La ley de bases Generales del Medio Ambiente

La ley de bases Generales del Medio Ambiente, se entiende que tiene como objetivo establecer los lineamientos, las bases, y estructuras para una adecuada gestión ambiental en todas las actividades humanas que pueden tener como efecto un impacto en el medio ambiente y el medio social (cuando hablamos de impactos, se refiere a impactos negativos).

Esta ley procura entregar las herramientas y los pasos a seguir, para poder planificar, estructurar y gestionar, todos aquellos puntos claves que permiten que en determinada actividad, proyecto u organización no existan impactos sobre el medio ambiente, o sea, se busca crear los instrumentos para una correcta gestión ambiental. Estos instrumentos de gestión son la creación y proposición de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), los cuales deben pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para que sean aprobados. Mientras el Estudio o la Declaración de Impacto Ambiental no sea aprobada por el SEIA, el proyecto no podrá ponerse en marcha.

Por otro lado, cabe destacar que esta gestión se realiza a partir de la normativa ambiental vigente, vale decir, que todo plan de manejo ambiental que planifique debe estar acorde a cumplir con las normas, leyes, decretos, entre otros, que se apliquen a las actividades dentro del proyecto en estudio. Con esto, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente busca dar contenidos concretos y un peso jurídico adecuado para el correcto cumplimiento de esta ley otorgando una “garantía constitucional” para el medio ambiente.

Es importante mencionar que en específico todos los Estudios de Impactos Ambientales y las Declaraciones de Impactos Ambientales, aparte de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, debe seguir la pauta estructural y cumplir con lo establecido en el “Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental” antes de entrar al SEIA.

Con esto, las leyes tienen por fin normalizar ciertos intereses que pueden estar en conflicto; por ejemplo: La intervención en los Geiser del Tatio con el fin de extraer energía geotérmica para tener otra fuente de suministro de energía para Chile. En este caso el conflicto de intereses es claro, pues por un lado, se buscan nuevas formas de energía para el desarrollo y crecimiento económico del país y por otro lado se encuentra el interés de las comunidades cercanas que exigen preservar este tipo de lugares naturales, que por lo demás, al ser intervenidas pueden afectar a manantiales, napas, vegas y bofedales de las que se alimentan de él.

Es por ello que esta Ley 19.300, además busca que en todas estas actividades exista un equilibrio entre la sociedad, el desarrollo económico y el medio ambiente, llegando con ello a la sustentabilidad en cada Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, creados bajo estos lineamientos.

Por otro lado, creo que esta ley además busca establecer una institucionalidad ambiental, siendo la CONAMA el organismo coordinador nacional, y con las COREMAS como los encargados regionales. Con estas institucionalidades se pretende adelantarse a ciertos fututos problemas de carácter ambiental, siendo perseguidos y coordinados por estas instituciones.

Es importante mencionar que CONAMA no es un organismo responsable de la creación de normas ambientales, más bien en Chile son muy pocas las normas que tienen un carácter 100% ambiental, y existen otras que no abordan principalmente temas ambientales, pero sí contienen artículos que poseen competencia sobre el medio ambiente, y para ellas los organismos que tienen competencia sobre ellas son los distintos ministerios e institucionalidades ambientales, por ejemplo: Dirección General de Aguas (DGA), SERNAPESCA, Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), Ministerio de Obras Públicas (MOP), Corporación

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