Operacion: Ni un paso atras!

OPERACIÓN: ¡NI UN PASO ATRÁS!

Ни шагу назад! (¡Ni un paso atrás!) dicta la orden número 227 del Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS dirigida a cada frente del ejército rojo, exigiendo el establecimiento de ¨destacamentos de bloqueo" para vigilar que las tropas del frente no retrocedan y, en caso de que lo hiciesen, disparar a los "cobardes".

El emisor de aquella frase imperativa es el propio Iósif Stalin, desnudando la crueldad y la crudeza de los enfrentamientos bélicos para los cuales se destina. Es que al mando de las fuerzas enemigas se encuentra un insensible e inescrupuloso Adolf Hitler desarrollando, en falta con el pacto de no agresión firmado en agosto de 1939 entre la diplomacia Alemana y de la URSS, su directiva número 21, denominada ¨operación barbarroja¨, en busca de la expansión hacia el este dentro su política Lebensraum  (de ¨espacio vital¨).

La directiva n° 21 resulta producto de, entre tantas otras, una motivación crucial para la buscada hegemonía económica y militar de una Alemania Nazi en plena campaña de expansión: la invasión y posterior anexión de la región montañosa del Cáucaso.

El Cáucaso es una extensión territorial situada en el límite entre Europa oriental y Asia occidental, entre el mar Negro y el mar Caspio, que incluye a la mismo nombre y las tierras bajas circundantes, con una longitud total de unos 1.200 km. Además, central para comprender el conflicto de intereses antes citado, es poseedora de una gran variedad de riqueza en materias primas, y su posición geográfica convierte a la zona en un importante enclave estratégico.

Distinto sería el mundo y su desenvolvimiento, según corrientes de teóricos-historiadores, si aquel objetivo señalado a la Wehrmacht (fuerzas armadas unificadas de Alemania en la época) no hubiera sido resistido por la milicia soviética y su fiel aliado el "General Invierno".

Más allá de las hipótesis y razones que se le atribuyen al caso, lo cierto es que no ocurrió y en la actualidad, aquellos emplazamientos y recursos, son poseídos y administrados por estados soberanos.^[1]

Entre estos encontramos al que es objeto de estudio en este texto, la República de Azerbaiyán. País que, luego de funcionar por décadas como abastecedor crucial de energías para esta URSS y ser víctima de la denominada ¨rusificación¨, en 1990 se declara independiente, reinstaurándose su antigua bandera y adquiriendo el nombre con el cual hoy se conoce.  

En los párrafos que a continuación se desarrollan analizaremos, desde distintas perspectivas, como este corrimiento en el contexto decisional ^[2], ocurrido en la década final del siglo XX, sigue siendo hasta la actualidad un desafío lleno de direcciones viables con destino a la justicia social y civil.  

LOS OBJETIVOS

Entendiendo al poder como un derecho otorgado que lleva por único fin la consecución del bien público; emanado por la sociedad gobernada y por parte de cada individuo a su gobierno, impulsados por la consciente necesidad de proteger aquello que le es propio y a sabiendas de que la falta de un regulador imparcial en los conflictos entre privados dispara el riesgo que corren sus facultades inherentes, juzgamos las  acciones de la sociedad política y civil en su conjunto.

El ciudadano, al sumirse de manera voluntaria a las directivas del estado, se subordina a este y pierde su condición de ¨perfecta libertad¨  en pos de encontrarse representado y alineado con intereses de la comunidad toda, lo que no implica un total sometimiento a la autoridad, dado que es él mismo quien la otorga y legitima. Las ¨facultades inherentes¨ previamente mencionadas, corresponden a toda persona, más allá de su participación, o no, en un acuerdo de gobierno, e involucra toda actividad a la que la persona dedique su tiempo y labor.  

Propiedad, según J. Locke, es un término polisémico: en sentido amplio y general implica “vida, libertad y hacienda”, y en un sentido más restringido, bienes, el derecho a heredar, y la capacidad de acumular riquezas^[3]. Y siguiendo al mismo pensador, lo que da paso a la propiedad es, precisamente, el acto de sacar algo del estado en que la naturaleza lo dejó imprimiendo en ese algo, mediante trabajo y creatividad, una huella o sello personal. Además, las cosas son poseedoras de valor por las potenciales aplicaciones que los seres humanos podamos darles. Ergo, un aparato (estado) que se ocupa e interfiere sobre un conjunto de personas debe ahondar en la reproducción y propagación de las estas potenciales aplicaciones, con fin de satisfacer las crecientes necesidades que este denota.

INFORMACIÓN RELEVANTE

EL PROBLEMA DE LA RIQUEZA NATURAL: Desde hace tiempo se sabe que es más probable encontrar democracia entre países relativamente prósperos que entre los más pobres^[4]. Sin embargo, la relación entre cultura y democracia es aún más fuerte que la relación entre desarrollo económico y democracia (el indicador más fuerte es el PIB per cápita).La evidencia sugiere que el desarrollo económico por sí mismo no produce automáticamente la democracia; tal vez lo haga en la medida en que da lugar a un síndrome específico de cambios culturales.

Cabe destacar la concordancia entre países donde la producción primaria, y más aun, como en el caso de Azerbaiyán, la producción de crudo, tiene una impronta fuerte en el balance de pagos y problemas para el desarrollo de la democracia. Ello ocurre por actitudes viciosas por parte de los funcionarios de gobierno a la explotación de recursos proporcionados por la naturaleza que derivan en mecanismos con afán de controlar el régimen político. Dichos mecanismos son tres: el efecto rentista, el efecto de la represión y el efecto modernizador.

Por efecto rentista se hace referencia a aquél que resulta de la utilización por parte de los gobiernos de las réditos procedentes de los recursos naturales para calmar las presiones sociales que de otra forma derivarían en demandas de mayor responsabilidad política. Estas rentas administradas de forma centralizada por los gobiernos pueden dedicarse, o bien a reducir la presión impositiva a la ciudadanía a cambio de que ello contribuya a disminuir sus demandas de rendición de cuentas a los poderes públicos, o bien, a promover el patrimonialismo estatal mediante la creación de una red de privilegios, favores y clientelas vinculada a la procedencia de las rentas en manos de y administradas por el Estado ^[5]. Otros autores hablan de otra forma de paliar las demandas democratizadoras mediante el efecto rentista, lo que denominan “group formation effect”. Según este planteamiento, holgadas rentas petroleras en manos de determinados gobiernos se utilizan, o bien para prevenir la formación de grupos sociales independientes del estado^[6] o bien impiden la formación de capital social ^[7].

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