Ley Organica Del Poder Judicial Del Estado De Michoacan

El poder judicial del Estado de Michoacán

El poder judicial del Estado de Michoacán es una entidad en las que, el

poder público local, se divide para su ejercicio. De esta manera, junto con el

legislativo y el ejecutivo, forman una unidad.

A diferencia de los restantes poderes locales, su designación no emana

del voto popular, sin embargo, si se encuentra revestido de soberanía,

atendiendo a que la designación de algunos de sus miembros se encuentra

reservada al Congreso Local, quien a través de ese acto, delega el mandato

respectivo para que los juzgadores ejerzan poder sobre los ciudadanos.

La función jurisdiccional constituye una delicada tarea, que se

encuentra asignada a profesionales del derecho, de ahí que a éstos se les

considere peritos en esta actividad en específico; por ende, la ley los dota de una serie de atributos, pues en sus manos se encuentra la potestad de dirimir conflictos entre quienes forman parte de la sociedad.

En el Titulo Primero nombrado como “Disposiciones Generales”, habla de la función que tiene la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, de los asuntos que conocerán los integrantes de dicha administración, como lo son, civiles, extinción de dominio, mercantiles en jurisdicción concurrente, familiares, penales, de justicia integral para adolescentes del fuero común y, en su caso, de los acuerdos reparatorios o convenios que resulten de los mecanismos alternativos de solución de controversias, promoviendo su uso de acuerdo con la legislación en la materia. Conocerán de asuntos del orden federal, cuando la ley los faculte expresamente para ello.

Menciona la división de los órganos del Poder Judicial:

I. El Pleno;

II. El Consejo;

IIl. Las Salas;

IV. Los Juzgados;

V. Los Tribunales de enjuiciamiento; y,

VI. El Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa.

Y los órganos auxiliares del Poder Judicial:

I. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado;

II. El Registro Civil;

III. El Registro Público de la Propiedad;

IV. El Consejo Técnico para la Integración del Adolescente;

V.

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