EL AMPARO

El amparo constitucional frente a la administración publica

El amparo constitucional se enfrenta a actos, hechos u omisiones de la administración pública, bien sea en forma autónoma o conjuntamente con los distintos remedios contenciosos-administrativos previstos en nuestra legislación. Es importante destacar para iniciar el tema que los órganos del gobierno tienen mas deberes y obligaciones frente al ciudadano y, por ende, son los que mas frecuentemente pueden incumplir estos compromisos, produciendo violaciones de derechos fundamentales.

La acción de amparo constitucional ejercida en forma autónoma frente a los órganos de la administración publica

Art 2 LOA “la acción de amparo procede contra cualquier acto, hecho u omisión proveniente de los órganos del poder público nacional, estadal y municipal… que hayan violado o amenacen con violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta ley”

Cuando se ejerza la acción de amparo contra actos administrativos conjuntamente con el recurso contencioso – administrativo que se fundamente en la violación de un derecho constitucional, el ejercicio del recurso procederá en cualquier tiempo, aun después de transcurridos los lapsos de caducidad previstos en la ley y no será necesario el agotamiento previo de la vía administrativa.

Ahora bien, el máximo tribunal ha sostenido en reiteradas jurisprudencias que la acción de amparo debe invocar y demostrar que se trata de una vulneración constitucional flagrante, grosera, directa e inmediata. Un ejemplo de tal violación es tan ostensible que no requiera la revisión de situaciones fácticas o de procedimiento (tal sería el caso de un acto que ordenara la pena de muerte, o que prohíba la maternidad, etc.

De no ser así ha dicho también la sala, no se trataría entonces de una acción constitucional de amparo sino de otro tipo de recurso, por ejemplo, el contencioso administrativo, cuyos efectos anulatorios no se corresponden con los restitutorios del amparo.

Otra particularidad que presenta la acción de amparo constitucional ejercida en forma autónoma contra actos administrativos es el limitado alcance de los efectos de la decisión ante este tipo de acto lesivo. La doctrina y la jurisprudencia a adelantado el carácter breve y sumario de este procedimiento y en virtud de este supuesto carácter “personalísimo”, no es posible anular actos administrativos a través de esta acción, pues para ello requería de un proceso más complejo, como el de anulación, el cual se rige por disposiciones contenidas en la ley orgánica de la corte suprema de justicia.

De manera que aceptar que el Amparo Constitucional anula los actos administrativos lesivos a la Constitución, equivale a otorgarle un carácter de cosa juzgada material y además atribuirle efectos absolutos o erga omnis a la sentencia. En efecto, al anularse el acto administrativo este desaparece del ámbito jurídico por lo que es imposible posteriormente proceder a su revisión en otro proceso. Además, con una declaratoria de este tipo es posible que se afecte

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