LEY DEL 25 DE ENERO

1862 Ley para castigar los delitos contra la Nación

25 de Enero de 1862

El C.presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Benito Juarez, presidente constitucional de los Estados-Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me hallo investido, he decretado la siguiente ley para castigar los delitos contra la nacion, contra el órden, la paz pública y las garantías individuales.

Art. 1. Entre los delitos contra la independencia y seguridad de la nacion se comprenden:

I. La invasion armada, hecha al territorio de la República por extranjeros y mexicano, ó por los primeros solamente, sin que haya precedido declaracion de guerra por parte de la potencia á que pertenezca.

II. El servicio voluntario de mexicanos en las tropas extranjeras enemigas, sea cual fuere el carácter con que las acompañen.

III. La invitacion hecha por mexicanos ó por extranjeros residentes en la República, á los súbditos de otras potencias, para invadir el territorio nacional, ó cambiar la forma de gobierno que se ha dado la República, cualquiera que sea el pretexto que se tome.

IV. Cualquiera especie de complicidad para excitar ó preparar la invasion, ó para favorecer, su realizacion y éxito.

V. En caso de verificarse la invasion, contribuir de alguna manera á que en los puntos ocupados por el invasor se organice cualquiera simulacro de gobierno, dando su voto, concurriendo á juntas, formando actas, aceptando empleo ó comision, sea del invasor mismo ó de otras personas delegadas por éste.

2. Entre los delitos contra el derecho de gentes, cuyo castigo corresponde imponer á la nacion, se comprenden:

I. La piratería y el tráfico de esclavos en las aguas de la República.

II. Los mismos delitos, aunque no sean cometidos en dichas aguas, si los reos son mexicanos, ó si, caso de ser extranjeros, se consignaren legítimamente á las autoridades del país.

III. El atentar á la vida de los ministros extranjeros.

IV. Enganchar á los ciudadanos de la República, sin conocimiento y licencia del supremo gobierno, para que sirvan á otra potencia ó invadir su territorio.

V. Enganchar ó invitar á los ciudadanos de la República para que se unan á los extranjeros que intenten invadir ó hayan invadido su territorio.

3. Entre los delitos contra la paz pública y el órden se comprenden:

I. La rebelion contra las instituciones políticas, bien se proclame su abolicion ó reforma.

II. La rebelion contra las autoridades legítimamente establecidas.

III. Atentar á la vida del supremo jefe de la nacion ó á la de los ministros de Estado.

IV. Atentar á la vida de cualquiera de los representantes de la nacion en el local de sus sesiones.

V. El alzamiento sedicioso, dictando alguna providencia propia de la autoridad, ó pidiendo que ésta la expida, omita, revoque ó altere.

VI. La desobediencia formal de cualquiera autoridad civil ó militar á las órdenes del Supremo Magistrado de la nacion trasmitidas por los conductos que señalan las leyes y la Ordenanza del ejército.

VII. Las asonadas y alborotos públicos, causandos intencionalmente, con premeditacion ó sin ella, cuando tienen por objeto la desobediencia ó el insulto á las autoridades, perpetrado por reuniones tumultuarias que intenten hacer fuerza en las personas ó en los bienes de cualquiera ciudadano; vociferando injurias; introduciéndose violentamente en cualquier edificio público ó particular; arrancando los bandos de los lugares en que se fijan para conocimiento del pueblo; fijando en los mismos proclamas subversivas ó pasquines, que de cualquiera manera inciten á la desobediencia de alguna ley ó disposicion gubernativa que se haya mandado observar. Serán circunstancias agravantes, en cualesquiera de los casos referidos, forzar las prisiones, portar armas ó repartirlas, arengar á la multitud, tocar las campanas, y todas aquellas acciones dirigidas manifiestamente á aumentar el alboroto.

VIII. Fijar en cualquier paraje público, y distribuir y comunicar abierta ó clandestinamente copia de cualquiera disposicion verdadera ó aprócrifa que se dirija á impedir el cumplimiento de alguna órden suprema. Mandar hacer tales publicaciones y cooperar á que se verifiquen, leyendo su contenido en los lugares en que el pueblo se reune, ó vertiendo en ellos expresiones ofensivas é irrespetuosas contra las autoridades.

IX. Quebrantar el presidio, destierro ó la confinacion que se hubiere impuesto por autoridad legítima á los ciudadanos de la República, ó el extrañamiento hecho á las que no lo fueren; así como separarse los militares sin licencia del cuartel, destino ó residencia que tengan señalados por autoridad competente.

X. Abrogarse el poder supremo de la nacion, el de los Estados ó Territorios, el de los Distritos, partidos y municipalidades, funcionando, de propia autoridad ó por comision de la que no lo fuere legítima.

XI. La conspiracion, que es el acto de unirse algunas ó muchas personas, con objeto de oponerse á la obediencia de las leyes cumplimiento de las órdenes de las autoridades reconocidas.

XII. Complicidad en cualesquiera de los delitos anteriores, concurriendo á su perpetracion de un modo indirecto, facilitando noticias á los enemigos de la nacion ó del gobierno, especialmente si son empleados públicos los que las revelen; ministrando recursos á los sediciosos ó al enemigo extranjero, sean de armas, víveres, dinero, bagajes, ó impidiendo que las autoridades los tengan; sirviendo á los mismos enemigos de espías, correos ó agentes de cualesquiera clase, cuyo objeto sea favorecer la empresa de ellos ó de los invasores, ó que realicen sus planes los perturbadores de la tranquilidad pública esparciendo noticias falsas, alarmantes, ó que debiliten el entusiasmo público, suponiendo hechos contrarios al honor de la República, ó comentándolos de una manera desfavorable á los intereses de la patria.

4. Entre los delitos contra las garantías individuales se comprenden:

I. El plagio de los ciudadanos ó habitantes de la República para exigirles rescate. La venta que de ellos se haga ó el arrendamiento forzado de sus servicios ó trabajo.

II. La violencia ejercida en las personas con objeto de apoderarse de sus bienes y derechos que constituyan legítimamente su propiedad.

III. El ataque á las mismas personas á mano armada, en las ciudades ó en despoblado, aunque de este ataque no resulte el apoderamiento de la persona ó de sus bienes.

5. Todos los ciudadanos de la República tienen derecho de acusar ante la autoridad que establece esta ley, para juzgar los delitos que ella expresa, á los individuos que los hayan cometido.

6. La autoridad militar respectiva es la única competente para conocer de los delitos especificados en esta ley; á cuyo efecto, luego que dicha autoridad tenga conocimiento de que se ha cometido cualesquiera de ellos, bien por la fama pública, por denuncia ó acusacion, ó por cualquiera otro motivo, procederá á instruir la correspondiente averiguacion con arreglo á la Ordenanza general del ejército, y á la ley de 15 de Setiembre de 1857; y la causa, cuando tenga estado, se verá en consejo de guerra ordinario, sea cual fuere la categoría, empleo ó comision del procesado. En los lugares donde no hubiere comandantes militares ó generales en jefe, harán sus veces los gobernadores de los Estados.

7. El procedimiento hasta poner la causa en estado de defensa, quedará

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