DELINCUENCIA ORGANIZADA

DELINCUENCIA ORGANIZADA

EPOCA MODERNA

Es indudable que un tema de actualidad, no sólo jurídica sino social, política y económica, es el fenómeno de la delincuencia organizada. La importancia y dificultad del tema radica, además, en el hecho de que la delincuencia organizada rebasa las fronteras, no sólo territoriales, sino inclusive de la aplicación de la ley y sobre todo, de la jurisdicción de los tribunales.

“desde hace años, se ha expresado la preocupación de que la delincuencia organizada constituye una amenaza directa contra la seguridad y estabilidad nacional e internacional, y desorganiza y compromete las instituciones sociales y económicas, causando una pérdida de confianza en los procesos democráticos y desviando las ganancias obtenidas mediante el desarrollo”.

Una organización criminal no es fácil de identificar, ya que muchas veces no se presenta en un solo país e inclusive entre los propios participantes no pueden ubicarse como personas en lo individual, sino sólo en razón de la actividad que desarrollan o en la función que cumplen para concretar el fenómeno criminal. En este sentido, más complicado resulta garantizar los derechos de las personas que se presume o que forman parte de la “delincuencia organizada”, ya que puede haber conflicto de leyes en el espacio, vulneración a las garantías de seguridad jurídica, falta de precisión en cuanto a las conductas que deben sancionarse, etc.

Este fenómeno no es una novedad, ya que: “la criminalidad organizada no ha irrumpido de repente en la historia de la criminalidad sino que, por el contrario, ha evolucionado de forma paralela a la historia postindustrial hasta presentarse, en los tiempos actuales, como un fenómeno nuevo y con sustanciales diferencias respecto de las formas tradicionales.”

Es importante considerar el contexto en que se presenta la delincuencia organizada, marco jurídico que puede aplicarse para investigar, perseguir y sancionar a quienes se organicen para delinquir.

Aspectos Legales

Nuestro País ha llevado a cabo diversas reformas a la legislación penal y procesal penal.

En 1992, se presento un anteproyecto de la Ley Federal para el Control de Drogas, que contiene una serie de medidas político- criminales para hacerle frente al problema del narcotráfico; como respuesta a las exigencias internacionales y adoptadas por el gobierno mexicano.

En 1995, el Ejecutivo Federal presento una iniciativa de reformas, que contempla una distinta regulación al “lavado de dinero” que sale del Código Fiscal de la Federación y pasa al Código Penal Federal, posibilitando al M.P. el investigar este tipo de ilícito cuando este relacionado con otros delitos cómo narcotráfico, el tráfico de armas, entre otros.

El concepto de “delincuencia organizada” se incorporo legalmente en el año de 1993, con motivo de la reforma constitucional al artículo 16, que tuvo como finalidad el posibilitar a los órganos del estado, particularmente al Ministerio Público, ser más eficaces frente a la delincuencia organizada, para efectos de duplicar el término para retener a una persona en caso de delitos flagrantes o urgentes.

En 1994, se plasmo en los códigos penales, federal y distrital, así como en el Código Penal Federal, para vincularlas con el narcotráfico.

Es en el Código de Procedimientos Penales, se establece el catalogo de delitos relacionados con la delincuencia organizada: narcotráfico, tráfico de personas, lavado de dinero, robo de vehículos, entre otros.

Posteriormente, se elabora una Ley especial, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

La delincuencia organizada constituye un fenómeno de grave riesgo para la sociedad. En México, el principal instrumento jurídico de combate contra el crimen organizado, es la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFDO), publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de Noviembre de 1996. Esta Ley contiene 44 artículos, divididos en cuatro títulos que son: “disposiciones generales”, “de la investigación de la delincuencia organizada”, “de las reglas para la valoración de la prueba y del proceso” y “de la prisión preventiva y ejecución de las penas y medidas de seguridad”.

El objeto de dicha ley, según establece el artículo 1, consiste en establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los “delitos cometidos” por algún miembro de la “delincuencia organizada”.

De lo anterior se derivan dos aspectos importantes; el primero, que estas reglas se deben aplicar cuando se hayan cometido delitos y el segundo, que quien los cometa debe ser miembro de la delincuencia organizada.

Por razón de generalidad, la pregunta que inicialmente surge es ¿qué es la delincuencia organizada? Y en seguida ¿a qué delitos se refiere esta ley? Ambas respuestas parecen perfilarse en el propio ordenamiento.

La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada no define a la delincuencia organizada, sólo señala en qué casos se puede considerar a una persona miembro de ella, no obstante que, como señala Marta Gómez de Liaño: “Las instancias de persecución-cualesquiera que sean- necesitan disponer de una definición, toda vez que conviene saber, con precisión qué se está buscando, a qué y cómo hay que reaccionar, y qué es lo que se quiere investigar”.

A pesar de esta falta de claridad, el Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 194, señala que: “Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de

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