LA SALUD COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL Y AUTÓNOMO

La salud como un derecho fundamental y autónomo

Jenny Viviana Arce Sánchez.

Octubre  2017.

Universidad del Rosario

Departamento de administración

Legislación

Esp. En Gerencia integral de servicios de salud.

LA SALUD COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL Y AUTÓNOMO

La creación de la Ley Estatutaria en salud en el año 2015 en Colombia trae un aire de esperanza y mejoramiento de los servicios de salud para la población. Su ejecución depende de la exigencia del estado en la defensa del derecho a la salud, de la acogencia de las EPS y del nivel de información de la misma por parte de los ciudadanos. Puesto que, a pesar de la creación de esta Ley, si no hay un cambio de pensamiento en la manera en que se toma a la salud como un “servicio”, y no como un “derecho fundamental”, la salud continuará siendo vulnerada.

La Ley estatutaria 1751 de 2015, surge en el  contexto donde la implementación del Sistema General de Seguridad Social en salud  genera inconformidades y problemáticas como:  privilegiar la ejecución de un sistema de  salud curativo en vez de  preventivo; un pobre desarrollo de políticas públicas en salud; la ambigüedad entre las funciones que deben cumplir los diferentes actores del sistema y la  gestión desarticulada entre los mismos; el incumplimiento a las normas de calidad y el mal manejo de recursos por parte de las Empresas promotoras de Salud. Estas inconsistencias en el sistema de salud colombiano propiciaron el incumplimiento de los principios en los  que se fundamentó la ley 100 de 1993, entre ellos: universalidad, calidad, eficiencia, seguridad, participación y oportunidad. Provocando así,  la vulnerabilidad del derecho a  la salud en los ciudadanos y su inconformidad con el sistema de salud. Gracias a esta situación, nace la iniciativa de ley estatutaria que ayuda y respalda al ciudadano en la defensa de la salud como derecho fundamental e innegable.

Cabe resaltar que la ley estatutaria es un tipo de ley especial que regula derechos y deberes fundamentales de las personas y la administración de justicia en Colombia, y por ende,  deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de votos de los senadores y representantes a la Cámara. (El espectador, 2015). Por lo tanto,  el conferirle a la salud un carácter de derecho fundamental y autónomo requiere que el gobierno garantice el cumplimiento de este derecho en la población y que se realice un trabajo conjunto de la sociedad y el sistema para que el mismo no sea vulnerado.  

La ley estatutaria 1751 de 2015, nace de la iniciativa de la  Junta Médica Nacional de  Colombia que  presenta una propuesta inicial al Senado y a la Cámara, quienes la aprueban, para que esta escale a la Corte Constitucional, que la declara exequible con arreglos en algunos artículos. La decisión de la Corte ratifica que la  Ley Estatutaria en Salud sí protege el derecho a la salud y respeta la Constitución política: “se trata de una Ley garantista que le apuesta a la progresividad de los derechos”. De ahí que, de 26 artículos, 17 fueron considerados exequibles sin ningún ajuste y nueve, exequibles con modulaciones o inexequibilidades parciales. (Ministerio de salud y protección social, 2014)

Por consiguiente,  El objetivo principal de esta, es declarar la salud como un derecho fundamental y autónomo,  el cual no puede ser negado a ningún colombiano, esto con el fin de garantizar a la población una salud de mayor calidad y oportunidad, y pretender resolver falencias  en el sistema como: negación de los servicios de salud a la población, falencias en el aseguramiento de la población en el sistema de información y fallas en el control,  vigilancia e inspección por parte del gobierno y demás entes encargados de esta función.

A continuación se describen los puntos más característicos de la ley en cuanto a avances en la garantía de la prestación de la salud:

1. La ley estatutaria en el artículo 14 prohíbe de la negación de prestación de servicios por parte de las IPS, evitando que los hospitales nieguen la atención medica en  el servicio de urgencias por falta de autorizaciones de las EPS o falta de  especialistas o insumos requeridos para tratamientos. Esto con el objetivo de darle fin a los llamados “paseos de la muerte” que tienen que ver con la negación de los servicios por parte de los hospitales y clínicas a los ciudadanos por el hecho de pertenecer a una EPS que no tiene contrato con ellos, por  ser del régimen subsidiado, o porque al lugar que llegan no tienen capacidad o personal especializado para atender al paciente y sus requerimientos, provocando así, el agravamiento del paciente mientras este encuentra otro lugar donde si pueda ser atendido.

2) en el artículo 17 prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción que atente contra la autonomía de los profesionales en salud, fortaleciendo el criterio ético y  científico por parte del médico y la toma de decisiones ante la necesidades de cada paciente, sin ser limitados por políticas de ahorro establecidas por las EPS,  que en muchas ocasiones pasan por encima  de las decisiones del personal médico. No obstante, los tratamientos propuestos por el personal médico deben ser justificados  por medio de evidencia científica. Esta ley busca rescatar la autonomía en el personal médico y así incentivar el aumento de la calidad de los servicios de salud, a diferencia de la ley 100 del 1993, que limito en gran manera la libre decisión del personal médico respecto a la escogencia de tratamientos para los pacientes limitándolos a las decisiones de las EPS.

3) el artículo 23 Eleva a política pública el control de los precios de los principios activos de los medicamentos,  en toda la cadena de producción y distribución. Esto con el fin de tener una mayor regulación en los precios y calidad de los medicamentos distribuidos en el país.  Colombia es uno de los países en Latino América con  mayores costos en sus medicamentos, situación que limita la obtención de los mismos por parte del paciente además de  generar tratamientos con  precios altos que aumentan los costos en salud para el gobierno. Aunque este punto no se solucionó por completo, la Ley Estatutaria plantea una mayor regulación en la cadena de distribución de medicamentos en el país.

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