Nuevo México: Territorio dividido por sus poderes

México; Territorio Dividido Por Sus Poderes

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lexible desde sus comienzos, la división de poderes ha sido puesta en duda como herramienta funcional en la actualidad. Si bien fue desarrollada en beneficio del estado es cierto que hoy forma parte de una práctica que beneficia a unos cuantos. Los tres poderes se han convertido en esclavos juramentados al servicio de “todos” excepto de la sociedad.

Si bien la intención de Aristóteles, Locke y Montesquieu era evitar el abuso de poder, hoy es infausto pensar que la concepción original, se ha corrompido tanto. Sin embargo, fue el mismo Charles Louis de Seconda, quien auguro este problema en su obra L’Spirit des Lois: "…es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites" (Montesquieu, 1747, p.124). Su recomendación para evitar ese abuso del poder es enfrentarlo consigo mismo: El poder puede frenar al poder.

Convendría entonces echar un vistazo a la corriente Kelseniana donde la idea de “el poder” estatal aparece bajo una jerarquía estructurada pero a la vez dinámica y susceptible de afectaciones contemporáneas. Reexaminar la instauración de un Tribunal Constitucional, integrado por jueces que no deriven del judicial y que su autoridad les permitiera rechazar y en casos específicos abolir normas que contrapunteen nuestra Constitución. A este “Cuarto Poder”, Kensel lo definía como un “legislador negativo”.

Siendo específicos a nuestra era y más aún, a nuestro espacio demográfico resulta imperativo revisar y replantear el poder que el pueblo ha entregado de manera paradójica al poder en sí. Lo anterior en respuesta a la creciente perspectiva de despotismo que la sociedad actualmente tiene del estado y sus organismos. Ya hemos visto intentos en Latino América de replantear el concepto de poder, desgraciadamente el conflicto de intereses entre el estado y los individuos no ha culminado en los mejores términos, bastaría con recordar el intento de golpe de estado en Honduras (2009) y el de Ecuador (2010).

Resulta impensable que como pueblo otorguemos el criterio de poder a nuestros ejecutores y veamos aun hoy los destellos de las monarquías y que en una chanza de mal gusto, se cobijen en el artículo 49 de nuestra Constitución. Es posible desprendernos de la mala noción de poderes si recordamos nuevamente el concepto de “Distribución Social” y damos paso a un orden en el que se trabaje con una ideología de transversalidad y no con una retrograda verticalidad como lo hemos visto hasta nuestros días.

En la definición doctrinal, la argumentación legislativa es un diálogo en el que un sujeto presenta una serie de argumentos con los que pretende modificar la conducta de otro sujeto, de forma que éste último acepte la tesis propuesta por el primero; en virtud de lo anterior, desde un enfoque político, los candidatos que deseen ocupar cargos de elección popular, deben de persuadir a miles de personas para que éstos queden totalmente convencidos de sus propuestas, y de esta forma, puedan conseguir el voto del electorado.

Los fundamentos con los que un político debe de hablar, deben de encontrar su bases en las necesidades sociales, en las exigencias del colectivo popular y en lo que la gente realmente quiere escuchar, por lo menos en nuestro país, el público se convence fácilmente de los argumentos de los políticos que mencionan lo que ocurre en la realidad y las soluciones rápidas que consideran que pueden aplicarse para resolver los problemas generales, aunque no sea cierto, pero es una buena estrategia para convencer y obtener buenos resultados en las elecciones.

Pero lo que trato de exponer no es la verdadera forma en que debe de demostrarse una buena argumentación, porque podemos encontrarnos

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