EL DERECHO A LA VIDA

EL DERECHO A LA VIDA

ENSAYO

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La historia en sentido estricto de los Derechos Humanos -y del derecho a la vida- empieza con la modernidad (del siglo XVII en adelante),una época caracterizada -entre otras cosas- por el despliegue de la individualidad libre, que reivindica un espacio autónomo frente a las ataduras propias de épocas anteriores y quiere ser reconocida en

su valor y dignidad. La noción de derechos subjetivos entre ellos el

derecho a la vida, surge precisamente en este contexto político y cultural,

para reconocer y proteger la facultad de obrar y ser de sujetos

individuales y concretos. El derecho subjetivo se transforma en una

especie de privilegio legal o posesión para el individuo al cual se le

atribuye, puesto que en principio los derechos eran considerados como

atributos de determinadas personas, no de todas. Pero de manera paulatina,

gracias también a la noción de ley natural entendida como la ley

moral universal, se llegaron a concebir estos derechos como una prerrogativa

directamente vinculada con la naturaleza humana, y por consiguiente

como un atributo de todo ser humano. La gran revolución

del siglo XVII fue precisamente la utilización del lenguaje de los derechos,

en el sentido de derechos subjetivos, para reivindicar una dignidad

o valor intrínseco inherente a todos los hombres, y para proteger

como "derechos naturales" a bienes básicos como la vida o la libertad.

Pero, ¿fue realmente un cambio significativo el hecho de que se

comenzara a hablar de un derecho natural universal a la vida, como lo

hace, por ejemplo Jhon Locke (1632-1704)? A primera vista no, pues la

concepción del derecho natural -desde sus primeras formulaciones en

los estoicos y cristianos de los primeros siglos, hasta las más acabadas,

propias del Medioevo, como la de Tomás de Aquino (1225-1274)-

ya condenaba la agresión contra la vida de un inocente como un grave

atentado contra la ley natural. Sin embargo, a pesar de que la protección

de la vida desde la óptica de los derechos naturales o desde la

perspectiva de la ley natural que condena el homicidio, parezcan tener

efectos similares, el hecho de que la forma ya no sea la de un sujeto

que está bajo la ley, sino que posee un derecho, cambia el sentido de

todo, porque el sujeto se coloca en un lugar distinto: no es simplemente

el destinatario de una ley a la que tiene que obedecer, sino el

poseedor de un derecho o prerrogativa que impone obligaciones a los

demás. De esta manera el sujeto se convierte en el protagonista, para

establecer y darle fuerza a la protección a la que se refiere el derecho.

Desde el inicio de la modernidad, hablar en términos de Derechos

Humanos universales, liga el respeto de la vida y de la integridad con

la noción de autonomía, para configurar lo que va a ser considerado

como la dignidad del ser humano individual. Se

puede decir que la vida fue lo primero que surgió

como un derecho primordial, desde que comenzó

a hablarse de derecho natural como derecho subjetivo,

precisamente por ser la condición de posibilidad

de los demás derechos.

Pareciera también que, tan pronto como se

hizo indispensable definir los derechos universales,

se hizo igualmente necesario elevar la vida a

la categoría de un título inderogable e imprescriptible

y establecer el compromiso de protegerlo, por

parte del Estado y sus instituciones. Esto, al menos,

podría desprenderse del hecho que la vida

haya merecido un reconocimiento solemne y explícito

en la Declaración de Derechos del buen pueblo

de Virginia del 12 de junio de 1776. Así mismo,

pese a que no aparece en el texto de la Declaración de 1789 de la

Revolución francesa, sí se menciona de manera destacada en el proyecto

de Robespierre: "Los principales derechos del hombre -reza el

artículo segundo del proyecto presentado por Robespierre el 24 de

abril de 1793- son el de proveer a la conservación de su existencia y la

libertad".

Ya en el siglo XX el derecho a la vida queda solemnemente sancionado

en el artículo tercero de la Declaración Universal de la ONU.

Será el primero en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes

del Hombre, de 1948, y reaparecerá en el artículo cuarto de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José

de Costa Rica de 1969), como un derecho que empieza a partir del

momento de la concepción y del cual nadie puede ser privado arbitrariamente.

También la nueva Constitución de Colombia proclama el derecho

a la vida, que encabeza la enumeración de los derechos fundamentales.

De acuerdo con el artículo 11, "el derecho a la vida es inviolable.

No habrá pena de muerte". El texto del proyecto incluía también "el

derecho a morir con dignidad", que al final fue suprimido. El artículo

85 aclara además que se trata de un derecho de aplicación inmediata,

por lo que la persona puede emprender una acción de tutela cuando

vea amenazada su posibilidad de supervivencia.

El texto constitucional destaca también los derechos sociales estrechamente

vinculados con el derecho a la vida, concebido como un

derecho a los medios de subsistencia y a la posibilidad de llevar a cabo

una vida digna. Los artículos 44, 46 y 47 subrayan el deber prioritario

del Estado en cuanto a la protección de los miembros más vulnerables

de la sociedad -niños, ancianos y discapacitados- cuya salud, seguridad

y bienestar gozan de garantías especiales. Los artículos 48 y 49

garantizan para todos los colombianos "el derecho irrenunciable a la

seguridad social" y "el acceso a los servicios de promoción, protección

y recuperación de la salud". En fin, el artículo 53 consagra el derecho

a una "remuneración mínima vital". La Constitución reconoce la

legitimidad de estas reivindicaciones, pero condiciona de manera realista

su deber de atenderlas a la disponibilidad de los recursos necesarios

para cumplir con esta clase de obligaciones.

Todo esto corresponde a una cultura de los Derechos Humanos

que, al mencionar la vida, la eleva a la categoría de esos derechos

sagrados e inviolables. Tal giro nos parece tan evidente que muy seguramente

reaccionaríamos con extrañeza ante quien negara que existe

un derecho a la vida y parece que estamos dispuestos a afirmar que tal

derecho sí existe y que debe ser defendido por los Estados y observado

por los ciudadanos. Pero es muy posible, también, que sólo hayamos

desarrollado la familiaridad con el lenguaje, sin que esto signifique

una claridad conceptual ni una conciencia responsable de sus im15

plicaciones prácticas. Una prueba a favor de esto sería el hecho de que

muy pocos podrían ponerse de acuerdo si les preguntaran en qué consiste

tal derecho a la vida. Conviene, pues, precisar la forma en que se

puede (y la forma en que no se puede) hablar de un derecho a la vida.

2. PRIMERAS PRECISIONES ACERCA DEL DERECHO A LA VIDA

La vida, para comenzar, antes que un derecho es un hecho y, más

concretamente, un hecho biológico. El hombre, único animal que habla

de derechos en este planeta, comparte ese hecho con miles de seres

vivos. Por tratarse de un hecho del que todo ser humano es protagonista

por el mero hecho de vivir y sin necesidad de que se lo proclame como

derecho, algunos llegan a pensar que no tiene sentido hablar de un derecho

a la vida. Cuando mucho se podría decir que la vida es el hecho

básico que requerimos para que se puedan reconocer, ejercer y hacer

respetar los derechos. La vida, por lo tanto, no sería uno de esos derechos

que se pueden gozar a partir de ella misma, sino su fundamento.

Hablar de derecho a la vida, sin embargo, consiste en elevar ese

hecho, que de momento compartimos todos los que ahora estamos

vivos, a la categoría de un título que debe ser reconocido por el Estado,

un título que obliga al Estado a respetarla y hacerla respetar por

parte de todos los ciudadanos. Claro: a diferencia de otros valores

que, en virtud de la cultura de los Derechos Humanos, los Estados han

llegado a reconocer y proteger como derechos (la libertad, la igualdad,

etc.), la vida no es algo que el Estado tenga que crear por la vía legal a

través del hecho fáctico lingüístico de proclamarlo, o por la vía policial

o judicial a través del hecho punitivo de hacer cumplir la ley. Así, por

ejemplo, proclamar la libertad es partir de un hecho contrafáctico que

comienza a cambiar la realidad una vez se da la proclamación. Proclamar

el derecho a la vida, sin embargo, no parece crear la vida. Más

bien el Estado llega tarde, si se puede decir así, a un hecho cumplido y

solamente puede rodearlo de garantías. Para hacer eso no requirió,

hasta muy recientemente, de elevar la vida a la categoría de derecho

básico. Bastaba con que fuera

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