Economia .

En términos generales, podríamos señalar que en la historia económica de México, después del movimiento de su independencia política y hasta la Gran Depresión del sistema económico capitalista internacional, aproximadamente, la economía del país advirtió un programa sustentado, en lo esencial, en la exportación de productos primarios.

Este proceso, identificado con frecuencia como un “modelo de crecimiento hacia fuera”, registró en México fuertes limitaciones para su operación y fue el antecedente de la industrialización por sustitución de importaciones (isi).

México hacia el exterior, evidenciando, durante su puesta en marcha, la dificultad de autofinanciamiento del programa.

La isi en México tuvo su mejor desempeño hasta la década de 1960.

A partir de entonces, este proceso enfrentó serias complicaciones que se hicieron más elocuentes en la década siguiente, cuando las modalidades adoptadas por la sustitución de importaciones patentizaron, finalmente, la débil integración del aparato de producción local y la pobre capacidad de exportación de la economía mexicana.

En lo esencial, el funcionamiento de la estrategia diseñada en México para la isi no consiguió consolidar el paso de la producción interna de los bienes industriales de menor elaboración, como los bienes de consumo, a los bienes industriales que requerían de procesos de producción más elaborados y complejos, como los bienes de capital, por ejemplo.

En suma, los signos de debilidad de la isi se hicieron cada vez más presentes en la segunda mitad de la década de 1970, cuando la economía nacional presentó desequilibrios diversos en virtud de que la menor capacidad de exportación tenía que financiar volúmenes crecientes de importaciones. Ante este panorama, los desajustes comercial y financiero fueron dos resultados de un proceso incompleto de organización productiva que se proyectó en la disminuida capacidad de exportación de México en el mercado mundial.

En realidad, desde los años ochenta, cuando las diferentes administraciones de gobierno –con y sin alternancia de partido político– decidieron que la estabilidad macroeconómica (o de precios para ser más exactos) se ubicara como el punto central de la conducción económica doméstica, el manejo de la política económica ha perturbado el comportamiento de varios indicadores relacionados con el crecimiento económico y, a partir de éste, con el bienestar de la población. Dicho en otros términos, el fuerte supuesto oficial de la transmisión de beneficios económicos y sociales proyectados desde el “buen desempeño” de los grandes agregados económicos sigue sin considerar la promoción del crecimiento económico como base y mecanismo fundamental para acceder al desarrollo económico.

Incluso habría que agregar que en el marco de la globalización de la economía mundial –que entre otros aspectos incluye la interdependencia productiva entre países y la aceleración del comercio mundial–, la libertad concedida a los movimientos del capital internacional en países de bajo desarrollo como México suele perturbar, con frecuencia, la orientación y los resultados esperados de las políticas económicas en los países receptores de este tipo de capital. No es exagerado afirmar, en este sentido, que en México tanto las políticas económicas internas como la integración internacional de la economía nacional han transformado las estructuras de producción y comercio exterior del país; empero, dicha transformación no se ha traducido en los beneficios netos proyectados.

Por supuesto, con apertura comercial y desregulación interna, el fenómeno

anterior se refiere al éxito o fracaso de los procesos de integración

internacional de las economías nacionales, los cuales se derivan –por cierto

y en gran parte– de las circunstancias que predominen en la inclusión

de cada economía nacional en el escenario internacional.

En el caso de México, con las particularidades asumidas por la apertura

económica hacia el exterior, la desregulación de la actividad económica

interna y la integración internacional, los resultados observados en el

retroceso del crecimiento económico, el desequilibrio comercial y la descomposición

social y ambiental no permiten suponer la posibilidad ni la

conveniencia de disponer del financiamiento que exigiría mantener el programa

económico de gobierno aún en práctica. En efecto, la estabilidad de

precios y la exportación de mercancías no han sido factores que permitan

remontar los niveles del crecimiento económico y el bienestar social.

Incluso en cuestiones como la conformación de la estructura de las

regiones del país, o bien la relación entre el ambiente y la competitividad

en la exploración de mejores condiciones internas y de mayor posicionamiento

en el mercado mundial, la práctica de la estrategia seleccionada

en México ha reportado efectos desfavorables para la economía nacional.

Los resultados incompletos de la isi constituyeron un motivo fundamental

para proponer, desde la esfera gubernamental, la reorientación de la

economía local, que a partir de entonces ha privilegiado los mecanismos

del mercado para regular el funcionamiento de la actividad económica;

mientras que, en contraparte, la intervención del Estado perdió importancia

en los ámbitos económico y social.

El tránsito del Estado protector a la apertura y desregulación de la

economía subrayó dos propósitos de la política macroeconómica. El primero

es la transformación del aparato de producción doméstico (cambio

estructural) con el predominio de las manufacturas; el segundo propósito

enfatizó la prioridad de reducir las tasas domésticas de inflación, aun a

costa de otros indicadores relevantes en los ámbitos de la actividad económica

y el bienestar social domésticos (Moreno-Brid y Galindo, 2007).

Habría que agregar, no obstante, que el respaldo al crecimiento económico

y la generación de empleo fueron dos aspectos proyectados también

por el discurso oficial que planteó el beneficio y la necesidad de la regulación

económica del mercado. A pesar de lo último apuntado, los resultados

registrados por estos indicadores parecen contradecir el discurso del

gobierno.

Durante el periodo de transición de una economía cerrada con amplia

participación del Estado a una economía abierta con el mercado como regulador

central de la actividad económica, la conducción oficial se enfocó

al propósito simultáneo de la recomposición económica de México para

acceder a la industrialización orientada a la exportación, sin considerar

que, después de la crisis estructural de la economía en 1982, una parte

significativa de la estructura productiva carecía de las condiciones necesarias

para enfrentar con éxito el nuevo ambiente de competencia internacional

generado por la apertura de la economía. En nuestra opinión, y

considerando el tema del presente trabajo, éste es un elemento que, desde

el inicio del programa de apertura, ha tenido mucho que ver con el pobre

comportamiento que han mostrado indicadores económicos y sociales

relevantes, tales como el producto y el empleo.

El periodo de 1983-1987 significó la primera etapa de la propuesta del

gobierno de México para lograr la estabilidad macroeconómica y la modernización

productiva. Para entender una parte sustancial de lo ocurrido

durante ese lapso, creemos conveniente asentar, desde ahora, la dificultad

del gobierno para seguir disponiendo del financiamiento foráneo que

compensara los desequilibrios comerciales y financieros del país. En un

escenario de restricción crediticia, México aceptó el compromiso de cumplir

con el pago de los intereses de la deuda externa para restablecer,

primero, su figura de buen acreedor internacional y restablecer, después,

los flujos del financiamiento foráneo.

La política cambiaria se condujo por el camino abierto de la subvaluación

de la moneda nacional por medio de la fuerte devaluación del peso

que registró un promedio anual de 80%. Si bien es cierto que este mecanismo

coadyuvó al registro de superávit comerciales en cada uno de los

años del periodo, también lo es que la subvaluación provocó movimientos

monetarios especulativos y, por tanto, desfavorables al comportamiento

de otros indicadores locales. Las tasas de interés domésticas subieron en

esos años 18.4% como promedio anual, y ambas tendencias al alza, tipo

de cambio (tc) y tasas de interés, provocaron un ambiente de incertidumbre

económica que afectó el desempeño de variables macroeconómicas

internas, como la inversión, el producto y la inflación.

La combinación de inflación con estancamiento productivo implicó, para

el siguiente periodo, que el objetivo de la estabilización macroeconómica

del país destacara de manera más concluyente, sin que lo anterior significara

modificar los matices de la apertura y la desregulación de la conducción

económica en el país. En nuestra opinión, esta segunda etapa continúa

vigente en sus condicionantes generales.

En especial, desde 1988 aproximadamente la conducción económica

en México ha privilegiado el combate a la inflación a pesar de los efectos

adversos que este propósito ha transmitido a otros indicadores macroeconómicos

que también son vitales para determinar el rumbo económico y

social de la nación. Con esta perspectiva gubernamental, y con la exportación

de manufacturas como el factor de empuje para el conjunto de la

actividad económica, la política oficial ha hecho hincapié en las ventajas

del mercado y en la integración de la economía nacional a la internacio

nal, sin que, al parecer, dicha propuesta haya tomado en consideración

las carencias estructurales de la producción interna, emanadas de la crisis

de 1982 y del periodo de 1983-1987. Ante este panorama, la intensa y

variada política de apertura de la economía, la orientación monetaria de

sobrevaluación de la moneda nacional y la ausencia de política industrial

generaron una desprotección neta de la planta de producción local: el sesgo

antiexportador de la isi fue remplazado por el sesgo pro-importador

del esquema secundario exportador incidiendo en el incremento del déficit

comercial del país (Guillén, 2007). Nos limitamos a presentar algunos

aspectos que consideramos relacionados con este trabajo.

Desde nuestro punto de vista, y considerando los objetivos del presente

texto, podríamos mencionar tres elementos que permiten constatar el

progreso económico de un país: el crecimiento económico, la generación

de empleo y la distribución favorable de la renta nacional.22 De hecho,

existe un amplio reconocimiento para la relación que se establece entre

estos tres indicadores.

Desafortunadamente, desde el inicio del nuevo programa económico

en México –esto es, el de ayd para la estabilización macroeconómica–, se

empezó a manifestar la baja trayectoria tanto de la inversión como del pib

y, por tanto, la incapacidad de la estructura de producción doméstica para

absorber, de manera formal, una oferta de trabajo en crecimiento.23 Esta

tendencia no se ha modificado a pesar de la menor dinámica poblacional

y es, entonces, otro punto pendiente de la agenda del gobierno

La teoría económica predice que en un contexto de economía abierta,

con movilidad externa de capital, es necesaria la coordinación de la política

fiscal y monetaria para expandir la economía. Una política monetaria

expansiva ayudaría a bajar las tasas de interés y elevar la inversión; una

política fiscal expansiva –principalmente inversión pública– impulsaría el

crecimiento y fomentaría el mercado interno. Sin embargo, se está aplicando

una política contraria. Las políticas monetaria y fiscal han sido

contractivas y no están favoreciendo el crecimiento económico. Se percibe

la descoordinación de políticas en todo el gobierno federal: la Secretaría

de Hacienda y el Banco de México operan restringiendo el crecimiento

económico, y la Secretaría de Economía no genera las políticas de apoyos

sectoriales que impulsen la actividad industrial. El resultado: una economía

semiparalizada sin perspectivas cercanas para un cambio sustancial.

México ha estado sumido en la turbulencia política desde hace varias

décadas. Durante los gobiernos priístas el régimen presidencialista aseguraba

cierta estabilidad política, el Congreso estaba igualmente controlado

y los gobernadores de los estados formaban parte del establishment, sujetándose

a las órdenes del presidente de la República. El diseño y la ejecución

de las políticas económicas se realizaban sin encontrar resistencias

importantes. El sistema político mexicano era pues presidencialista, clientelar

y profundamente inequitativo en la distribución del ingreso y en el

acceso a las oportunidades de superación personal.

Durante muchos años, la población confió en una reforma política

que, con la llegada de nuevos partidos políticos, modificara la correlación

de fuerza de los diversos grupos de poder y mantuviera políticas públicas

que beneficiaran a la mayoría de los mexicanos. La reforma política de

1977 permitió la participación de nuevos partidos políticos en los procesos

electorales del país.10 En octubre de 1990 se crea el Instituto Federal

Electoral (ife) como resultado de la reforma política de 1989 y como una

secuela del descontento social en torno a los procesos electorales. Uno

de los obstáculos que México ha enfrentado en la vida política es que no

se habían presentado procesos electorales en los que privara la transparencia,

la certeza y la equidad en las contiendas políticas. En efecto, el

ife puso orden en los procesos electorales: la elección de 2000, en la que

ganó la presidencia Vicente Fox, fue la prueba de fuego que enfrentó esta

nueva institución, y podemos decir que la enfrentó con éxito.

Sin embargo, en el corto plazo, se percibe en el país que los procesos

electorales, ahora más competidos y con resultados creíbles, no inciden en

más y mejores políticas públicas. En general, la ciudadanía observa que la

alternancia política –presente en la Presidencia de la República desde 2000–

no ha provocado cambios sustanciales en la calidad de vida de la mayoría

de la población. Por el contrario, sigue registrándose un deterioro creciente

de la economía familiar y una descomposición social en ascenso. En

este sentido, consideramos pertinente destacar las siguientes preguntas: ¿si

los procesos electorales y la alternancia política no han permitido la llegada

al poder de funcionarios que diseñen e impulsen buenas políticas públicas

que permitan una mejor calidad de vida de la población, entonces para qué

sirven las elecciones?; ¿vive México realmente en una democracia?

Para un sector creciente de la población, las elecciones sólo sirven para

dar legitimidad a un proceso electoral cruzado por intereses privados de

grupos de poder: económicos, religiosos y empresariales, que mantienen

una relación estrecha con los poderes formales; los ciudadanos sólo votan

durante los procesos electorales, pero no tienen mecanismos de intervención

en el rumbo de las políticas económicas. Las decisiones más importantes

las toman los grupos fácticos, fuera de las estructuras formales de

poder.

Bobbio (2008) explica que la democracia se caracteriza por un conjunto

de reglas, en el que las decisiones se toman mediante los representantes

electos que gobiernan para las mayorías. Sin embargo, en México este

principio se aleja cada vez más de la realidad. Las reformas más importantes

que impulsó el gobierno federal desde la década de 1980 no fueron

discutidas ni consensadas, y el Congreso de la Unión autorizó las reformas

a espaldas de los intereses de sus representados.

La última elección presidencial de 2006 fue un punto de quiebre en

la vida política nacional, porque el país regresó a los conflictos poselectorales.

Fue una elección que dividió profundamente a los mexicanos,

en la cual Felipe Calderón resultó electo en una de las elecciones más

cuestionadas de la historia política de México. Luego de llegar al poder,

Calderón ha enfrentado serias dificultades para gobernar, y los partidos

políticos, principalmente el pri, han aprovechado la debilidad política del

gobierno para bloquear muchas iniciativas de reforma.

En síntesis, los procesos electorales no están cumpliendo su función de

construir gobiernos eficientes, que diseñen políticas económicas que generen

empleos, aumenten el ingreso de la población, distribuyan la riqueza

generada y promuevan el desarrollo de empresas eficientes y competitivas.

Al contrario, la actual clase política está “produciendo” gobiernos

ineficientes, incapaces de crear el marco institucional adecuado para procesar

acuerdos legislativos que transformen las instituciones.11

a diferencia existente entre los niveles de desarrollo de los países es

quizá uno de los principales problemas abordados por la literatura

económica contemporánea. A pesar de la ampliación de estas brechas

de bienestar, pocos estudios se han ocupado recientemente en explicar

el fenómeno desde la perspectiva de la continuidad de una inserción

dependiente de las economías en vías de desarrollo a las cadenas internacionales

de producción. En este sentido, mucho se ha escrito de cómo las

naciones calificadas de “emergentes” pueden beneficiarse de la apertura

comercial y la globalización en general. De igual forma, se ha insistido en

los numerosos errores cometidos por sus autoridades y en los vicios internos

de toda índole como las causas esenciales del desaprovechamiento de

una integración comercial y financiera mundial, vista además como ineludible.

Atrás parecían haber quedado los tiempos en los que se hablaba de

cómo el entorno internacional condicionaba y limitaba las posibilidades

de crecimiento de estos países.

de crecimiento de estos países.

Así, la diversificación y creciente complejidad a escala mundial del

marco organizativo de las actividades de las grandes empresas transnacionales

(etn) fueron promovidas como un área de oportunidad para las

* Investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad

Nacional Autónoma de México [ravazz@hotmail.com].

114 | Raúl Vázquez López

economías de desarrollo intermedio como la de México. En consecuencia,

y tras las reformas estructurales emprendidas a partir de la década de

1980, la expansión de los sistemas integrados de producción y la naturaleza

de la gobernanza de éstos se convirtieron en uno de los principales

determinantes del desarrollo económico del país.

Destaca, entonces, la relevancia de examinar las consecuencias que la

expansión de estos sistemas ha tenido para las características de la economía

mexicana y, por extensión, para las posibilidades de un desarrollo

sostenible y relativamente autónomo de largo plazo para el país. Desde

una visión que pretende inspirar la construcción de ventajas competitivas

dinámicas, diversos análisis han subrayado la importancia de exportar

bienes de mayor contenido tecnológico, utilizando tipologías poco significativas

en términos de los efectos económicos positivos de arrastre que

las diferentes estrategias de desarrollo presentes pudieran tener.

Así, el presente artículo busca una síntesis de los diferentes elementos

de análisis antes expresados con el fin de resaltar el impacto de la expansión

de los sistemas integrados globales tanto en el aparato productivo

como en las expectativas de evolución de los niveles de bienestar de México,

utilizando como referencia algunos datos de América Latina. En un

primer apartado, el trabajo describe brevemente el funcionamiento de los

dos tipos principales de eslabonamientos globales de fabricación, según la

tipología establecida por Gereffi. Tras mencionar las tendencias de los patrones

de especialización latinoamericanos en términos de productividad,

valor agregado doméstico y crecimiento, el último apartado enumera,

para la economía mexicana, las principales consecuencias de este tipo de

inserción productiva dependiente en el ámbito mundial.

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