MEDIOS DE IMPUGNACION EN EL SISTEMA MEXICANO FISCAL

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL SISTEMA FISCAL MEXICANO

1.1 Estado de conocimiento de la investigación.

Los sistemas jurídicos de los países, como México, organizados política y jurídicamente ba jo el arquetipo del Estado de Derecho prevén instrumentos diversos en total disponibilidad del administrado mediante los cuales es posible conseguir que un determinado acto administrativo sea retirado de la vida jurídica o bien modificado, en atención al incumplimiento de determinadas exigencias que sobre el mismo plantea el ordenamiento jurídico.

Concretándonos a nuestro sistema, éste cuenta con dos medios de impugnación previstos en las leyes tributarias federales y conocidos como Recurso de Revocación y Juicio de Nulidad, los resultados de ambos dependen, en el primer medio, a partir de una decisión asumida de manera unilateral por la propia Administración Pública mientras que en el segundo la Administración se sujeta a comparecer ante las instancias jurisdiccionales, actuando como una de las partes. Ambos están expresamente regulados en el Código Fiscal de la Federación (CFF) señalando así paso a paso el procedimiento para que se lleven a cabo y señalando además la opcionalidad al contribuyente para interponer uno u otro:

Artículo 120 CFF: “La interposición del Recurso de Revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”.

El Recurso de Revocación está regulado a partir del artículo 116 del CFF:

“Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal, se podrá interponer Recurso de Revocación”.

Y el Juicio de Nulidad desde el artículo 197 CFF:

“Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se regirán por las disposiciones de este Título”.

1.2 Introducción.

Dentro de la gran variedad de actos que realiza el Poder Público destacan por su importancia y trascendencia los emitidos por el Poder Ejecutivo, es decir, el acto administrativo.

Los actos de la Administración Pública se encuentran sujetos a la ley en cumplimiento del principio de legalidad, el cual debe de imperar en un Estado de Derecho como lo es el nuestro. Pero, desafortunadamente, este principio de legalidad se

viola toda vez que dentro de la Administración Pública no siempre se cumple, quizás por la ignorancia que tienen de la ley quienes deben aplicarla y ejecutarla, o por las excesivas cargas de trabajo, la deficiente capacitación del personal en los procedimientos administrativos propios de la Administración Pública, o también quizás por la inexistente o poca preparación jurídica de los servidores públicos encargados de realizar tales procedimientos y actos en cuestión.

Es importante recordar que, derivado tambié n del Estado de Derecho que nos rige, el gobernado está sujeto a una constante relación con los diversos actos administrativos, los cuales, en su mayoría recaen en su esfera jurídica de manera importante, sobre todo los emitidos por las autoridades fiscale s, lo cual acarrea como principal afectación el patrimonio del particular, razón por la cual la exigencia de legalidad que debe revestir este tipo de actos debe ser una condición ineludible y fundamental.

Debido a la importante función de la Administración Pública es sumamente necesario que la misma cumpla y aplique la ley en todos sus actos y se apegue en todo momento al principio de legalidad. Pero esto no siempre sucede así. Por ende, el mismo Estado se ve en la necesidad de crear un medio de control de la legalidad de los actos de la Administración, y que a la vez, sirva al particular como un medio de defensa frente a los actos que se considere adolecen de la cualidad referida.

En cumplimiento de esto último, las autoridades mexicanas han creado dos medios de impugnación llamados “Recurso de Revocación” y “Juicio de Nulidad”, los cuales tratan de cubrir esa necesidad de vigilancia a la autoridad y a la vez respetar el

principio de seguridad jurídica y la garantía de audiencia dados a nosotros los gobernados a través de nuestra Constitución y respetar también el derecho que posee todo mexicano a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados.

Así pues, la presente investigación pretende, a partir de lo ya creado y establecido en ley, analizar estos medios de impugnación, para cuestionar si realmente estos medios de impugnación a disposición de los gobernados son en verdad eficaces y cumplen con los requisitos idóneos para alcanzar ese fin de proteger nuestro Estado de Derecho fundado en los principios universales de legalidad, garantía de audiencia, seguridad jurídica y equidad y que son derechos básicos del administrado.

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