Estado constitucional de derecho

1.- ¿Cuál es la premisa normativa establecida por la Corte Suprema, en el presente caso?

Es el Interés Superior del Niño y el Adolescente consagrado en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes “En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado (…) se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos”, que guarda relación con lo prescrito en la Constitución en el artículo 4 “la comunidad y el estado protegen especialmente al niño y al adolescente”, asimismo consagrado en cuerpos supranacionales como lo son la Declaración de los Derechos del Niño y en la Convención sobre los Derechos.

COMENTARIO:

De acuerdo, así también añadir que el Tribunal Constitucional mediante la sentencia expedida en el expediente 02079-2009-PHC/TC, al interpretar los alcances del principio del interés superior del niño y del adolescente, así como el presupuesto de interpretación constitucional; en su fundamento trece ha interpretado: “(. . .) el deber especial de protección sobre los Derechos del Niño vincula no solo a las entidades estatales y públicas sino también a las entidades privadas e inclusive a la comunidad toda, a fin de que en cualquier medida que adopten o acto que los comprometa velen por el interés superior del niño, el cual debe anteponerse a cualquier otro interés. (...) Y es que la niñez constituye un grupo de personas de interés y de protección prioritaria del Estado y de toda la comunidad, (…) y es que parte de su esencia radica en la necesidad de defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a plenitud por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, no puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus derechos…”. Que prácticamente nos explica la razón de la primacía del interés superior del niño.

2.- ¿Cuál es la premisa fáctica determinada para el caso, por la Corte Suprema?

La Corte Suprema estableció como premisa fáctica el hecho que los demandantes y los demandados acordaron que Isabel Zenaida Castro Muñoz y Giovanni Sansone se sometan a un proceso de fecundación asistida a fin de procrear a la menor Vittoria Palomino Castro, para que luego ésta sea entregada a los pre adoptantes demandantes, lo cual ocurrió cuando la menor contaba con nueve días de vida, según consta en el acta de entrega, y ha estado bajo su cuidado ininterrumpidamente. Debiéndose resaltar además que los padres de la niña actuaron por necesidad económica pues era necesario para mejorar su situación familiar.

COMENTARIO:

Así, la Corte Suprema considera deplorable el accionar de los demandados, pues luego de haber suscrito la demandada de adopción conjuntamente con los demandantes, donde precisan “DEMANDADOS: Solo por razones formales deben ser considerados como demandados los padres biológicos Paúl Frank Palomino Cordero e Isabel Zenaida Castro Muñoz…”; y luego de haber reiterado su consentimiento de dar en adopción a su menor hija, en la audiencia única de fecha veintidós de agosto del año dos mil siete, la demandada Isabel Zenaida Castro Muñoz, mediante escrito precisa que hasta antes de mostrar su desacuerdo con el presente proceso, tuvo en todo momento la voluntad de dar a su hija Vittoria en adopción al ser este el "acuerdo" asumido con los accionantes; refiriendo: "(…) todos los actores en la acción de adopción habíamos efectuado hechos fraudulentos con el fin de obtener provecho en perjuicio de mi menor hija…". Teniéndose además, que los demandados han demostrado el poco valor que le dan a la vida y la deplorable manipulación que han intentado hacer con la vida de un ser indefenso que merece toda la protección de sus progenitores y la Ley; debiéndose resaltar además que ha quedado evidenciado el beneficio económico de los demandados

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