la iniciativa de migrar de sus lugares de origen para trabajar en cualquier lugar y bajo condiciones precarias, con tal de conseguir un ingreso que les permita sobrevivir a ellos y a sus dependientes, un claro ejemplo es el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), que envía alrededor de 18,000 migrantes mexicanos cada año a laborar en los campos canadienses de manera temporal, y a ellos se agregan miles de trabajadores poco especializados que se colocan de manera temporal en los sectores de servicios, hotelería y construcción. Sin embargo, tanto el gobierno canadiense como el mexicano les niegan el derecho de obtener beneficios -como el del seguro por desempleo-, a pesar de que sus contribuciones al programa se elevan a más de 25 millones de dólares anualmente.

Las estrategias de movilización de recursos existentes en las familias de bajos ingresos, para reducir la vulnerabilidad pueden ser, en algunos casos, controvertibles desde el punto de vista social, ya que por ejemplo, las familias afectadas por situaciones críticas se ven obligadas en muchas ocasiones

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