Los Directivos Públicos En La Reforma Del Servicio Civil Peruano

Los Directivos Públicos en la Reforma del Servicio Civil Peruano

Andrés Corrales Angulo

Abogado, Master en Administración Pública

Gerente de Desarrollo de la Gerencia Pública

Autoridad Nacional del Servicio Civil (Perú)

RESUMEN

El año 2008 se inició la reforma del servicio civil peruano a través de una estrategia de gradualidad y habilitación progresiva que incluyó la creación de SERVIR como Ente Rector del Sistema de Gestión de Recursos Humanos y del Cuerpo de Gerentes Públicos (CGGPP), como un cuerpo de profesionales seleccionados de forma meritocrática para ser asignados a puestos directivos o gerencias de mando medio de las entidades solicitantes. 5 años después, sobre la base de la rectoría e institucionalidad que ha logrado SERVIR, los avances del CGGPP y la creación de la Escuela Nacional de Administración Pública, se ha dictado la Ley del Servicio Civil, que en la regulación de la capa directiva, recoge los aprendizajes del CGGPP.

El Estado Peruano enfrenta ahora el desafío de su implementación, de forma que se logren los objetivos de profesionalización del servicio civil y mejora del servicio al ciudadano, conscientes, parafraseando a Grindle, que es en la implementación y no en la ley, en la que se decide la verdadera instauración de la meritocracia.

INTRODUCCIÓN

La reforma del servicio civil es una de las más relevantes y ambiciosas que se han emprendido en la administración pública peruana en los últimos 20 años. Son muchos los aspectos del servicio civil peruano que requieren modificarse. Un diagnóstico de la calidad de los servicios civiles de 21 países de América Latina realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo el 2004, ubicó al servicio civil peruano en el puesto 17, evidenciando deficiencias en todas las categorías evaluadas: eficiencia, mérito, consistencia estuctural, que comprende el grado de desarrollo de la función directiva, capacidad funcional y capacidad integradora . Dos de cada cinco servidores públicos tienen contratos temporales, existe fuerte inequidad salarial y remuneraciones rezagadas, la carrera pública está congelada desde el año 1993, el acceso a un puesto por mérito es la excepción y no se logra atraer ni retener el talento que se requiere.

El segmento directivo no ha estado en absoluto ajeno a esta debilidad sistémica. Parte de la precariedad del régimen de directivos se puede entender si se comprende que la gran mayoría de cargos directivos es ocupado por personal designado por confianza, lo que favorece un sistema clientelar o de patronazgo con todos sus vicios de ineficiencia, ineficacia y corrupción.

La reforma se inició el año 2008 bajo una estrategia de gradualidad, focalizándose en aspectos puntuales y críticos y con la convicción que los avances en dichos aspectos habilitarían progresivamente la posibilidad de profundizarlos hacia una reforma más amplia. A inicios de Julio de 2013 el Congreso de la República del Perú aprobó la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que inicia la segunda etapa de esta reforma con una propuesta de reforma integral, aunque gradual, del servicio civil. Esta reforma tiene por objetivos mejorar la calidad del servicio público, ordenar la planilla del Estado, y revalorar la función pública. Dichos objetivos se han sustentado en dos ejes principales: la meritocracia y un enfoque dirigido al ciudadano.

La regulación del segmento directivo de la nueva ley se funda en la experiencia del Cuerpo de Gerentes Públicos, que fue una de las medidas de política con la que se inició la reforma el año 2008 ante la necesitad de “inyectar una intravenosa de capacidad directiva en el Estado” y que recientemente se ha articulado con la creación de la Escuela Nacional de Administración Pública. De alguna manera el modelo del Cuerpo de Gerentes Públicos, con algunos ajustes, se expandirá en seis años a los cerca de 28,000 directivos que tiene el Estado.

En un país en el cual la mayoría de reformas institucionales se han truncado en el tiempo o han recibido un apoyo inestable en sus procesos de implementación, se está produciendo una reforma clara, sostenida y progresiva, que tiene entre sus aspectos más importantes, la reforma del segmento directivo de la administración pública.

ANTECEDENTES

A inicios de 2008, con ocasión de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Congreso de la República concedió facultades legislativas al Poder Ejecutivo, dentro de las que se encontraba legislar en materia de modernización del Estado. De este modo, se abrió una ventana de oportunidad en la cual vuelve a posicionarse en la agenda de gobierno la discusión en torno a la necesidad de abordar el tema del empleo público, uno de los problemas más significativos con los que contaba el Estado Peruano y que a decir de Cortázar había sido bloqueado en distintas ocasiones por actores importantes en el proceso de emprendimiento de la reforma, como por ejemplo a través de los vetos fiscales (2012: 22) considerando que el pago de remuneraciones constituye un tercio de todo el presupuesto público.

La idea de diseñar una nueva carrera pública que permitiera contar con cuadros calificados y permanentes volvió a cobrar intensidad en las discusiones a propósito de las facultades delegadas y el entonces Ministro de Trabajo aprovechó la coyuntura para solicitar el consejo de un grupo de expertos que contó con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) . Una de las recomendaciones del equipo de expertos fue dejar de lado la idea de una nueva carrera pública, pues esta sería vetada por el Ministerio de Economía por carecer de una argumentación cuantificable que justifique gastos de gran envergadura. Como alternativa, se presentó al ministro una estrategia de reforma progresiva y escalonada, que a diferencia de los intentos de reforma pasados, no fuese integral y realizada en un solo acto, sino que fuera desarrollándose en el tiempo. Por ello se identificó un conjunto de reformas medulares y específicas que generen consensos políticos. Dentro de estas medidas propuestas se planteó la necesidad de “conducir unitaria y estratégicamente el sistema de servicio civil, así como delimitar un perfil estratégico coherente del servicio civil deseado” , razón por la cual se propuso crear como ente rector la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Una segunda medida, planteó renovar los mandos directivos a través de “la ubicación y rotación de directivos seleccionados en posiciones

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