Participacion Ciudadana Y Gestion Social

Universidad Fermín Toro

Vice Rectorado Académico

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Escuela de Derecho

Sección: N-623

Barquisimeto; 29 de Enero de 2013

INTRODUCCIÓN

En el año de 1999 fue promulgada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo texto se introdujeron principios novedosos definitorios a la participación ciudadana en la gestión pública, relativos a los modos, medios e instancias para su ejercicio, así como también atinentes a las fases en las cuales dicha participación se hace efectiva como expresión del carácter protagónico que el texto constitucional atribuye al ejercicio del derecho a la participación en los asuntos públicos.

Dentro de las nuevas tendencias de gestión pública, los nuevos procesos de gestión en Venezuela, intentan recobrar la importancia de la participación ciudadana en las distintas etapas de diseño, formulación, ejecución y hasta su control, en implementación de las políticas públicas. Este trabajo tiene como principal objetivo, estudiar la participación ciudadana como mecanismo e instrumento que permite la integración entre el sector público y la comunidad organizada local optimizando los procesos de gestión pública.

En este sentido, el Constituyente plasma una nueva tendencia que involucra fundamentalmente al ciudadano como sujeto activo, con una serie de obligaciones y responsabilidades dentro de una dinámica cónsona con los procesos de participación ciudadana en aras del fortalecimiento del sistema político establecido en la Constitución la cual se define como participativo, y en el cual el ejercicio de la ciudadanía cobra particular importancia, puesto que la misma alcanza su real significado cuando el hombre se involucra en acciones colectivas.

Quienes habitan un Estado, son sus miembros y por lo tanto están obligados, en virtud del principio de soberanía popular a impulsar su funcionamiento a través de la práctica de sus derechos y sus deberes puesto que, no es lo mismo ser ciudadano que ser individuo, el ciudadano trasciende al individuo, cuando comunica, es decir, cuando comienza a hacer común a los demás una cosa que es de todos (Bracho, 2001).

La ciudadanía es un concepto político clave y polémico, mediante su ejercicio el ciudadano vincula su actuación, en la vida pública, de manera que esta acción que involucra una actividad entre hombres, es la condición humana de la pluralidad, debido a que todos somos humanos y por tanto nadie es igual a cualquier otro, la vida activa es una expresión cargada de una tradición de pensamiento político que significa formar parte en los asuntos público-políticos.

Como sujeto activo de la política, es miembro de la sociedad con capacidad para nombrar a sus representantes y a sus gobernantes; pero también puede organizarse en defensa de sus derechos, para ser escuchado por el gobierno y, en fin, para influir en los rumbos y direcciones de la vida política en el sentido más amplio.

En la actualidad, la emergencia de la ciudadanía supone revertir las relaciones de autoridad producto de las transformaciones que vive el Estado en la nueva concepción de las relaciones Estado- Sociedad Civil. La tradicional concepción en donde se atribuían privilegios a los gobernantes en desmedro de los gobernados, cambia de estilo y requiere una relación que reivindica y desarrolla un conjunto de derechos y responsabilidades frente a los gobernantes.

En este orden de ideas la tesis, de las relaciones sociedad-Estado consiste en reconocer que la sociedad no sólo es el problema o la fuente de problemas (a resolver por el Estado), sino que es parte de la solución. La sinergia Estado-Sociedad es la llave para encontrar la solución a los múltiples problemas de la vida en sociedad.

La metodología empleada es de tipo documental, se realiza una revisión bibliográfica que involucra doctrina nacional y extranjera, y algunos dispositivos del ordenamiento jurídico positivo venezolano, con el propósito de identificar el marco normativo del ejercicio de la participación ciudadana en la gestión pública. A tales efectos el análisis se reflejará en la elaboración de cuadros descriptivos de las normas contenidas en la legislación sujeta a revisión, específicamente aquellas directamente conectadas con la instrumentación de la participación ciudadana.

El trabajo se divide en dos secciones la primera de las cuales contiene los referentes teóricos que sustentan la investigación y la segunda se contrae al análisis de las normas constitucionales y del desarrollo legislativo de la misma, para lograr la identificación del alcance de los cambios introducidos en el nuevo esquema constitucional, en el cual se configura la participación ciudadana como elemento integrador del nuevo modelo de Estado y como expresión directa del Ejercicio comprometido de la ciudadanía.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PÚBLICA

Ante todo tenemos que saber en que consiste La participación ciudadana, esta no es más que un proceso mediante el cual individuos y comunidades, emprenden distintas iniciativas; de acuerdo a sus propias necesidades para contribuir a su desarrollo político, económico y social.

En otras palabras, la participación ciudadana puede contribuir al empoderamiento de individuos, de colectivos sociales y de comunidades organizadas; a través del fortalecimiento de sus capacidades operativas y, sobre todo con la potenciación del ejercicio pleno de sus derechos humanos fundamentales.

Por otra parte tenemos que La gestión pública se refiere a la acción de las agencias estatales que, de acuerdo a su naturaleza y a su misión, debe corresponder a atender de manera ordenada las principales necesidades de su colectivo correspondiente.

Por ende la gestión pública local comprende la actividad de aquellas entidades público-territoriales menores como son los municipios y sus componentes gubernamentales básicos como lo son las alcaldías, los concejos municipales y las juntas parroquiales que tendrían que responder a las necesidades, demandas y propuestas que manifieste su población y sus comunidades organizadas.

Efectuando una revisión histórica tenemos que bajo la vigencia de la Constitución de 1961, fue una necesidad de la colectividad, la ampliación de los mecanismos institucionales de participación. De hecho, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), en sus estudios admitió que la Reforma del Estado no era posible si, al mismo tiempo no implicaba un cambio en la presencia ciudadana y ese cambio, había que promoverlo creando las condiciones jurídicas y políticas para que la acción comunitaria fuera posible; por lo que era de esperar que las reformas legislativas que la COPRE propugnaba, respondieran a ese llamado de participación (Copre, 1988).

La noción de participación ciudadana era muy restringida, casi exclusivamente se concentraba en la participación electoral (voto), entendiéndose al ciudadano, en relación al accionar estatal como un usuario del mismo, a quien se minimizaba su intervención directa, salvo en algunas Comisiones o Consejos de asesoría, quienes ocasionalmente planteaban propuestas legislativas, y que en definitiva, se convirtieron en actores acostumbrados a ejercer indirectamente su participación a través de sus representantes oficiales. Su presencia como órganos contralores en la ejecución de obras o en la prestación de servicios públicos resultaba exigua.

Podemos afirmar que una premisa básica de los valores y actitudes democráticas es la participación voluntaria de los miembros de una población. Ahora bien, como unidad de análisis la participación se presentan de diversas formas, participación social, participación comunitaria, participación política y la participación ciudadana.

A los efectos de este artículo interesa profundizar el concepto de participación ciudadana. De acuerdo al planteamiento de Jessop y Stoker, la corriente llamada Buen Gobierno, refiere a la participación ciudadana como la actividad que busca la eficiencia del gobierno a través de la incorporación de la sociedad en las tareas del Estado, debido a que la participación es analizada como una condición de ejecución de la actuación del Estado, es decir, a través de la participación el Estado busca ser más eficaz en su actuación (Bracho, 2001).

Es así como, se identifican los elementos, la función y la importancia de la participación ciudadana en los sistemas políticos democráticos, a que la misma se considera “el derecho de la comunidad, individualmente considerada u organizada a través de las diferentes formas asociativas legalmente reconocidas, para formar parte, como portadora de intereses sociales, en el ejercicio del poder público; manifestada a través de su intervención en la conformación de sus órganos, en la ejecución de las tareas que constituyen sus cometidos públicos y, en su evaluación y control (Álvarez, 2000:29).

Ahora bien, la presente investigación asumirá que la participación ciudadana, es aquella dirigida a promover y crear nuevos mecanismos para que la administración conozca mejor las actividades de sus administrados, obtenga la colaboración de éstos en la ejecución de algunas tareas o bien directamente para que se sustituya

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