El desempleo en Argentina

1. Introducción.

A pesar del incremento sostenido de los indicadores de

desocupación durante la segunda mitad de los años noventa,

Argentina continuó recibiendo inmigrantes de países limítrofes, que

se insertaron predominantemente en actividades urbanas precarias

e informales. Algunos de ellos, dada su vulnerabilidad, terminaron

explotados laboral o sexualmente.

Paralelamente, desde hace varias décadas, se ha registrado un

aumento sostenido de la participación de la mujer en el mercado

laboral, de los hogares con jefatura femenina y, en la década del

noventa, de las mujeres en situación de pobreza. El mercado de

trabajo argentino muestra indicadores de discriminación por género,

ya que la inserción laboral femenina es más precaria y en actividades

peor remuneradas y de menor calificación.

Mujeres y niños pobres, con escasa educación y limitadas

posibilidades de inserción laboral, son blanco fácil para el engaño y

las falsas promesas que constituyen el primer paso de la trata de

personas. Además de estas carencias materiales, otros factores del

entorno facilitan que sean captados: la corrupción policial, la

tolerancia hacia la prostitución juvenil e infantil, la abundancia de

trabajos abusivos e irregulares y la impunidad de estos hechos.

También debe señalarse que otros obstáculos en la lucha contra

la trata se centran en la falta de una legislación específica y el poco

conocimiento público de la gravedad de la problemática.

Argentina es señalada en varios documentos internacionales

como un país de destino para mujeres y niños víctimas de trata con

fines de explotación sexual y laboral, lo que compromete a todo el

territorio argentino. Las víctimas son mujeres, mayoritariamente

menores de edad, poco escolarizadas y muy pobres. Se han detectado

numerosos casos de mujeres provenientes de Paraguay, que

mayoritariamente ingresaron a la Argentina regularmente y por

pasos habilitados. La captación mediante engaño es la principal

forma de reclutamiento. Esta modalidad requiere alguna forma de

conexión o proximidad y, en general, involucra a más de una persona.

También existen comisionistas que tienen una red de reclutadores.

Otra modalidad de captación, utilizando la violencia en su estado

más puro y duro, es el secuestro y posterior privación de libertad y

explotación. Han sido identificados proxenetas que explotan mujeres

en distintos prostíbulos del país mediante el llamado «sistema de

plazas», que implica la cesión de las mujeres por parte de los

proxenetas durante un período determinado de tiempo.

Pese a la magnitud del fenómeno, pocas de estas situaciones

llegan a los estrados judiciales (casos judicializados). Los pocos que

existen en manos de la Justicia se inician a partir de la denuncia

efectuada por alguna mujer que ha logrado escapar de un prostíbulo

y pedir auxilio. Esto es así porque no existe una política criminal

que tenga en la mira esta parte del mundo delictivo.

Resulta importante remarcar la falta de una legislación adecuada,

la inexistencia de estudios, la escasa capacitación y la desidia de los

funcionarios que no efectúan investigaciones serias de los casos. La

connivencia policial y política, sumado al desconocimiento de jueces

y fiscales del «modus operandi» de los procesos de trata, terminan

de conformar un preocupante panorama. 2. El desarrollo de la investigación.

La primera aproximación al tema fue a través del análisis de las

fuentes periodísticas. El marco temporal fue de cinco años,

relevándose la prensa desde enero del 2000 hasta abril del 2006,

comenzando por los principales periódicos nacionales (La Nación, Clarín y

Página/12) y luego, con los sitios a investigar ya determinados, siguiendo

con los principales medios locales.

El análisis del emergente noticioso permitió seleccionar los puntos

de partida en los que se centraría la atención de esta investigación de

carácter exploratorio.

Este ejercicio permitió trazar un primer escenario. Pero, al ser

Argentina un extenso país con organización federal (con autonomías

provinciales), se establecieron «casos testigo» para tener una visión

más ampliada. Sobre las provincias no incluídas, se verá que -aunque

no fue posible conocer la dinámica de la trata- sí fue posible inferir

su existencia.

Finalmente, el recorte geográfico fue el siguiente: la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, la

Provincia de Córdoba, la Provincia de Misiones. A ello se sumó el

análisis, bajo la forma de casos testigo, de otras provincias: Chubut

(región patagónica), Entre Ríos (región del litoral), Jujuy (región

noroeste) y Tucumán (región noroeste), tomando como base el

emblemático caso de Marita Verón.

La determinación de los lugares de trabajo también estuvo

definida por otras fuentes, como las causas judiciales comprendidas

en ese período y lo aportado por informantes claves.

Las causas judiciales como fuente de información

El acceso a los expedientes judiciales fue posible gracias a la

colaboración de la Cancillería Argentina, facilitando el vínculo con

los actores jurisdiccionales. En alguna medida, como la autorización

para el acceso a las causas resultaba finalmente potestad de las

autoridades del Ministerio Público o del Poder Judicial, esta

circunstancia también condicionó el acceso a la información.

De todas maneras, los expedientes judiciales fueron reveladores

de las rutas existentes y las estrategias de los tratantes. Y, en algunos

casos, las trayectorias biográficas de las víctimas.

La ausencia de normas penales que específicamente tipifiquen

el delito de trata obligó a identificar las causas de manera indirecta,

recurriendo a aquéllas caratuladas por delitos conexos, lo que no

aseguraba que efectivamente se encontraría la información buscada.26

Por ejemplo, bajo el rótulo de promoción de la prostitución o

corrupción de menores, se encontraron efectivamente, casos de trata.

En otros casos la situación era típicamente de corrupción de menores

(por ejemplo, casos en que la victimización era generada por la propia

familia, en el lugar de origen y sin utilización de ninguno de los

medios típicos de la definición del Protocolo de Palermo).

Asimismo, la falta de encuadre conceptual de muchos operadores

judiciales ante posibles casos de trata y la existencia de algunas

prácticas administrativo-judiciales muy instaladas, hacían que sus

investigaciones estuvieran más orientadas a «probar» el

consentimiento o no de las víctimas, relativizando la presencia de

otros elementos constitutivos de la trata.

Esto obligó a detectar la trata en los expedientes sin recurrir

exclusivamente al testimonio de las propias víctimas. Si este equipo

de trabajo se hubiese quedado solamente con «la fotografía» que

formalmente crea el abordaje judicial, se hubieran detectado muchos

menos casos que los finalmente registrados. Ni siquiera la

acreditación de la edad pudo ser considerada como un elemento

terminante, ya que -en muchas ocasiones- existían documentos falsos

y prácticas de sustitución de identidad.

Otra dificultad para clarificar las situaciones fue comprobar que

varias víctimas de trata, llegado cierto momento, se volvían

reclutadoras, es decir, victimarias o tratantes.

Las entrevistas a informantes claves

Se entrevistaron varias personas directa o indirectamente

implicadas en las redes de explotación. Por otro lado, se asumió que

las entrevistas con las víctimas probablemente arrojarían más luz

que las anteriores.

Esto produjo la adopción de algunas decisiones metodológicas

previas que se mantuvieron a lo largo de todo el proceso. La primera

y fundamental fue que el contacto con víctimas se haría siempre que

ellas pudieran decidir libre e informadamente si querían o no

mantener la entrevista. Luego, en caso de que accedieran, se reiteraba

el objetivo de la entrevista y se establecían reglas básicas: estricta

confidencialidad en cuanto a sus datos personales (incluso cuando

ellos hubieran sido públicos previamente) y un sometimiento estricto

a su decisión en cuanto a qué preguntas responder o no. El mismo

criterio se adoptó con cuestiones tales como el lugar de la entrevista

o el tiempo de duración.

Adicionalmente, ante la menor advertencia de incomodidad,

agobio o malestar producido como resultado del recuerdo de las27

circunstancias atravesadas, los investigadores tenían como prioridad

contener la situación aunque debiera darse por terminada la

entrevista. Como se trataba de víctimas mujeres, en todos los casos

fueron consultadas sobre sus preferencias respecto de ser entrevistadas

o no por hombres o mujeres. En todos los casos les resultó indistinto.

Finalmente,

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