LA GRAN DELINCUENCIA ORGANIZADA EN ESPAÑA

Introducción

Si queremos realizar, cualquier tipo de análisis, estudio, observación, comparación, sobre la Delincuencia Organizada requiere de un esfuerzo colosal, ya que son tantos los aspectos que engloba que nos podemos perder por esos rastros, son tantos los delitos que engloba, que si tuviésemos que acometer cada una de las legislaciones punitivas, que lo sancionan, tendríamos que realizar un recorrido por todos los países, ya que como veremos más adelante una de las características de esta delincuencia, es su transnacionalismo, debido a ese sistema globalizador, en el que la sociedades están absorbidas.

Visto lo anterior nos centraremos en este tipo de  fenómeno dentro de nuestro país, donde está vigente  un Estado Democrático Social de Derecho, donde prevalecen las libertades individuales, donde existe el principio garantista, así como un principio de oportunidad, que cada día se aplica con más arbitrariedad. Otro de las funciones  que afectan a este  tipo de delincuentes, es nuestro sistema penitenciario, así como las funciones de la pena.

Por todo lo expuesto, intentaremos extraer, si hay algún tipo de influencia de todos estos factores, en el afianzamiento de este tipo de organizaciones en nuestro país con respecto a otros de nuestro entorno.

Características de la Delincuencia Organizada en España

Podemos definir la Delincuencia Organizada, partiendo de su composición. Delincuencia como personas que delinquen, y Organizada por su jerarquización y sus fines comunes.

De esta forma podemos encontrarnos que nuestro sistema jurídico, y más concretamente en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, no reconoce el termino Organización, lo sustituye por organización criminal o grupo criminal.

Así la Ley Orgánica de 5/2010 de 22 de junio, que dice que organización criminal es aquella que tiene a dos o más personas, que tiene que tener un carácter estable en el tiempo, que tiene que haber un reparto de tareas en la comisión del hecho delictivo y, un fin que en si será la comisión del hecho delictivo.

Los delitos más frecuentes dentro de la organización criminal, que podemos normalizar son:

Delito de secuestro de personas. (Arts. 164-166, 177 del C.P)

Delitos relativos a la prostitución. (Arts. 187-189 del C.P)

Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. (Arts. 237,243,244,248,301 C.P)

Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. (Arts. 270-277 C.P)

Delitos contra los derechos de los trabajadores. (Arts. 312,313,318 C.P)

Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada. (232,234 C.P)

Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo. (Arts. 345del C.P)

Delitos contra la salud pública. (Arts. 368-373 del C.P)

Delito de falsificación de moneda. (Arts. 386,399 del C.P)

Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos. (Arts. 566-568 del C.P)

Delitos registrados de Delincuencia Organizada

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                                                   datos obtenidos de http://www.ine.es/.

Si observamos la tabla, podremos darnos cuenta de la diferencia de delitos ya penados, que existen en nuestro país en comparación con el resto de la Unión Europea. A falta de estadísticas más fiables, y estudiándolo, teniendo en cuenta que en nuestro país, las fuerzas y cuerpos de seguridad en la última década detectaron 4509 bandas, de estas se estima que se han desarticulado 3218, que representan el 60%, por lo que se estima que todavía quedan operativas entorno a los 400 grupos.

Nos podemos preguntar  ¿a qué es debido esta cantidad de bandas u organizaciones en España?. La respuesta es sencilla, y  la podemos buscar en varios motivos, según al delito principal al que este orientado la Organización.

• La situación geográfica de la península,
• La primera industria del país el Turismo.
• El fenómeno económico de los últimos años.
• Un sistema penal garantista.

Hay dos fenómenos delictivos que van unidos de la mano, estos son el crimen organizado y el blanqueo de capitales. Sólo una fracción muy pequeña del dinero incriminado por blanqueo ha sido generado fuera de España y acude a nuestro país buscando refugio... España simplemente no es una “lavadora internacional del dinero del narcotráfico” aun cuando sea un gran centro de consumo y tránsito de drogas ilegales, pero su economía no depende ni de lejos del narcotráfico con la excepción de algunas zonas situadas en su periferia (zonas de las provincias de Pontevedra y de Cádiz).

El grueso de los blanqueadores españoles son de baja extracción social, tienen muy pocos recursos y ni pueden ni quieren representar un peligro para la estabilidad del sistema socioeconómico. Cuando se “infiltran” en el sistema empresarial, lo que hacen realmente es crear empresas ficticias para poner cuentas corrientes a su nombre así como pisos y coches adquiridos con dinero ilegal.

Hay muy pocos casos en los que se puede hablar de “grupos organizados” con un funcionamiento análogo al que rige en las organizaciones legales.

Más bien se confirma una hipótesis de Peter Reuter, criminólogo norteamericano, cuyos trabajos no fueron tenidos en cuenta en su día a la hora de desarrollar las leyes de lucha contra las nuevas formas de criminalidad organizada: el principal recurso del llamado crimen organizado no está en su organización sino en su des-organización. Cuando se “organiza” se hace visible y es rápidamente interceptado. La mayoría de los casos de blanqueo en España obedecen a este patrón, gente que se junta de forma espontánea y efímera para hacer un gran negocio en poco tiempo y disolverse poco tiempo después.

Sólo tres de estos casos –los casos Correa, Malaya 1 (Muñoz-Pantoja), Malaya 2 (Roca)- han generado más activos incriminados (455 millones de €) que todo el narcotráfico junto a lo largo de más de quince años además de pervertir el sistema político y de destrozar municipios y paisajes.

El destino del dinero ilegal procedente de estos delitos sí que representa un peligro para el orden socioeconómico y político: la financiación ilegal de partidos, el cohecho, la creación una infraestructura institucional para delinquir. Estos son los delitos que verdaderamente deberían preocupar a la opinión pública pues muchos de sus actores forman parte del gran poder económico y político del país.

La crisis financiera de 2008 ha demostrado como falso otro de los argumentos que circularon por la criminología occidental hasta hace bien poco: los actores con capacidad de desestabilizar el orden socioeconómico no son los narcotraficantes sino los especuladores financieros cuyas conductas aún no han sido tipificadas como delito, un campo complejo y vital que la criminología y el derecho penal tienen aún por explorar.

Menos conocida es la causa española que tuvo en vilo a la mujer de Zardari, Benazir Bhutto, y a su escudero y posteriormente ministro de Interior, Rehman Malik. Uno de los motivos de que cayera en el olvido es que Bhutto perdió la vida en un atentado terrorista el 27 de diciembre de 2007, un asesinato que el régimen del general Pervez Musharraf, su enemigo político, achacó a los talibanes. (Agencia Efe)

La Operación “Ballena Blanca” desarrollada en Marbella, resultó un punto de inflexión en la lucha contra el blanqueo de capitales. Desde la aprobación de la Ley Antiblanqueo se había impuesto la obligación de información al SEPBLAC sobre el origen y el destino de los fondos gestionados.

La opacidad del sistema es tal, que a día de hoy no se sabe a ciencia cierta quién es el propietario de FORUM y AFINSA, sospechándose que los administradores eran simples testaferros de José Manuel Carlos Llorca, personaje huido de la justicia e imputado en causas penales tan dispares como el Caso Malaya, la operación Ballena Blanca o el escándalo de AFINSA.

La mafia, el blanqueo de capitales y la corrupción política. Mafia y corrupción tienen diversos puntos de encuentro, desde la obtención de la residencia legal del representante de la mafia, continuando por la transferencia de fondos a una institución financiera nacional y, finalmente, la inversión de estos flujos de capitales en bienes inmuebles a través de entramados financieros que hacen muy difícil la averiguación del origen ilícito de los fondos. En el procedimiento descrito, las mafias procuran la connivencia de distintos funcionarios públicos, desde el Policía Nacional encargado de tramitar la residencia, pasando por el empleado de banca que recibe los fondos, el abogado que planifica la estructura societaria, el Notario, el promotor inmobiliario y, finalmente, el político, que ante la presión constructora cede liberando suelo para urbanizar.

La operación  Hidalgo originada por el supuesto blanqueo de capitales manchados de sangre y droga han propiciado la detención de políticos (el alcalde de Manilva, localidad cercana a Marbella) y jueces (el juez de Marbella Urquía). El motivo es bien sencillo, el dinero de la mafia acaba corrompiendo a políticos y jueces. Pero no sólo a ellos. También se han detenido agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (UDYCO) la unidad de la Policía de lucha contra las mafias. Nadie está a salvo de la corrupción mafiosa, máxime con los precarios sueldos de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

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