Ley 1295

Diario Oficial No. 41.405, del 24 de junio de 1994

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales.

EL MINISTRO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

DELEGATORIO DE FUNCIONES PRESIDENCIALES,

otorgadas mediante el Decreto 1266 de 1994, en ejercicio de

las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 11

del artículo 139 de la Ley 100 de 1993.

DECRETO:

CAPITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1o. DEFINICION. El Sistema General de Riesgos Profesionales es el

conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a

prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades

y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencias del

trabajo que desarrollan.

El Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en este decreto forma

parte del Sistema de Seguidad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993.

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención

de los accidentes trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de las

condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este decreto, hacen

parte integrante del Sistema General de Riesgos Profesionales.

ARTICULO 2o. OBJETIVOS DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS

PROFESIONALES. El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene los

siguientes objetivos:

a. Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las

condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra

los riesgos derivados de la oganización del trabajo que puedan afectar la salud

individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos,

biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad.

b. Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las

prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las

contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

c. Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad

permanente parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente

de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional.

d. Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de

trabajo y las enfernedades profesionales y el control de los agentes de riesgos

ocupacionales.

ARTICULO 3o. CAMPO DE APLICACION. El Sistema General de Riesgos

Profesionales, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de

1993, se aplica a todas las empresas que funcionen en el territorio nacional, y a

los trabajadores, contratistas, subcontratistas, de los sectores público, oficial,

semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en general.

ARTICULO 4o. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA. El Sistema General de

Riesgos Profesionales tiene las siguientes características:

a. Es dirigido, orientado, controlado y vigilado por el Estado.

b. Las entidades administradoras del Sistema General de Riesgos Profesionales

tendrán a su cargo la afiliación al sistema de y la administración del mismo.

c. Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos

Profesionales.

d. La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los

empleadores.

e. El empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos

Prfoesionales, además de las sanciones legales, será responsable de las

prestaciones que se otorgan en este decreto.

f. La selección de las entidades que administran el sistema es libre y voluntaria por

parte del empleador.

g. Los trabajadores afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las

prestaciones previstas en el presente Decreto.

h. Las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales están a cargo de

los empleadores.

i. La relación laboral implica la obligación de pagar las cotizaciones que se

establecen en este decreto.

j. Los empleadores y trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales para

los riesgos de ATEP, o cualquier otro fondo o caja previsional o de seguridad

social, a la vigencia del presente decreto, continúan afiliados, sin solución de

continuidad, al Sistema General de Riesgos Profesionales que por este decreto se

organiza.

k. La cobertura del sistema se inicia desde el día calendario siguiente a la

afiliación.

l. Los empleadores solo podrán contratar el cubrimiento de los riesgos

profesionales de todos su trabajadores con una sola entidad administradora de

riesgos profesionales, sin perjuicio de las facultades que tendrá estas entidades

administradoras para subcontratar con otras entidades cuando ello sea necesario.

ARTICULO 5o. PRESTACIONES ASISTENCIALES. Todo trabajador que sufra un

accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho, según sea el

caso, a:

a. Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.

b. Servicios de hospitalización.

c. Servicio odontológico.

d. Suministro de medicamentos.

e. Servicios auxiliares de de diagnóstico y tratamiento.

f. Prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición solo en casos de deterioro o

desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomienda.

g. Rehabilitaciones física y profesional.

h. Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la

prestación de estos servicios.

Los servicios de salud que demande el afiliado, derivados del accidente de trabajo

o la enfermedad profesional, serán prestados a través de la Entidad Promotora de

Salud a la cual se encuentra afiliado en el Sistema General de Seguridad Social

en Salud, salvo los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de

medicina ocupacional que podrán ser prestados por las entidades administradoras

de riesgos profesionales.

Los gastos derivados de los servicios de salud prestados y que tengan relación

directa con la atención del riesgo profesional, están a cargo de la entidad

administradora de riesgos profesionales correspondiente.

La atención inicial de urgencia de los afiliados al sistema, derivados de accidentes

de trabajo o enfermedad profesional, podrá ser prestada por cualquier institución

prestadora de servicios de salud, con cargo al sistema general de riesgos

profesionales.

ARTICULO 6o. PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD. Para la

prestación de los servicios de salud a los afiliados al Sistema General de Riesgos

Profesionales, las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán

suscribir los convenios correpondientes con las Entidades Promotoras de Salud.

El origen determina a cargo de cual sistema general se imputarán los gastos que

demande el tratamiento respectivo. El Gobierno Nacional reglamentará los

procedimientos y terminos dentro de los cuales se harán los reembolsos entre las

administradoras de riesgos profesionales, las Entidades Promotoras de Salud y las

Instituciones prestadoras de servicios de salud.

Las entidades administradoras de riesgos profesionales reembolsarán a las

Entidades Promotoras de Salud, las prestaciones asistenciales que hayan

otorgado a los afiliados al sistema general de riesgos profesionales, a las mismas

tarifas convenidas entre la entidad promotora de salud la institución prestadora de

servicios de salud, en forma general, con independencia a la naturaleza del riesgo.

Sobre dichas tarifas se liquidará una comisión a favor de la entidad promotora que

será reglamentada por el Gobierno Nacional, y que en todo caso no excederá al

10% salvo pacto en contrario entre las partes.

La institución prestadora de servicios de salud que atienda a un afiliado al sistema

general de riesgos profesionales, deberá informar dentro de los 2 días hábiles

siguientes a la ocurrencia del accidente de trabajo o al diagnóstico de la

enfermedad profesional, a la entidad promotora de salud y a la entidad

administradora de riesgos profesionales a las cuales aquel se encuentre afiliado.

Hasta tanto no opere el Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante

la subcuenta de Compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía, las entidades

administradoras podrán celebrar contratos con instituciones prestadoras de

servicios de salud en forma directa; no obstante se deberá prever la obligación por

parte de las entidades administradoras, al momento en que se encuentre

funcionando en la respectiva región las Entidades Promotoras de Salud, el

contratar a través de éstas cuando estén en capacidad de hacerlo.

Para efectos de procedimientos de rehabilitación las administradoras podrán

organizar o contratar directamente en todo tiempo la atención del afiliado, con

cargo a sus propios recursos.

Finalmente, las entidades administradoras podrán solicitar a la Entidad

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